Son muchos años ya desde los que se cuenta que habitar o transitar el norte del Cauca es un acto de valentía. La ubicación geográfica de esta región es estratégica y sus características ecológicas privilegiadas resultan ser un atractivo para miles de personas que salen y entran de cualquiera de los 13 municipios que la componen y que son paso desde la cordillera occidental hacia el océano Pacífico, camino hacia el sur del Tolima y el Huila, y conexión entre Cali y Popayán por la vía panamericana que la atraviesa. 

Como puente entre lo rural y lo urbano se entrelaza la diversidad étnica y cultural de una región agobiada por un conflicto que se ha encrudecido por la presencia continua de diversos grupos armados, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfico de armas, los desacuerdos en torno al acceso a la tierra y los monocultivos, entre otros; pero también tiene hombres y mujeres quienes históricamente han defendido este territorio que ha sido epicentro del conflicto del departamento, resistiendo con mecanismos de autoprotección propios, como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, las alertas comunitarias, la economía solidaria o las tulpas de mujeres como estrategia de resistencia no armada para fortalecer su autonomía y defender el territorio y sus comunidades.

Después de la Firma del Acuerdo de Paz en 2016, se vivieron dos años de una tensa calma por la incertidumbre de si en realidad se estaba concretando el sueño de paz, pero en el 2018 la zozobra volvió al territorio cuando empezó a hacerse visible la reagrupación de actores armados que llegaron a controlar de nuevo la tranquilidad del espíritu de quienes lideran los procesos sociales y su comunidad, que empezó a vivir con desconsuelo la persecución sistemática de compañeros, familiares y amigos. Tan sólo en el Cauca, desde la firma del acuerdo a hoy, han sido asesinados 341 líderes de los cuales 201 pertenecían al Norte del Cauca.

Como estrategia para la defensa de la vida, las comunidades étnicas y campesinas del norte del Cauca han conformado guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Una respuesta no violenta para proteger con dignidad su autonomía y defender el territorio, ejerciendo una resistencia sin armas que se opone a la violencia como lenguaje del control social que transforma su realidad.

Estos colectivos tienen además motivaciones comunitarias como la resolución de conflictos internos, la implementación de la justicia propia y el cuidado del territorio no sólo en términos de seguridad sino de gobernanza territorial determinada por la cosmovisión de cada pueblo, reconocida y protegida por la Constitución Política y consolidada como una iniciativa de paz y mecanismo de autoprotección colectivo, expresado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de la Habana; por eso resulta imprescindible diferenciar los conceptos de mecanismos de autoprotección no estatal y no armada a los grupos de autodefensas.

Esta diferenciación es clara si partimos del rol que cumplen las guardias en su función organizativa en el territorio, no sólo desde lo operativo sino en la formación de políticas propias, consolidando los mecanismos de prevención y autoprotección no violenta, no armada, donde la comunidad deposita la confianza que ha perdido en el Estado. La falta de presencia estatal, de inversión social integral, de justicia, de garantías de seguridad y la constante vulneración de derechos generan la necesidad de organizaciones autónomas que asuman esos vacíos.

Pero en cambio, las autodefensas son organizaciones de vigilancia y seguridad armada no estatal, tienen una naturaleza que obedece al patrocinio de civiles que hacen uso de la fuerza para un accionar violento e ilegal, con objetivos de protección a privados con apoyo, en algunos casos, de algunos miembros corruptos de la fuerza pública.

Uno de los grandes desafíos que hoy enfrentan las guardias en el Norte del Cauca, consiste precisamente en el permanente encuentro con el discurso estigmatizante frente a su labor de resistencia y autonomía en medio de un conflicto armado desalentador y que se ve reflejado en las múltiples violencias que persisten en la región.

Es urgente una sinergia entre la institucionalidad y las organizaciones para fortalecer estos procesos comunitarios que promueven los planes de vida y consoliden un gobierno propio, con acciones que garanticen la construcción de paz colectiva.