El Fiscal Montealegre aclaró en estos días que las fuerzas armadas están autorizadas para desarrollar actividades de guerra siguiendo las regulaciones que señala el Derecho Internacional Humanitario para conflictos armados de carácter no internacional. Y de esas directrices los medios de comunicación destacan en titulares que “la fiscalía colombiana autoriza bombardear a las bandas criminales”. El Ministro de Defensa por su parte se declara satisfecho y otros afirman que no solo se arreciarán bombardeos contra el clán Úsuga, el EPL post Megateo y el ERPAC, sino contra todos los que califiquen como Bacrim o contra el ELN. “Por fin comenzó la guerra en serio a los paramilitares” sentenció un entusiasta de los acuerdos de La Habana.
Todas esas conclusiones se desprenden de la directriz 03 divulgada por la Fiscalía el 15 de diciembre, “por medio de la cual se establecen pautas para la persecución penal de los crímenes de guerra en el territorio nacional”. El mensaje central es que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones destructivas y de muerte en contra de objetivos considerados legítimos en el DIH utilizando armas de guerra en los límites establecidos por el Protocolo II sobre conflictos armados internos y el Artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra. Se permiten todas las acciones legítimas en medio del conflicto armado interno y en consecuencia están excluidas de cualquier acción penal desde 1977, cuando se aprobó ese protocolo por la comunidad de naciones.
OTROS GRUPOS ARMADOS QUE NO SON DISIDENTES
Las mismas restricciones que tiene el Estado pueden reclamarse a los actores del conflicto armado calificados por el Protocolo II como “fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.
Según las normas internacionales aplicables se aceptan como blancos legítimos los combatientes y sus medios de acción armada, campamentos, cuarteles, unidades móviles, armamento y depósitos de logística de guerra. Y se excluye el uso de armas de destrucción masiva o que por su uso pueda ponerse en riesgo a no combatientes; se prohíbe entre otros en daño a la población, bienes civiles, sanitarios, culturales, religiosos o infraestructura de energía, agua o alimentos.
Es un avance que el Estado, hoy en un documento de la Fiscalía, acepte el ámbito de aplicación y las prohibiciones que impone el DIH a las FF.AA. En 1998 le solicité a la oficina de Ginebra que monitorea el cumplimiento de los protocolos una aclaración sobre la caracterización de los paramilitares y de grupos como las AUC y, como consta en documento publicado entonces por INDEPAZ y el Mandato por la Paz, el Señor Kalchoffen como vocero autorizado aclaró que esos grupos podían caber en la expresión “grupos armados organizados” que son parte del conflicto armado interno sin que por ello puedan ser calificados de disidentes, rebeldes o insurgentes o de carácter político. Grupos como la autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidas como Urabeños, o Clan Úsuga, caben en esa denominación sin que por ello dejen de ser bandas de delincuencia común o narcoparamilitares.
¿BOMBARDEAR ES LA SOLUCIÓN?
La autorización para matar a los actores de un conflicto armado y destruir sus estructuras y maquinarias de guerra, hoy reactualizada por el Fiscal, no quiere decir que dedicarse a bombardear al Clan Úsuga se pueda hacer de cualquier manera ni que sea la solución adecuada o la primera estrategia.
Hay que decir que es un avance que el gobierno y las Fuerzas Armadas se decidan a involucrarse en la lucha en contra de los narcoparamilitares, llamados oficialmente Bacrim. Y tenemos que agregar que afortunadamente hay varias señales de que al acercarse la firma de los acuerdos de paz el gobierno está buscando nuevas estrategias para desarticular esas estructuras que han encontrado amplio margen para reproducirse ante los ojos de las autoridades y la complicidad de agentes del Estado y de la Fuerza Pública. Pero pretender que la gran estrategia son los bombardeos puede llevar a mucho ruido y poca efectividad. El macabro espectáculo de las listas de cabecillas considerados objetivos de alto valor condenados a muerte para los próximos días es la negación de los valores humanos que se quieren para la nueva época de paz y la ética democrática que debe promoverse.
