Camilo González Posso

Presidente de Indepaz

La primera respuesta del gobierno, en comunicado leído en Cali este 12 de octubre por Alicia Arango, ministra del Interior, señala que la Minga que ya moviliza a varios miles de personas, no es reivindicativa sino política. También han dicho los ministros enviados a conversar con los líderes y lideresas sociales que han llegado desde el Cauca, Huila, Caldas y Nariño, que el gobierno ha invertido en estos dos años varios centenares de miles de pesos y que el presidente no puede ir a reuniones masivas que son contraproducentes en medio de la pandemia. Al margen del comunicado, por todos los medios los voceros del presidente y los mandos militares han salido a decir que esa Minga está infiltrada por el ELN y por grupos ilegales residuales que hablan por radio de mandar a algunas de sus fichas a la marcha de indígenas, campesinos, estudiantes y afrocolombianos.

Oh, que confusión, que caos. Según la ministra lo reivindicativo no es político y la política ni reivindica ni puede ser parte de una movilización social. Ni Colón descubrió tanto. Como lo han dicho los voceros de la Minga en sus comunicados, esta movilización es parte de la Minga que quedó en suspenso en 2019 cuando el presidente fue a Caldono pero dijo que no se sentía seguro hablando ante una Asamblea controlada por la Guardia Indígena y vigilada e infiltrada por la Fuerza Pública. Son los mismos temas de política pública que están en la agenda de esa movilización y que un año después no solo están sin respuesta, sino que se han agravado. Ayer Iván Duque decía que no se sentía seguro y hoy dice que no se siente bioseguro. ¡!Muy ingenioso si es!!

Cuando la delegación del gobierno se negaba a hablar de política y políticas, a esa misma hora estaban asesinando a otro líder social y a su esposa, a pocos kilómetros de distancia en territorio indígena de Cerro Tijeras. Un año después del intento fallido en Caloto se han sumado 200 lideres/as sociales asesinados en el suroccidente; 40% del total de líderes y personas asesinadas desde la firma del Acuerdo Final de Paz. En el Suroccidente se ha perpetrado el 33% de las masacres realizadas por grupos armados narcoparamilitares, mafiosos y residuales. (ver https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/ ).

El presidente Duque ha anunciado en Suroccidente planes e inversiones y sus delegados tienen una lista de 235 paginas de proyectos a la que hay que incluir aumento de Fuerza Pública para llegar a más de 20.000 efectivos de las Fuerzas Militares entre el Sur del Valle, Cauca y Nariño. Los resultados en prevención, protección y calidad de vida son desastrosos si se tiene en cuenta que ese despliegue militar ha ido paralelo con la reorganización de grupos armados perpetradores de crímenes de lesa humanidad en toda la región.

Parece que el gobierno no quiere dejar en evidencia que no tiene explicación sobre la incapacidad del Estado para ejecutar políticas que contengan la violencia homicida en contra de las comunidades y de la paz en estos territorios. La Minga sostiene que la principal causa de la persistencia de los asesinatos es la omisión del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz  y que es consecuencia de la aplicación de estrategias equivocadas de seguridad que han permitido la multiplicación de grupos y mini grupos armados asociados a las mafias y a agentes del estado cómplices y corruptos.

Dos años de gobierno, cuatro desde la firma del acuerdo de paz de La Habana, y ni siquiera se ha formulado la política de desmantelamiento del paramilitarismo y de las redes económicas y políticas que lo constituyen y lo dirigen como complejo macrocriminal. El presidente Duque, sus ministros, su partido de gobierno y demás seguidores de la neo política de seguridad y defensa, solo quieren hablar de la responsabilidad del anterior gobierno en el fortalecimiento del narcotráfico y sus violencias. Ya comenzó la otra campaña electoral y no han salido de la anterior. Por eso se niega el debate a una política de guerra que pretende presentarse como la nueva estrategia de seguridad democrática.

Tiene razón la Minga cuando dice que más que proponer pequeñas o grandes partidas de inversión, quiere hablar de la llamada política de desarrollo y del modelo socioeconómico que se quiere imponer con ocupación militar de territorio, muchas veces cómplice con las mafias y el narcotráfico que dicen combatir. Lo que han señalado la vocería de la Minga étnica y popular es que la esencia del modelo de seguridad es controlar territorios, consolidarlos militarmente para que puedan llegar los macroproyectos minero energéticos, agroindustriales, de multinacionales y de los grandes cacaos nacionales; muestran por experiencia propia que a ese modelo le estorba la propiedad colectiva étnica y las economías campesinas solidarias; lo que le interesa es el territorio y sus recursos para empresas intensivas en capital y tecnología.  

Las dinámicas de violencia de los grupos armados paramilitares, narcoparamilitares y mafiosos son sólo instrumentos de hecho al servicio de ese modelo de ocupación que tiene viejos y nuevos aliados. Las guerras contra el narcotráfico han terminado en guerras contra la población y, hay que agregar que la guerra insurgente también se ha mostrado funcional a la guerra por territorios para megaproyectos.  

En esa estrategia de productividad y crecimiento la gente sobra; las economías comunitarias les resultan un lastre; la consulta y el consentimiento les incomodan también en su objetivo de cambiar los sujetos que hacen el usufructo efectivo del territorio; las organizaciones sociales o son acusadas de infiltradas por delincuentes, de instrumentos del narcoterrorismo o son desconocidas.

La persistencia de la guerra, llámese ahora guerra contra el narcotráfico y los GAO, o nueva política de seguridad y defensa, se ha reforzado en tiempos de pandemia, conectándose con la militarización en la respuesta a la protesta social y a los movimientos reivindicativos. Las consideraciones de la Minga sobre el escalamiento del autoritarismo del régimen no son elucubraciones ideológicas pues los desmanes de la Fuerza Pública en el control del orden público son parte de un viraje al desconocimiento del propio Estado Social de Derecho.

El partido de gobierno acompañado por el propio presidente de la República se encuentra en campaña para subvertir los mandatos constitucionales: maniobran contra las Cortes acusándolas de mafiosas, promueven el desacato, llaman a destruir la Jurisdicción Especial para la Paz y a desmontar los Acuerdos de Paz de 2016. La Minga está alertando sobre la configuración de un sistema totalitario que asfixia la democracia en Colombia; como prueba denuncia las decenas de decretos aprobados en medio de la pandemia y que menoscaban la libertad y derechos fundamentales, étnicos, económicos, sociales y ambientales.

El Consejero de Paz ha dicho que como se trata de temas políticos el gobierno no dialoga sobre ellos con la Minga y les dice que la única institución de deliberación y decisiones políticas que existe en Colombia es el Congreso de la República. ¿Eso se llama Constitución 1 de la Sergio Arboleda o hacerse el bobo para despistar?

La agenda que está promoviendo la Minga es sobre lo esencial para la vida social y democrática en Colombia y en sus territorios. Vida, democracia y paz es lo que consideran fundamental para poder dar respuesta a las demandas de autonomía, soberanías, territorio, implementación integral de los acuerdos y rutas para una paz más completa. Como recordaba un comunero “sin letra grande no hay letra chiquita”. (Aristóteles, Platón, Hobbes … hasta Bobbio, se los dejamos a las citas de google y a las cartas desde El Uberrimo)

Bogotá D.C. 13 de octubre de 2020.