Gonzalo Jiménez 21 de septiembre
Hoy se celebra en todo el mundo el día internacional de la paz y en Colombia lo viviremos en circunstancias paradójicas. Mientras miles de colombianos salen a las calles a manifestar pacíficamente su rechazo a la violencia oficial en todo el territorio nacional, al intento del gobierno de Duque por introducir reformas económicas y sociales que acentúan la inequidad y la injusticia social y a su incumplimiento del acuerdo de paz de 2016; las respuestas del gobierno son oídos sordos a la protesta, anuncio de más represión y concentración de poderes en torno al presidente y declaraciones favorables al hostigamiento militar de EE.UU en el continente con el pretexto de derrocar a Maduro en Venezuela.
Quedan así expuestas dos maneras de buscar una paz sostenible y duradera: de un lado la impulsada por millones de personas que desde la última década del siglo XX han venido configurando un movimiento social y político por la paz, que congrega mujeres, jóvenes, indígenas, afros, población LGBTI, campesinos, sindicalistas, pequeños y medianos productores, activistas políticos, académicos; y de otro, la impulsada por gobiernos como el actual, que dan primacía a la fuerza, la represión y el control poblacional, aprovechando incluso circunstancias excepcionales como la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid19.
Mientras el movimiento social y político por la paz, acude al arte, a la educación, a la minga, al canto, a la huelga, a la marcha, al plantón, a la denuncia, conjugando creencias políticas y religiosas de distinta denominación, el gobierno de Duque se esfuerza por validar solo las expresiones ciudadanas que se subordinen a su propósito de “paz con legalidad”, una paz sustentada en el uso indiscriminado de las armas, en particular cuando se trata de actuar contra cultivadores de coca, reclamantes de tierras, defensores de los DDHH, ambientalistas, excombatientes, líderes sociales, autoridades étnicas, jóvenes estudiantes, desempleados, vendedores informales.
El dilema para el gobierno colombiano entonces, que no es otro que el dilema que quedó planteado para todo el mundo, después de finalizar la segunda guerra mundial y se erigió una institucionalidad en torno a las Naciones Unidas; es sí sigue el mandato de sostener la paz con fundamento en la garantía de los derechos humanos en todas sus expresiones, incluido el de vivir en regímenes democráticos, o, al contrario, impone una paz negativa, sostenida en el viejo lema de la “pax romana”, aquel que asume que la vida es solo asunto de vencedores y vencidos.
BOGOTÁ Septiembre 21 de 2020.
