Acceso a tierras de las mujeres rurales en Colombia desde la década de los ochentas.

por

Valeria Quintana R

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La búsqueda de la justicia económica y cultural de Nancy Fraser

  1. Introducción

La feminista socialista Nancy Fraser ofrece un marco teórico que resulta útil a la hora de realizar un diagnóstico local de los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres rurales en Colombia desde los años ochenta a partir de tres sujetos: i.) las mujeres campesinas, ii) las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad y iii.) mujeres víctimas del conflicto armado. Se evidencian diversos giros argumentativos en los reclamos redistributivos de las mujeres rurales relacionados a la construcción de identidades sociales. Se trata de un vínculo recíproco en el que mutuamente las identidades y sus reclamos forman puentes interpretativos. Existen diálogos entre actores sociales e institucionales que hacen de la representación procesos transformativos y cambiantes que guardan igualmente intereses materiales como el acceso a la tierra. Para mostrar esto, entonces, el texto contiene: i.) un marco teórico que expone la propuesta de Nancy Fraser como un modelo para abordar las injusticia sociales que promueve remedios transformativos, y ii.) el desarrollo argumentativo, tanto en el campo representativo y distributivo, de los tres sujetos introducidos arriba y su búsqueda por el acceso a la tierra.

  1. Desmitificación de los esfuerzos comunes en la  búsqueda de la justicia económica y cultural.

Desde la caída del muro de Berlín y la deslegitimización de la agenda política socialista de la Unión Soviética, se han presentado giros argumentativos en la teorización de la eliminación de las injusticias sociales a nivel global, en los cuales los temas de representación han cobrado mayor resonancia. Esto ha puesto en el epicentro de la discusión la resignificación de las diferencias culturales de grupos históricamente marginalizados. Mientras que, se le ha restado atención a la búsqueda de redistribución de recursos materiales con la que se podría alcanzar mayores niveles de igualdad material o económica de las clases obreras o trabajadoras.

Existe gran escepticismo frente a los postulados brindados por el socialismo en un ámbito de política internacional en el que prevalece la agenda liberal promocionada por Estados Unidos. Esto ha contribuido a que las izquierdas progresistas –de diversos contextos incluyendo la colombiana- tengan menos herramientas interpretativas y argumentativas para plasmar remedios distributivos. No se han formado consensos de qué lineamientos comunes podrán reemplazar la “utopía” del bloque comunista que unificó las agendas políticas de quienes buscaban justicia social alrededor del mundo durante el siglo XX. Igualmente, las Democracias de Bienestar han optado por mantener sistemas económicos capitalistas-liberales que no promueven los cambios estructurales necesarios para cumplir con las exigencias redistributivas de sociedades donde las desigualdades parecen ir en aumento.

La feminista socialista Nancy Fraser, entonces, ha identificado que desde el final de los años noventa la búsqueda de justicia social ha convivido con un falso-dilema entre el reconocimiento y la redistribución. Se presentan dificultades a la ahora de desarrollar los marcos interpretativos para formular y ejecutar políticas articuladas que puedan, simultáneamente, garantizar la protección de los derechos culturales de grupos sociales -caracterizados por su especificidad- y la búsqueda de una mayor igualdad material al interior de sociedades democráticas de -carácter homogeneizante o universalista-. En otras palabras, prevalece una dicotomía entre las búsquedas de justicia cultural y justicia económica/material que impide articular propuestas que incluyan remedios culturales y distributivos simultáneamente. Así, las minorías han descentralizado sus luchas e intereses, por lo que es un reto buscar objetivos comunes u homogeneizantes como la eliminación de la discriminación, la redistribución de ingresos o recursos, y de oportunidades sociales.

Esta falsa anti-tesis es el resultado del hecho de que la academia contemporánea se ha enfocado en comprender los síntomas de nuestra época sin formular un análisis crítico de la misma, lo que limita la configuración de remedios que traigan transformaciones reales (Fraser, 1997) . En este sentido, para proponer soluciones viables a las injusticias sociales resulta primordial analizar la forma cómo se vienen construyendo las agendas progresistas en los correspondientes contextos. Una postura crítica implicaría una coalición entre ambos tipos de reclamos para así lograr una transformación de las identidades y la redistribución de recursos. Para Fraser entonces, debemos aspirar a un pensamiento integrado, comprensible, normativo y programático que marque el camino de los remedios a las injusticias sociales.

