Cinco años de acuerdos de paz, transición a la paz o recomposición de violencias

Por Camilo Gonzalez Posso

A los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC EP se multiplican los balances y la controversia sobre los balances de la implementación de ese acuerdo. Hay preguntas para todos los gustos, unas de sentido histórico intentan establecer si en Colombia definitivamente terminó el ciclo de guerras iniciado en 1948 y si con los acuerdos de 2019 se entró en una fase de transición irreversible hacia el fin de los conflictos armados por el poder político en Colombia. También figuran los interrogantes sobre el avance en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto valorado en términos globales y en cada uno de sus puntos. Y, entre otros, también están las consideraciones sobre la dinámica hacia esa paz estable y duradera que supone nuevos pactos y transformaciones que hagan posible decir adiós a las armas en la política y como parte de la producción y disputa de poderes.

Sobre esas tres dimensiones hago algunas consideraciones con la pretensión de contribuir a las reflexiones actuales sobre la guerra y la paz en Colombia. Y en realidad con el ánimo de encontrar otras ideas en el diálogo con cercanos, menos cercanos y contrarios.

En la primera dimensión, que invita a ver el largo plazo, insisto en la tesis del fin de la guerra, o si se prefiere, de la transición al postconflicto y paso a una etapa de conflictos desarmados,  en virtud de los procesos sintetizados y desencadenados con la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, AFP. (EP, 2016).

En segundo lugar sugiero que no obstante la debilidad del consenso sobre el AFP dentro de las élites del  régimen, a pesar de la precaria implementación de ese acuerdo en el primer quinquenio de existencia, la solución negociada a los conflictos armados en Colombia sigue vigente, ha tomado fuerza como programa de diversas expresiones democráticas y cuenta con reservas nacionales e internacionales para recomponerse y ser factor de cambio en las próximas décadas.

Señalo igualmente que la implementación del AFP ha tenido avances parciales muy por debajo de lo necesario y ha estado sometido a recortes y renegociaciones que los han llevado a un punto de crisis con riesgo de desmonte de los componentes reformistas y transicionales. A corto plazo, en el próximo cuatrienio la alternativa es o reafirmación y aceleración de la implementación integral o crisis por suplantación y perfidia.

La tendencia actual indica que la mayor probabilidad a mediano plazo, no es el retorno a la guerra por el poder sino el tránsito al postconflicto y el paso a otra etapa en la cual se tendrá un reordenamiento que puede ser democrático reformista o de crisis crónica con recomposición del régimen actual que daría cabida a nuevas violencias, al predominio de lógicas mafiosas y a nuevos autoritarismos.

Esto significa que probablemente entre 2016 y 2032, durante otros tres periodos de gobierno, Colombia atravesará un fase de transición traumática, con inercia de viejos conflictos y surgimiento de otros, en una dinámica de cierre del ciclo de guerras del siglo XX y en particular las que estuvieron marcadas por la confrontación insurgencia -contrainsurgencia, pero con riesgo de nuevas violencias organizadas sobre todo con propósitos mafiosos y de proyectos autoritarios.

El fin de las guerras y la difícil transición a una etapa de conflictos desarmados

Colombia ha vivido ciclos de guerras y conflictos armados desde mediados del Siglo XX hasta las primeras décadas de este siglo. El último ciclo, que resurge sobre los rescoldos del que terminó entre 1958 y 1964, se prolongó por casi siete décadas y parece que comenzó a cerrarse con las negociaciones de paz y firma el 24 de noviembre de 2016 del acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC EP.

Con el pacto del Frente Nacional aprobado en el plebiscito de 1957 se puso fin a la guerra iniciada en 1948 con el establecimiento de una dictadura cívico militar que se propuso aniquilar el levantamiento popular del liberalismo gaitanista que amenazaba al poder de la oligarquía liberal – conservadora, como la denominó Jorge Eliecer Gaitán. Con el Frente Nacional (1958 -1974) y su prolongación de hecho hasta la Constitución de 1991,  se reestableció la alianza bipartidista liberal – conservadora con monopolio del poder del Estado a todos los niveles.

El Frente Nacional redujo radicalmente la violencia armada ejercida por una década pero al mismo tiempo se erigió un régimen cívico militar excluyente que ilegalizó a toda expresión política de oposición y consideró subversiva cualquier manifestación de protesta.

El triunfo de la revolución cubana en enero de 1959 y su impacto en la rebeldía latinoamericana llevó al Frente Nacional a un rápido alineamiento con los discursos de la guerra fría. Aún antes de que aparecieran las guerrillas de las FARC, ELN en 1964, del  EPL en 1967 las doctrinas de la guerra fría llamaron a destruir como aliados del comunismo a los movimientos sociales urbanos y a las asociaciones agrarias reformistas. Y con la irrupción de las guerrillas con sus proyectos de toma del poder por las armas, el régimen cívico militar se convirtió en Estado de Guerra permanente. Los Estados de Excepción se convirtieron en norma y el Estado de Sitio en reino de la arbitrariedad.  

A pesar de los pactos de paz de 1990 y 1991, con el M 19, EPL, Quintín Lame, PRT,  y de la adopción de una nueva Constitución Política, lo que se impuso en la última década del siglo XX y primeras del nuevo siglo fue la escalada de guerras de mayor impacto y atrocidad en la historia republicana. Entre 1992 y 2016 Colombia vivió en guerra civil, ascendente hasta 2006 y en decrecimiento de su intensidad a partir de la desmovilización de 30.000 paramilitares en 2005 y 2006. Con el avance de las negociaciones de paz en 2014 se desescaló la confrontación armada y llegó a su punto mínimo con el pacto de noviembre de 2016 y la consiguiente dejación de armas de las FARC EP en mayo de 2017.

Con el desmonte de las FARC EP en 2017 el nivel de confrontación directa con las fuerzas del Estado disminuyó radicalmente en comparación con la situación en el cuatrienio 2010 – 2014. Los datos del ministerio de defensa de Colombia muestran la caída de los ataque subversivos desde 143 en 2014 a 16 en 2017 que corresponden a acciones del ELN y otros.(Defensa, 2021).  Estas cifras y otras sobre enfrentamientos, hostilidades, atentados, indican que las FARC EP significaba más de 80% de la capacidad militar de las guerrillas con presencia recurrente en 380 municipios e impacto nacional.

En este texto sigo las definiciones del Departamento de investigaciones sobre guerras de la Universidad de Uppsala (Universite, 2021) y tomo como indicador trazador el número de homicidios en medio o en ocasión del conflicto armado y como indicadores significativos las cifras sobre agresiones a la población civil y eventos bélicos o de hostilidades.

La definición de guerra incluye la cifra de 1000 o más muertes al año en el conflicto armado y por debajo de esa cifra se trata de guerra de menor intensidad. Es una escala muy amplia pero en el caso colombiano puede servir para mostrar, leyendo la tabla de homicidios de civiles en el conflicto armado, el cambio de una situación de guerra que se dio entre 1985 y 2012 a conflicto de baja intensidad entre 2013 y 2018  a situaciones subregionales de confrontación armada menor (conflictos armados focalizados) en los últimos 3 años de 2019 a 2021.  (sigue… descargar pdf arriba)

 

Camilo Gonzalez Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Magister en Economía, Ingeniero Químico. Profesor en varias universidades entre 1968 y 1994, Ministro de Salud de la República de Colombia (1990 – 1992). Consultor del Ministro de Trabajo (2000 – 2002). Director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.