El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– presenta su XII Informe de seguimiento a la presencia de los grupos narcoparamilitares, actividad que viene realizando
desde 2006.

2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, junto con el inicio del cese al fuego bilateral definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia.
Sin embargo, en contradicción con los estos dos eventos, 2016 fue un año con incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y que avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana.

Ahora bien, sobre el tratamiento a las estructuras narcoparamilitares por parte de las instituciones, el Ministerio de Defensa reconfiguró los lineamientos para enfrentarlas. En primer
lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). En una directiva ministerial, las
nuevas GAO se clasifican así:

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.
Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.
Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fi n específi co y en un lugar determinado.

Dentro de esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en años pasados que de ninguna
manera indica que ya no actúen en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.