Tanto las injusticias socioeconómicas como las culturales son procesos y prácticas que sistemáticamente ponen en desventaja a ciertos grupos al interior de las sociedades democráticas. Por lo que ambas deben ser remediadas. Las injusticias socioeconómicas tienen un origen estructural, y se evidencian en prácticas como la explotación, la marginalización económica, y la privación (es decir, la negación de los estándares básicos de vida) (Fraser, 1997). Por otra parte, las injusticias culturales o simbólicas se originan en los patrones sociales de representación y pueden traducirse en dominaciones culturales (asociadas o) propias de una u otra cultura, hostilidades hacia ciertos grupos sociales por estereotipos negativos, hasta la falta de reconocimiento de la dignidad o falta de respeto de las personas (Fraser, 1997).

            Fraser, entonces, tiene la firme creencia que “las diferencias culturales sólo podrán ser libremente elaboradas y democratizadas mediante las bases de la equidad social” lo que la lleva a concluir que el mejor modelo para desarrollar un proyecto emancipatorio en contextos post-socialista es una “democracia radical” (1997, p. 186). Adicionalmente, la autora propone remedios/estrategias transformación las cuales se encuentra ligada a la deconstrucción, y pretende corregir las inequidades precisamente por medio de la reiteración de los marcos teóricos. El principal objetivo de estas medidas es desestabilizar las identidades de grupos para así, cambiar los sentidos que tienen las personas. Por ejemplo, políticas queer que atacan las dicotomías entre las orientaciones sexuales con el fin de desestabilizar las identidades fijas para después agruparlas. Este abordaje también plantea cambios en las estructuras socio-económicas y la adopción de los aspectos positivos del socialismo como la redistribución de recursos.

En palabras de Fraser,

Debemos encontrar una manera de combinar la lucha por un multiculturalismo antiesencialista con la lucha por la igualdad social. Solo entonces seremos capaces de desarrollar un modelo creíble de democracia radical y una política que sea adecuada para nuestro tiempo. Un grito de guerra prometedor para este proyecto que es “No hay reconocimiento sin redistribución” [Negrillas agregadas] (Fraser, 1997, p. 187).

  1. Reclamos del acceso a tierra de las mujeres rurales en Colombia.
  1. Los retos de aplicación de remedios transformadores en Colombia

Aunque la propuesta de Fraser es un marco interpretativo del Norte Global y por ende no es del todo aplicable al contexto local, puede arrojar conclusiones útiles a la hora de identificar los giros argumentativos que se han construido alrededor de los reclamos por justicia social en el país.  Vale la pena entonces, estudiar cómo los procesos de representación de identidades campesinas en la ruralidad colombiana no han buscado exclusivamente remediar las injusticias culturales. Así, se evidencia que estos procesos de identidad se encuentran ligados a la construcción de argumentos que soportan sus reclamos distributivos. Se trata de un vínculo recíproco en el que mutuamente las identidades y sus reclamos forman puentes interpretativos.  Existen diálogos entre actores sociales e institucionales que hacen de la representación procesos transformativos y cambiantes que guardan igualmente intereses materiales con el acceso a la tierra.

Entre las limitaciones conceptuales que se debe tener en cuenta está el hecho que para poder construir puentes entre la agenda “transformadora” y el contexto de las zonas rurales colombianas se debe tener en cuenta que la autora propone como solución a la injusticia social  una democracia radical en Estados Unidos. De acuerdo con esta, el sistema político que prevalece en dicho país a finales de los noventas[1] es un Estado de Bienestar Liberal, en una democracia participativa. Esto podría indicar que ella propone una solución adecuada a un sistema en el que hay una democracia con un aparato institucional fuerte en el que los remedios de distribución y representación podrían aplicarse más fácilmente que en otros Estados donde las condiciones son menos favorables[2].

