Atacar bienes civiles de uso público es sin duda un acto terrorista de daño indiscriminado. La población que se queda sin luz o sin transporte, en su mayoría no sabe de derecho internacional humanitario y de la definición de los bienes civiles como bienes protegidos; tampoco sabe que en las confrontaciones armadas está prohibido por códigos éticos atacar fuentes de energía o atentar contra objetivos que no sean militares. Pero lo que si sabe y siente la gente es que con esos atentados los están agrediendo y están usando el daño a civiles como una marrulla para generar zozobra y miedo como instrumento para hacerse sentir y mostrar que el Estado es vulnerable.