En recientes declaraciones del Presidente Petro en San José del Guaviare sobre los planes de gobierno para lidiar con el asunto de los cultivos comerciales de coca, consideró que la concertación con los campesinos cultivadores no podía fundamentarse en proyectos productivos tradicionales como el cultivo de cacao, sino en programas que le garantizaran a  las familias un ingreso mensual entre dos y tres millones de peso y que su compromiso sería aplicar sus esfuerzos a la recuperación y protección de la selva.

Sin conocer ulteriores desarrollos de los planteamientos del presidente Petro, pero basados en la experiencia histórica del desarrollo alternativo en Colombia, Perú y Bolivia, se podría inferir que el mandatario tiene claro que esa política para combatir los cultivos ilegales de coca en Suramérica, ha fracasado rotundamente a lo largo de los últimos 40 años.

El objetivo de estas notas es demostrar el fracaso de las políticas de drogas en su consideración del qué hacer para ofrecerle alternativas de ingreso y bienestar a las familias comprometidas con los cultivos comerciales de coca, y plantear algunas alternativas más factibles y sostenibles. Veamos algunas consideraciones generales.

El cuarto punto de los acuerdos de paz con las FARC, Solución al problema de las drogas ilícitas, tuvo un desarrollo minucioso durante las negociaciones y recoge con rigor todos los factores, protagonistas, impactos y correlaciones con otros conflictos vinculados a la guerra, a la frágil presencia del Estado en los territorios en disputa y sus posibles soluciones. El acuerdo destaca el principio ya conocido de “no militarizar el conflicto de drogas y de no narcotizar el conflicto armado”. Desconocer este principio le permitió al anterior gobierno colombiano revivir la estrategia de la guerra contra las drogas lo cual llevó a acciones como la reactivación de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos, el reforzamiento de la alianza entre narcotraficantes y grupos armados como justificación de la guerra y la satanización de la protesta social al achacarle a las organizaciones de narcotraficantes su financiación.

La política antidrogas del gobierno Duque priorizó la erradicación de los cultivos comerciales de coca atacando así el eslabón más débil de la cadena internacional de la droga y cuidándose de hacerle más bien pasito a las poderosas cadenas de intermediación para la producción de clorhidrato de cocaína, para el transporte internacional y para el comercio mayorista y minorista de la mercancía. Como ya está suficientemente demostrado, esta política ha sido históricamente un fracaso.

En consecuencia, la alternativa única e inmediata para encontrar caminos de solución al conflicto de drogas en Colombia es:

• terminar la guerra contra las drogas,
• prohibir la fumigación aérea de los cultivos comerciales de coca,
•  garantizar a las familias involucradas en los cultivos comerciales un ingreso equivalente al de la actividad ilícita y con plazos suficientemente largos que les permita su estabilidad económica. Ello implica convertir a las 200.000 familias comprometidas, en familias guardabosques y sus ingresos, entendidos como compensación o pago por servicios ambientales derivados de la erradicación voluntaria de los cultivos y por la restauración y conservación de los bosques y ecosistemas afectados por la actividad ilícita.
• Todo lo anterior incluye el avance de proyectos productivos de desarrollo alternativo, económicamente viables, socialmente incluyentes y ambientalmente sostenibles.

Ningún gobierno colombiano ni la cooperación internacional han comprendido a lo largo de los últimos 40 años la lógica económica y social de los cultivos ilícitos y han insistido en programas y proyectos remediales y de baja cobertura de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivos incapaces de lograr el propósito de eliminación de dichos cultivos. En la inmensa mayoría de los casos, los beneficiarios han incumplido los acuerdos de erradicación pues cuentan con planes alternativos para continuar en la actividad ilícita, y peor aún, casi siempre se cumple el viejo dicho de que, acabada la plata, acabado el proyecto. Porque no se Ha entendido la lógica económica de la mayor rentabilidad económica de los cultivos ilícitos frente a cualquier otra cosecha y de que esta actividad le genera al productor un ingreso en efectivo a lo largo de 4 o 5 cosechas anuales, amén de las facilidades de transporte y comercialización, aún en las peores condiciones de aislamiento físico y de no disponibilidad de vías de comunicación.

Otro elemento casi siempre ignorado es la fuerte movilidad que se presenta a nivel de los cultivadores de coca. Las familias que cultivaban coca hace 40 años no son las mismas que aquellas que lo hacen ahora, ni las regiones con bonanza coquera hace 4 decenios son las mismas que son el escenario del fenómeno en estos momentos. Los programas y proyectos de desarrollo alternativo son estáticos en términos territoriales y su inviabilidad técnica y económico les augura, desde un comienzo su fracaso como opción de vida de sus eventuales beneficiarios. Todo lo anterior es agravado por el bajo arraigo a la tierra de los cultivadores comerciales de la hoja de coca. Con los cultivos comerciales de coca se cumple también el principio de blanco móvil, es decir, todos los involucrados en el negocio de la coca responden con nuevas formas de producción y comercio a las condiciones que les impongan las medidas de represión del Estado.

Congruente con lo anterior, se presenta otro factor de distinta complejidad a nivel de los cultivadores de coca. Históricamente se han presentado bonanzas regionales basadas en una suerte de colonización coquera, a partir de la toma de regiones aisladas por parte de cultivadores -campesinos y citadinos- los que, financiados por organizaciones mafiosas o por simples ciudadanos, finqueros o comerciantes con plata, siembran grandes extensiones. Una experiencia como la descrita fue la bonanza coquera en el Alto Vichada en los años 90 del siglo pasado que tuvo como epicentro una población que surgió de la nada, llamada Palmarito. Allí el área mínima por cultivador era de 15 hectáreas luego de arrasar los bosques de galería o morichales de la región y, cuando llegó el PLANTE a ofrecerles proyectos de desarrollo alternativo para aquellos cultivadores que tuvieran máximo 3 hectáreas sembradas, su reacción fue de desprecio a unos agentes del gobierno ignorantes de esa realidad concreta.