Los intentos de distribución locales se encuentran ligados a un problema de conflictividad en la tierra, falta de formalización en sus relaciones jurídicas, e incluso retos para declarar y proteger zonas de relevancia medioambiental.  Los remedios distributivos, entonces, tienen que adaptarse a las necesidades de una sociedad en las que las relaciones con la tierra son heterogéneas y se encuentran ligadas a reclamos de identidades culturales como los grupos étnicos, indígenas, o incluso las mujeres del campo.

 Por ejemplo, ciertas comunidades afrocolombianas y palenqueros tienen relaciones colectivas con la tierra que no responden a las dinámicas de un contexto industrial capitalista sino a economías tradicionales y comunitarias. Similarmente, los pueblos indígenas tienen la propiedad colectiva sobre sus resguardos. Se trata de espacios con los que estas culturas han construido vínculos ancestrales, y que marcan su cosmovisión y su organización cultural, social y económica.

La importancia de los remedios distributivos son abordados por Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon en su texto “Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática” (2009). Al igual que Fraser, ellos proponen incluir en la reparación de las víctimas un componente no sólo de representación sino distributivo, y usan el desplazamiento forzado como ejemplo para referirse a los beneficios de esta estrategia. Así, lo interesante de las medidas distributivas se encuentran en el hecho que estas facilitan la formulación de proyectos de vida dignos de las víctimas del conflicto armado -que con frecuencia también son actores- y cambios sociales que fortalecen la democracia e impiden nuevos brotes de violencia (cumple el componente de la no repetición de la reparación). A través de la prestación adecuada de los servicios públicos como dinámicas de tierras más justas y formales se puede comenzar a reconocer los daños generados no solo por el conflicto armado, sino también la desigualdad acentuada en el tiempo por los intentos fallidos de reformas agrarias, una división sexual del trabajo en el campo, las tensiones entre los territorios étnicos y proyectos extractivistas, entre otros.

Igualmente, la representación cobra otra dimensión en escenarios de justicia transicional como en el colombiano, en donde la reparación de las víctimas incluye un componente de verdad necesario para pasar de un estado de guerra interna a un estado de paz. Según Doris Sommer, como consecuencia de las graves e incontables violaciones de Derechos Humanos en el marco del conflicto, las reparaciones materiales ofrecidas por el Estado serían insuficientes para garantizar las reparaciones de las víctimas. Por esto, se deben tomar medidas encaminadas a la reivindicación y construcción de una memoria histórica plural. Así, el conflicto armado ha traído injusticias tanto culturales como distributivas que aun cuando deben ser reparadas ponen en jaque la capacidad institucional si no hay políticas de Estado que traigan efectos generales no solo a las víctimas directas sino a la sociedad en general. 

            De acuerdo con Sommer, en Colombia los teóricos del Derecho han elegido adoptar posturas interdisciplinarias, que incluyen áreas del conocimiento como el arte y las humanidades, para tratar de construir e interpretar la legislación necesaria para la protección de los DDHH. Esto, porque se requieren de estrategias innovadoras para curar las heridas de un cuerpo político atrofiado por la violencia. Ella considera que en este contexto la reparación simbólica es un componente relevante para alcanzar el Wiedergutmachung. Este término alemán significa: “hacer que las cosas estén bien otra vez” (Sommer, 2015 p. 402).

La reparación simbólica ofrece herramientas para formar una cultura  cívica, destapar líneas de comunicación y filtrar aquellas heridas que de otra manera hubiesen podido explotar en otra ola de violencia. Estrategias ligadas a las búsquedas estéticas o expresiones artísticas, aunque políticamente difusas, pueden contribuir a la construcción de nuevas culturas sin las prevenciones normales de otros medios de comunicación. La autora entonces, cita una obra de arte para hablar de procesos de memoria histórica locales que ha contribuido al esclarecimiento de lo ocurrido, la “Travesía” (2009) de la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores que conmemora la masacre de Mampuján en marzo del 2000.

            Esta reflexión de los remedios transformadores en el contexto colombiano resulta importante para comprender que las identidades sociales tienen un vínculo recíproco con los reclamos distributivos. En este sentido, la forma cómo las identidades sociales se construyen y se transforman en el tiempo están ligadas a los reclamos materiales y los incentivos institucionales. Se trata de un diálogo entrelazado por el cual la representación aunque es vista como un factor primordial para la cultura cívica, no puede dejar de lado los remedios distributivos.

