INDEPAZ ha hecho un seguimiento sobre la presencia de grupos paramilitares o narcoparamilitares en Colombia desde el año 2006. Hasta la fecha se han publicado ocho Informes con registros anuales y uno con avances semestrales. El objetivo de la investigación ha sido ofrecer a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos mapas sobre la evolución del paramilitarismo después de las desmovilizaciones en 2005 y 2006 y evaluar su incidencia en el conflicto armado y en el panorama de riesgos de violaciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo se ha buscado fortalecer el diálogo con las entidades encargadas de la protección de los derechos de la población frente a la actuación de estructuras ilegales en los territorios.

Ver XI informe sobre el narcoparamilitarismo

7.12. XI INFORME BN Descripción y mapas de PRESENCIA DE GRUPOS NARCOPARAMILITARES 2014

En esta ocasión el XI Informe sobre narcoparamilitarismo pretende aportar elementos para la evaluación de este fenómeno en un periodo de transición en el cual se marcha a la firma de acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno y se anuncia el pronto inicio de conversaciones con el ELN para ir hacia un acuerdo definitivo de paz.

La evaluación de la situación del paramilitarismo se convierte en un asunto urgente para los acuerdos de paz y para la inminente fase de implementación. Las preguntas orientadoras cambian de sentido pues el foco de atención se dirige ahora a la garantía de derechos fundamentales, políticos y sociales para las comunidades y las personas en las regiones afectadas por la acción de un complejo que para mayor precisión llamamos narcoparamilitarismo e incluye estructuras y dinámicas militares, económicas y políticas.

Desde los primeros informes de seguimiento a la desmovilización paramilitar y al monitoreo realizado por la MAP OEA, INDEPAZ propuso distinguir categorías de análisis: paramilitares, paranarcomilitares y narcoparamilitarismo. La definición clásica de paramilitar se refiere a estructuras conformadas como auxiliares de las Fuerzas Armadas en acciones contrainsurgentes o de seguridad. En Colombia han existido bajo esa modalidad desde la mitad del siglo pasado y han adoptado diversas formas según periodos y estrategias de seguridad nacional o contrainsurgente.

Mediante leyes y otras normas se ha autorizado la formación de grupos de civiles armados o equipados con elementos de uso privativo de la fuerza pública para que apoyen las funciones de orden del Estado. Han sido conocidas como guerrillas blancas, pájaros, grupos ciudadanos armados, red de informantes. Las Convivir han sido las formas más recientes de este paramilitarismo.

Buena parte de esas estructuras, desde hace cuatro décadas, han entrado en alianzas con financiadores y aliados legales e ilegales y se han expandido cuando se integran con grupos de narcotraficantes. De paramilitares mutan rápidamente en paranarcomilitares y se confunden con los narcoparamilitares.

Los narcoparamilitares han tenido su origen en grupos narcotraficantes que desde los años setenta y con el gran auge de los carteles formaron grandes estructuras armadas y núcleos de sicarios para proteger sus negocios, incluidos mercados, laboratorios, rutas, embarques, lavado de activos y negocios asociados.

Rápidamente entraron en alianza con agentes del Estado y convergieron con unidades de las Fuerzas Armadas o de Policía en el control de territorios y en la acción contrainsurgente. Las Convivir durante su vigencia y el copamiento de instituciones en las regiones e incluso de orden nacional han sido esenciales a la evolución de los narcoparamilitares y su interrelación con paramilitares clásicos.

Con la expresión narcoparamilitarismo se ha querido abarcar tanto las estructuras armadas o sicariales de protección e impulso a los negocios ilícitos y con violencia, como a sus ramificaciones y alianzas que involucran a agentes e instituciones del Estado, políticos y empresas en las regiones o ámbitos de su incidencia.