Esos bombardeos han sido realizados en el pasado con artefactos de gran impacto en los blancos escogidos y en su entorno. Muchas veces son incontrolados los llamados efectos colaterales y nunca se ha discutido y aclarado que no es legítimo ordenar una acción de guerra de aniquilamiento total de un campamento o cuartel donde duermen combatientes o delincuentes de un “grupo armado irregular” que interviene en el conflicto interno. Tampoco se aclaró lo propio para rechazar actos de perfidia o de destrucción masiva en acciones de las guerrillas.
Sería más coherente con el momento de tránsito a la paz, a una nueva era de nuestra historia, que se dejará atrás la euforia de la guerra y de sus armas de destrucción inhumana. Y se reconociera que antes de llegar a las órdenes de matar enemigos hay estrategias tal vez más efectivas. En ese combate a los narcoparamilitares y Bacrim debería reconocerse que los blancos principales son sus negocios, sus bienes mal habidos, sus alianzas y sus estructuras económicas y políticas de reproducción. Allí es donde les duele pues es de su esencia el enriquecimiento personal.
La orden presidencial debería ser llevar la contabilidad pública de los laboratorios de cocaína destruidos, las cuentas bancarias identificadas y confiscadas, los bienes de orígenes ilícitos incautados, los contratos corruptos anulados, la efectividad al control del macrocontrabando de todo tipo que sigue en las fronteras y en medio de las grandes exportaciones aparentemente legales. Las autoridades deberían llevar la cuenta pública diaria de las dragas y retroescabadoras ilegales destruidas o decomisadas, del número de agentes del Estado destituidos y procesados por complicidad con los narcoparamilitares, de la incautación de remesas de dólares del narcotráfico y del tráfico ilegal. Y después de todo eso o al mismo tiempo, el desmantelamiento de las unidades armadas de esos grupos y la detención de sus cabecillas. Esa baraja de jefes a matar nos recuerda las cartas de las guerras impuestas en Irak y Afganistán, tan queridas en las operaciones encubiertas de escuadrones que andan por el mundo con licencia para ejecutar en nombre de las nuevas guerras. Son las cartas del otro terror pero no deberían ser las de estos tiempos en Colombia.
PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS
No se le puede pedir al Fiscal que en sus directrices sobre asuntos penales en el ámbito del DIH se meta en temas que no son de su competencia. Eso sería como felicitarlo por sus incursiones algunas veces atinadas en lo divino y lo humano. Pero su directriz 03 sirve de ocasión para que se haga un debate público sobre las políticas que se necesitan en estos días para que la paz no choque con una fase de expansión de los urabeños y otros similares en los territorios en donde las FARC han tenido presencia y dejaran de ser un factor armado. Más allá de eso están también las regiones del Caribe y el oriente por donde deambulan los narcoparas en sus andanzas.
En uno y otro lado la llamada paz territorial y la respuesta al fenómeno narcoparamilitar deberá comenzar por atender a la población en sus necesidades de bienes públicos y en sus economías. Por eso en lugar de pensar tanto en que bombardear es la solución debería escucharse a quienes piden respuestas complejas a problemas que son multivariables.
En esta línea se han propuesto medidas de urgencia que podrían ser asumidas como preparación de la implementación de los acuerdos de paz y contar con formas de cooperación en terreno, antes de la firma del pacto final y desde su fase inicial de aplicación. Esas medidas comprenden estrategias socioeconómicas, de coordinación institucional, de seguridad, represivas, de alcance regional, nacional e internacional. Sin descartar iniciativas de conversaciones para el sometimiento a la justicia.
En todo caso, si no se piensa en ofrecer alternativas a la gente que está atrapada en los territorios de los negocios mafiosos y del narcotráfico, después de los bombardeos seguirá un espiral perverso de violencias en esa lógica que lleva ya medio siglo en Colombia y que permite que a capo muerto lo reemplazan tres capitos y así sucesivamente sin que se arregle el asunto. Ya es hora de que los determinadores de políticas se pongan serios en esta tarea y que no cobre fuerza la fragmentación de estrategias que puede llevar a que la gente siga en lo mismo, pobre y en medio de violencias.
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