  • Las mujeres campesinas: reclamos distributivos que influenciaron las políticas de Reforma Agraria de los ochentas y políticas agrarias posteriores

Los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres rurales en Colombia han tenido mayor visibilidad desde la década de los setenta gracias a las políticas de Reformas Agrarias en América Latina y la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1975). Estos procesos de reestructuración social abrieron espacios para socializar los esfuerzos colectivos y comunitarios de actores políticos que venían exigiendo por medidas redistributivas para las mujeres. Se trata de una lucha por representaciones encontradas en la que no hay una identidad campesina única sino que dialoga con otros componente culturales trasversales a la discusión como lo son la etnicidad o la raza. Igualmente, durante esta época incrementó la producción de conocimientos relacionados con las profundas desigualdades que experimentan las identidades femeninas como consecuencia de la falta de autonomía física, económica y política. Así, las mujeres campesinas aprovecharon la inercia de los esfuerzo internacionales para resignifica: i.) su papel como sujetos ‘productivos’ y ii.) cuestionar la concepción liberal de lo productivo reconociendo ciertas prácticas ancestrales de ciertos grupos y comunidades como actos de resistencia que buscan la preservación de sus modos de vida y sistemas de creencia.

Artículos enfocados en la autonomía económica de las mujeres, como Mujeres campesinas sin tierra Rostros de pobreza y exclusión escrito por Eva María Rodríguez Díaz, señalan que, a lo largo de la historia nacional, han existido altos índices de desigualdad en materia de género. De hecho,  siendo las desigualdades que sufren las mujeres en los contextos rurales  la más alta de todas, como resultado, entre otras cosas, de la pobreza económica. Entre los factores que refuerzan esta situación se encuentra la falta de acceso a la tierra que es el activo productivo más importante para la población de estos territorios. Así, “si bien, la población rural es la más excluida y pobre en el país, las mujeres rurales son las más pobres entre los pobres y las más excluidas entre los excluidos” (Rodríguez, 2018, p. 46).

            Recién en 1984 “se puede hablar de un hito en la historia de las políticas del Estado frente a las mujeres, cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprueba la “Política para la Mujer Campesina”, dirigida a mejorar el acceso por parte de las mujeres a los recursos productivos del agro y a fomentar su organización” (Rodríguez, 2018, p. 46). La lucha por alcanzar una igualdad, tanto formal como material, en el acceso a tierras en programas de distribución y titulación de la tierra fue una bandera de organizaciones de mujeres campesinas, como la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC[3] con mayor incidencia de todas.

De acuerdo con Magdalena León, “las reformas agrarias ocurridas entre los años 50 y 80 excluyeron a la mujer y destacaron el trabajo en el campo como una actividad netamente masculina. Las cifras lo demuestran. En Colombia para el año 1986 sólo el 11, 2 % de las mujeres eran beneficiarias de tierras y para 1991 el 11%, último dato estadístico con que se cuenta” (León, 2010, pg. 12-14). En este sentido, ANMUCIC que logró posicionar en la Reforma Agraria una agenda de género e incentivó la idea de que las mujeres rurales no sólo tienen un papel productivo en la agricultura sino que su participación en los procesos distributivos era necesaria en una política de tierras exitosa. Además, resulta interesante pensar que este grupo también reivindicaba las identidades de mujeres negras e indígenas como sujetos a tener en cuenta en las medidas adoptadas en el marco de la Reforma. Se trató de una identidad social que se retroalimentó de las exigencias distributivas del momento.          

  • La interseccionalidad: diálogos contemporáneas entre identidades femeninas rurales y los reclamos de acceso a la  tierra

Por otra parte, el desarrollo de identidades femeninas rurales y su interrelación con los reclamos distributivos ha adoptado otras formas, a medida que se han dado diálogos con problemas que han adquirido relevancia más recientemente, es decir, la década de los noventa y los dos mil. Estos, incluyen: i.) la protección del medio ambiente y ii.) la reparación de las víctimas del conflicto armado. En este orden de ideas, las mujeres rurales han reivindicado otras identidades sociales como mujeres protectoras del medio ambiente o víctimas del conflicto armado a medida que se han dado diálogos con la institucionalidad, las políticas públicas, y los reclamos de comunidades que esperan cambios transformadores, es decir, remedios distributivos y de representación.