Desde la formación de la MAP OEA en 2005 y las audiencias de seguimiento al proceso de acuerdos entre el gobierno y los grupos paramilitares o narcoparamilitares (2006 a 2008), INDEPAZ como muchas otras organizaciones insistió en la necesidad de considerar el conjunto de estructuras, ramificaciones y alianzas de ese complejo de modo que no se limitara a sus grupos armados. La parapolítica y la paraeconomía se identificaron como la más inmediata relación pero en la esfera exterior a ese núcleo se han encontrado siempre alianzas de negocios y de poder que le dan sentido al narcoparamilitarismo.

En los informes realizados durante nueve años se ha procurado analizar las mutaciones del narcoparamilitarismo en su carácter o en sus interrelaciones. Algunos analistas, como los investigadores de ARCO IRIS, hicieron la distinción entre paramilitares hasta el 2006 y neoparamilitares con posterioridad a la desmovilización de los grandes grupos de las AUC, Bloque Central Bolívar y otros que llegaron a acuerdos con el gobierno entre 2004 y 2006.

Con esa denominación han buscado caracterizar una nueva fase o generación de esos grupos y su viraje actual. La Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los derechos humanos, la MAP OEA y otras organizaciones como HRW han preferido hablar de grupos post desmovilización de los paramilitares.

Para INDEPAZ con posterioridad a las desmovilizaciones pactadas durante la administración de Uribe Vélez, se han reestructurado nuevos grupos narcoparamilitares y han acentuado su carácter de aparatos armados de un complejo violento y mafioso vinculado al narcotráfico, a negocios con violencia y control de poderes territoriales para apropiarse de recursos del Estado. En esta línea de análisis el mapa de grupos armados narcoparamilitares debe leerse en su relación con el mapa de la parapolítica en su versión actual y con el mapa de negocios con violencia en los territorios en los cuales operan.

Características del narcoparamilitarismo

• Los grupos armados narcoparamilitares son una amenaza para la paz. En 2014 y 2015 han realizado hechos violentos en la tercera parte de los municipios del país.
• Hay cuatro estructuras armadas mayores y otras en proceso de reestructuración.
• Los narcoparamilitares y sus aliados imponen dictaduras locales contra la población y la democracia.
• Sus rutas de movilidad coinciden con  zonas de cultivos de uso ilícito, rutas del narcotráfico, minería ilegal y negocios legales con violencia.
• Se reproducen con la parapolítica, la captación de rentas del Estado, la corrupción en gobiernos cooptados o infiltrados por las mafias.
• Su fortaleza depende de alianzas, complicidades, omisiones y corrupción al interior de la fuerza pública.
• Los territorios del narcoparamilitarismo se traslapan o tienen conexiones con territorios tradicionales y actuales de movilidad de las FARC y el ELN. Han existido relaciones de negocios entre las  economías ilegales de los insurgentes y los narcoparamilitares,  en contextos de disputa territorial armada.
• En muchas  regiones las estructuras narcoparamilitares y parapolíticas coinciden con zonas estratégicas de recursos naturales y macroproyectos (paraeconomía).
• La territorialidad en disputa es urbana y rural. En la ruralidad impacta gravemente zonas de poblaciones indígenas, afrodescendientes y de economía campesina.
• La tregua y la transición al post acuerdo de paz es un escenario de recomposición territorial con potencial expansión del narcoparamilitarismo.
• Se entra en una fase de alto riesgo para las comunidades en las zonas cocaleras, mineras, en puertos, zonas de frontera  y en los territorios y rutas en disputa.

Conclusiones

La conclusión central es que para la transición y el post acuerdo se necesita un Plan de urgencia integral de acción en contra del narcoparamilitarismo.

En aspectos centrales ese Plan de urgencia debe ser asumido como preparación de la implementación de los acuerdos de paz y contar con formas de cooperación en terreno antes de la firma del pacto final y desde su fase inicial de aplicación.

Ese Plan debe comprender estrategias socioeconómicas, jurídicas, de coordinación institucional, de seguridad, represivas, de alcance regional, nacional e internacional.

La territorialidad del Plan de urgencia articula subregiones de atención inmediata y regiones estratégicas.