El Punto 4 del Acuerdo Final de Paz firmado en noviembre de 2016 entre Gobierno Nacional y FARC-EP, se crearon las bases para lo que se adoptó el 27 de enero del presente año como Plan de Atención Inmediata –PAI-, el cual le permite a los cultivadores ser beneficiarios de apoyos económicos3 por parte del Estado a cambio de eliminar sus cultivos y con ellos poder enfrentar un periodo de emergencia post erradicación voluntaria.
A la luz de la puesta en marcha del PAI, el cual es un componente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, en el país se iniciaron reuniones con las comunidades campesinas cultivadoras de hoja de coca, con el fin de socializar para luego proceder entre las comunidades y gobierno a la construcción de los acuerdos colectivos municipales o regionales de sustitución; y finalmente, aterrizar estos acuerdos colectivos a nivel de pactos familiares.
Sin embargo, la implementación del punto 4 ha chocado en las regiones con la política represiva del gobierno de la erradicación forzada. Las comunidades que con el gobierno nacional han llegado a firma de acuerdos de sustitución, pocos días después han sido objetivo de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, en situaciones que han dejado fuertes enfrentamientos con las comunidades dejando campesinos y miembros de la Fuerza Pública heridos y muertos. En los primeros seis meses del año el OCCDI-INDEPAZ ha registrado 107 acciones de erradicación forzada donde se han presentado vulneraciones a los derechos humanos en medio de enfrentamientos de la Fuerza Pública con las comunidades.