En las décadas de los noventas y principios de los dos mil,  se constituyeron grupos de mujeres que impulsaban una agenda dirigida a alcanzar la igualdad de género que incluyen: El Colectivo de Mujeres de Bogotá y posteriormente la Red Nacional de Mujeres para la Constituyente (que continúa ahora como Red Nacional de Mujeres), la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red de Educación Popular entre Mujeres, entre otras, que interconectan los centros feministas y los movimientos de mujeres en las diferentes regiones del país. Dentro de la consolidación de los movimientos feministas locales hay corrientes que vienen evidenciando una preocupación por “la expresión social y política en el país de diferencias regionales, de minorías étnicas, de nuevas ciudadanías…incluyendo las diferentes identidades históricas, regionales, étnicas, raciales y de clase, y sus cruces con género”. Esto resulta importante porque lideresas como Yira Lozano, representante del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó han encontrado que a la falta de protección normativa e institucional en el acceso a la tierra se le añade la carencia de reconocimiento político.

En sus palabras,

A pesar de los avances en las mujeres del Chocó en cuanto a la incidencia política, su participación directa en escenarios de decisión aún es minoritaria. Al analizar la composición de los 31 municipios de la región, solo hay una alcaldesa y en los consejos municipales se cuenta solo con un 20% de representación en la composición de las asambleas departamentales. Aunque las mujeres tengan capacidades para la incidencia, éstas aún no se reflejan en los escenarios de representación política (CINEP. 2010).

  •  Las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad: una representación que afecta el uso de la tierra.

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Las mujeres rurales han comenzado a exigir el reconocimiento como actores claves de la agricultura de sobrevivencia y la soberanía alimentaria. Además, muchas de ellas han adoptado la identidad de “mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” como una reivindicación de las labores de cuidado y la promulgación de saberes ancestrales.

Esta situación evidencia que las mujeres rurales transitan entre dos miradas del campo y la explotación de los recursos naturales y la tierra. La primera, es la neoliberal, que mercantiliza las semillas, los productos, la tierra, el agua, las artesanías y la cultura. Esta choca con las medidas necesarias para mitigar la crisis en muchos campos, entre ellos el ambiental, alimentario, energético y social y la violencia generalizada. La segunda, implica rescatar y retomar la “madre tierra”, tener una visión de la producción de alimentos desde la cultura campesina de manera sana, con respeto a la naturaleza (Benítez, 2010).

            La función social de la propiedad entonces, no tiene exclusivamente un carácter económico. Sino que también, se encuentra ligada a las prácticas culturales y los usos tradicionales del suelo. Se podría pensar que esta identidad social como parte de los remedios transformadores también pide una forma distinta de representar a la tierra y las actividades económicas que se pueden desarrollar en ella.

Además, existen políticas de mercado intrusivas con las dinámicas de producción de los pequeños y medianos predios. Cada vez más los almacenes de grandes superficies les quitan espacios a las plazas de mercado donde comercializan los campesinos. Además, se imponen medidas “sanitarias” con las que la producción y competitividad campesina se ven afectadas como ocurrió con la leche y la panela  (Benítez, 2010). Se hace más prolifero el uso de semillas transgénicas lo que impide una adecuada protección de semillas nativas, y en ocasiones resultan menos productivas por el uso de pesticidas y los regados . Así, la economía campesina se ha visto asfixiada afectando principalmente a las mujeres rurales. Por lo que muchas de ellas han encontrado en el  cuidado del territorio y la biodiversidad una forma de exigir mejores condiciones materiales.

La identidad de “mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” es una que impone un uso más conservador de la tierra que la de “mujeres campesinas”. Se trata de una forma de representar a las mujeres centrada principalmente en las injusticias culturales y la protección de la vida, medio ambiente, y fauna en un contexto en el que los líderes ambientales son amenazados y asesinados (OXFAM, 2020). Dado que sus reclamos fomentan una relación menos invasiva con la tierra, el acceso a la tierra en su caso implica una  “productividad” fuera de la economía capitalista e inmersa en ejercicios cooperativos. La tenencia de la tierra para estas mujeres no solo se encuentra ligada al bien común que traen los beneficios de la protección del medio ambiente, sino la recuperación de saberes ancestrales, la agricultura de subsistencia, y las semillas nativas. En este sentido, ellas asumen un carácter político por el cual exigen que en sus territorios su forma de vida no se vea afectada por  fincas de grandes extensiones con cosechas de monocultivos o megaproyectos extractivistas.

  • Las mujeres rurales en el conflicto armado: la reparación transformativa para garantizar la no repetición de los hechos atroces

La identidad de las mujeres víctimas del conflicto armado está ligada a la noción de justicia retributiva y a la  reparación. En el marco de la justicia transicional en Colombia se viene desarrollando un marco interpretativo en el que se pretende fomentar una transformación radical del orden social y político para reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico” (Uprimny, 2004, p. 19).

En el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y los Acuerdos de Paz de 2016,  las mujeres víctimas del conflicto armado tienen una identidad social ligada tanto a la reparación como a los reclamos históricos de  tenencia de la tierra. Por otra parte, la Ley de Restitución de Tierras busca devolver las tierras abandonadas y despojadas desde el 10 de junio de 1991(Congreso, Ley 1448 de 2011). Con el fin de garantizar la no repetición de los hechos victimizantes los jueces han tomado medidas que más allá de “volver al estado previo a los hechos victimizantes, sino que han buscado una mayor cobertura de servicios públicos en la totalidad del territorio. En esta política se ha evidenciado la necesidad de garantizar mayores grados de igualdad material para garantizar la no repetición.

Esto posiciona a la reparación como un puente con los reclamos distributivos de personas que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad incluso al interior de sus familias. De acuerdo con Rodrigo Uprimny y Paula Saffon, la reparación debe ser transformadora -procurar la justicia distributiva- porque en países inmersos en crisis y desigualdad como Colombia la reparación integral -volver al estado anterior- resulta insuficiente.

En sus palabras,

El potencial transformador de la reparación es particularmente importante en sociedades que, como la colombiana, antes del trauma de una guerra o una dictadura eran en sí mismas excluyentes y desiguales, y cuyas estructuras de exclusión constituyen un factor esencial del conflicto (Uprimmy y Saffon, 2009, p. 35).

Una reparación meramente restitutoria no garantiza uno de los objetivos centrales de la reparación: el componente de la no repetición de atrocidades. Esto, porque no mejoraría las condiciones de exclusión en las que se encontraba la víctima y que está en la base del conflicto mismo. Así aunque este tipo de medidas tenga sentido en términos de justicia correctiva dado que tienen a tratar el daño ocasionado por el proceso de victimización, no es adecuado en términos distributivos, porque preserva situaciones que son en sí mismas injustas y vulneran la dignidad de los afectados (Uprimny y Saffon, 2009, p. 36). Son esas mismas injusticias las que fomentan que no haya una resolución pacífica de los conflictos y que impiden la transformación de las relaciones lo que permite la producción y continuación de un conflicto armado.

En este sentido, las reparaciones transformadoras tienen la intención de ser una herramienta no sólo jurídica sino política con las que se pretende contribuir “a la tarea de transformar las condiciones de exclusión y las relaciones de subordinación existentes en el origen del conflicto” (Uprimny y Saffon, 2009, p. 38). Dado que las necesidades transformadoras de un proceso de justicia transicional exceden el alcance de la reparación de las víctimas de crímenes atroces estas deben articularse con otras medidas similares como la asistencia social y las políticas sociales. En este sentido, las políticas sociales del Estado y las reparaciones transformadoras pueden trabajar juntas para lograr niveles de justicia social mayores.

IV. Consideraciones finales

Como hemos visto a lo largo del texto, Nancy Fraser propone la implementación de un modelo de emancipación o eliminación de las injusticias que rechaza la falsa antítesis entre los remedios distributivos y de representación. Para esto, invita a la sociedad norteamericana a aplicar un sistema político que denomina democracia radical que se centra en i.) deconstruir las identidades sociales para lograr una visión crítica y la cooperación entre ellas, y ii.) la distribución de recursos económicos y sociales. Aunque Colombia tiene  dinámicas políticas, económicas, institucionales y sociales particulares, continúa siendo aplicable que “no hay reconocimiento sin redistribución”. En este sentido, tener este marco interpretativo contribuye a que puedan formularse políticas adecuadas de acceso a tierras  de mujeres articuladas y programáticas.

            Ahora bien, el acceso a la tierra es un problema central para pensar la desigualdad en Colombia[4] por tratarse de un recurso primordial para la economía y al haber sido un detonante del conflicto armado. Los intentos de reforma agrario desde los sesentas han resultado insuficientes, especialmente para las mujeres quienes sufren los mayores niveles de desigualdad en estas zonas. Se trataron de medidas que pretendían cambios en las estructuras sociales a través de un efecto goteo, es decir, que sus beneficiarios fueron campesinos hombres blancos con capital económico y social previo. Esto limitó el alcance de una política distributiva agraria que excluyó a los más pobres, al igual que identidades sociales históricamente discriminadas en razón de su raza y/o género.

            Colombia tiene un modelo económico neoliberal, que ha permeado las políticas de tierras y un enfoque multicultural que no cuestiona las identidades sociales lo que puede dificultar un análisis crítico de las mismas. El multiculturalismo consagrado en el Derecho colombiano busca la aceptación y el reconocimiento de identidades existentes, mientras que otras estrategias como la deconstrucción ofrecen una mayor flexibilidad e invita a la transformación de las mismas. En este sentido, el aporte teórico de trabajos que traten las identidades sociales de las mujeres y sus diálogos con la institucionalidad puede ser el ofrecer espacios de enunciación para poder eliminar tanto las injusticias culturales como económicas. Se deben incentivar aquellos impulsos por redefinir o reconceptualizar la manera cómo nos enunciamos y enunciamos  al otro.

            Ahora bien, a través del estudio de las identidades de “las mujeres campesinas”, “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad”, y “las mujeres víctimas del conflicto armado” se evidencia cómo la construcción de estas representaciones se encuentran ligadas a sus reclamos de acceso a tierras y los diálogos con la institucionalidad. Estas identidades entonces, pueden entenderse cómo las imbricaciones de experiencias con el campo, las desigualdades, y las políticas sociales, las cuales moldean sus exigencias no solo en lo cultural sino también lo económico. Estos lugares de enunciación también pueden llegar a tener  injerencia en los usos que se desean para la tierra y el papel que se le da a lo distributivo.

            Durante los años ochentas, las “mujeres campesinas” lograron reivindicar su carácter productivo y político. Ellas buscaban ser incluidas en las políticas de reforma agraria y denunciar la masculinización de la jefatura de hogar, es decir, el sujeto beneficiario de las adjudicaciones. Los usos de la tierra que promovían era uno relacionado con la explotación de la tierra por lo que resulta más permisivo que el de otras identidades como “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad”. Su representación se encontraba intrínsecamente ligada a lo redistributivo dado que ellas buscaban un cambio en el imaginario social que les permitiese acceder y disfrutar de las tierras otorgadas por el Estado en ese momento. Igualmente, este interés por adquirir más recursos económicos estimuló lo asociativo y los diálogos con feministas liberales y socialistas de las ciudades que también impulsaban una agenda agraria inclusiva.

                        Por otra parte, “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” evidencia que las representaciones de las mujeres también podían tener una fuerte influencia en el uso de la tierra, la concepción de campo y la función social de la propiedad. Estas mujeres desarrollan proyectos de conservación por medio de los cuales se reivindica la agricultura de subsistencia y la soberanía alimentaria. En este sentido, lo productivo es puesto en segundo plano y se valora los esfuerzos cooperativos y el bien común que se desprende de la protección de los territorios y la biodiversidad. Dado que estas mujeres han asumido un rol político importante ligado a la resistencia o lucha contra megaproyectos en zonas de interés medioambiental progresivamente han sido blanco de ataques haciéndolas víctimas de violaciones de DDHH.

            Finalmente, las representaciones de “mujeres víctimas del conflicto armado” son unas que requieren de un trabajo extenso y ambicioso. Sin embargo resulta importante encontrar un modelo de reparación que incentive remedios transformadores. Como lo establece Uprimny y Saffon, uno de los principales crímenes atroces que experimentaron las víctimas en el marco del conflicto fueron los desplazamientos, abandono forzado, y despojos de tierras por lo que incluir modelos de reparación con un carácter distributivo puede traer beneficios como el fortalecimiento de la democracia y relaciones sociales para evitar nuevos ciclos de violencia. Como bien lo plantea Doris Sommer dada la gravedad de los hechos vividos durante este periodo de guerra interna las reparaciones materiales son insuficientes. En este sentido, también se debe procurar la búsqueda de verdad y el reconocimiento de las mujeres como sujetas públicas, productivas y políticos.

            En últimas, las identidades de mujeres rurales en Colombia requieren de procesos participativos que impulsen mayores niveles de igualdad procurando fomentar imaginarios sociales libres de violencia de géneros y en los que la deconstrucción de estos lugares de enunciación abran espacios de incidencia en otros aspectos como la productividad, los usos del suelo, al igual que las políticas sociales de distribución. Aunque queda mucho por explorar resulta interesante pensar cómo las reparaciones transformadoras pueden cambiar para las mujeres cuando se inserta el lente de la interseccionalidad y aspectos como la etnicidad y la raza. Esto porque la reparación colectiva ha de incluir un tinte distinto a los remedios de distribución.

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[1]Fraser escribe para un pueblo norteamericano que “ha vivido los gobiernos de austeridad, la desindustrialización, la desigualdad creciente y el mandato sin contrapesos del capital financiero” que hoy tiene síntomas de conservadurismo social y que se reflejan en la crisis política reciente con fenómenos de extremos de radicalismo como la presidencia de Donald Trump (Barba, 2019). Se trata de una conceptualización foránea que fue desarrollada a la luz de un Estado con capacidad estatal y con monopolios de la fuerza, legislativo y de administración de justicia.

[2] En Colombia existe una democracia débil o de súbdito donde la participación política responde a dinámicas caudillistas, y la institucionalidad no tiene la misma cobertura. Así, persisten factores como: i.) la falta de presencia estatal eficaz en la totalidad del territorio (cobertura de todos los servicios públicos), ii.) los rezagos del conflicto armado más largo de América Latina incluyendo el compromiso de reparación de las víctimas, y iii.) las dificultades y resistencias que no han permitido dar condiciones de redistribución en un país en el que el 1% de las fincas representan el 81% de la tierra privada según Oxfam . En este sentido, se podría pensar que las intenciones “universalistas” de Fraser pueden contribuir a proponer injusticias culturales y materiales en un contexto en el que hay limitaciones y diferencias que han contribuido a que persistan nudos de la historia que no han permitido mitigar desigualdades ni terminar con los ciclos de violencia.

[3] De acuerdo con la Unidad de Víctimas “Sumado al trabajo relacionado con la tierra; las mujeres de ANMUCIC cuentan con más de 30 años de experiencia en incidencia política y legislativa, aportando de manera significativa en leyes de protección a las mujeres en relación a la tierra, la tenencia de la misma, el acceso a derechos, la erradicación de las violencias, y aportes en el acuerdo de paz FARC – Gobierno en la Habana, específicamente en el reconocimiento de la voz de las mujeres campesinas en la construcción de paz”.

[4] En el 2018, Oxfam señaló que:

  1. El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99%  de las fincas.
  2. El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra.
  3. En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %.
  4. El 42,7 % de los propietarios de los predios  más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos.
  5. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras.
  6. De los 111,5  millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales.
  7. De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar pero el país está lejos de llegar a esa cifra.
  8. Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % a la agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situación es menos dramática en este último sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación de la tierra.
  9. Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera.
  10. Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar (Semana Sostenible, 2018).

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