Fueron episódicos los cultivos de coca en gran escala y su éxito fue fugaz por las dificultades logísticas para el acopio y transporte de insumos y para la manutención de grandes cuadrillas de “raspachines” y procesadores de los laboratorios. El golpe de gracia a este tipo de organización productiva lo dio la fumigación aérea con glifosato por su fácil ubicación y las dificultades de escala para recuperar las plantaciones después de la fumigación.

Hoy en día y con la irrupción en el país de las organizaciones mexicanas del narcotráfico ha surgido una suerte de cartelización de los cultivos en regiones como el Pacífico y el Catatumbo. En este caso, las organizaciones mafiosas financian a los cultivadores quienes están obligados a venderles la hoja o la pasta básica producidas en sus parcelas, mientras que los jefes procesan de manera directa el clorhidrato de cocaína. En otros casos, estas organizaciones desarrollan todo el proceso de producción desde las plantaciones, la extracción de la pasta básica y la refinación del clorhidrato de cocaína. Todo el negocio se apoya en la seguridad física y territorial que brindan las organizaciones paramilitares, las bandas criminales, el ELN y las disidencias guerrilleras presentes en las zonas de producción. Este nuevo sistema de control territorial y del negocio de la cocaína ha conducido a situaciones crecientes de violencia a toda de forma de competencia por parte de otros empresarios de la droga, o de independencia de los campesinos cultivadores.

En el caso del Catatumbo, además de los factores señalados, la expansión de los cultivos está favorecida para la masiva migración venezolana que provee mano de obra para los cultivos ilícitos y su procesamiento, abundante y barata.

De estas consideraciones se desprende que hoy en día la multinacional de las drogas opera bajo nuevos referentes en cuanto a relaciones de poder y la división internacional del trabajo en torno a las etapas de producción, incremento de la producción y productividad de los cultivos y su transformación en pasta básica, transformación, transporte, comercialización y distribución minorista de la droga.

La cocaína que se comporta en el mercado internacional como una commodity[1] se vende y se compra en correspondencia con las dinámicas de la oferta y la demanda y en el escenario de los mercados internacionales. Su condición de actividad ilícita le imprime al mercado internacional de drogas ventajas competitivas frente a otras cosechas pues adquiere la connotación de mercancía escasa o de difícil adquisición lo que permite precios diferencialmente más altos que para otras mercancías. El ciclo productivo de las drogas, por su ilicitud, genera efectos económicos colaterales llamados costos de transacción los que corresponden a la participación que en el negocio tienen los agentes de control del Estado -fuerzas armadas, de policía, de aduanas, de impuestos, poder judicial-, a través del soborno y las coimas. A ello se suman la corrupción pública y privada vinculada al lavado de activos, a la protección desde el estado a las estructuras mafiosas, a la acción legislativa relacionada con el favorecimiento jurídico y político a dichos sectores y a la financiación de las empresas electorales capaces de penetrar los órganos legislativos y administrativos de la nación, los departamentos y los municipios.

La función de las drogas como ansiolítico determina la dinámica de la demanda en el mercado mundial de estupefacientes. Los estados de ansiedad derivados de los sueños insatisfechos y de las metas truncas que impone la sociedad de consumo, exacerban los estados de frustración y la condición de perdedores para la inmensa mayoría de los sectores sociales inmersos en el sistema capitalista de producción. En ese contexto económico y social, las drogas de todo tipo entran a domesticar esos estados de ansiedad, convirtiéndose así en poderosas aliadas para la estabilidad del sistema.

Por todas las consideraciones expuestas en este escrito, podemos concluir que fundamentar la lucha contra la presencia de cultivos con fines ilícitos y su narcotráfico en los programas de erradicación forzosa o voluntaria de las plantaciones de coca, en los programas convencionales de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivos ilícitos y en la reactivación de la guerra contra las drogas teniendo como objetivo central de dicha guerra las organizaciones armadas ilegales, es tan poco sensato como buscar el cuerpo del ahogado aguas arriba. Desde hace muchos años la experiencia ha demostrado que esos caminos lo único que han dejado en claro es el testimonio mudo de los miles de muertos de una guerra inútil, los billones de pesos despilfarrados en las acciones de guerra y en programas y proyectos fracasados, el fortalecimiento de las organizaciones mafiosas que controlan la producción el tráfico internacional de estupefacientes, la corrupción pública y privada que compite de tú a tú con el ordenamiento jurídico y ético del país, la vulnerabilidad persistente de los derechos humanos y del derecho a la vida de las poblaciones afectadas por el fenómeno de las drogas y la ingobernabilidad de un país asaltado en sus propósitos para alcanzar la paz por las fuerzas oscuras de una extrema derecha económica y política decidida a sumir el país en el más profundo caos para conservar su poder y sus privilegios.

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL GOBIERNO DUQUE Y SUS FRACASOS

El informe de la UNODC para el año 2021[2], estableció los factores principales que determinaron el incremento de las áreas sembradas en coca en un 43% con relación al año 2020 y planteó elementos de política para propiciar la reducción de dichas áreas.

RESULTADOS DEL CENSO DE CULTIVOS DE COCA

 EN COLOMBIA, 2021[3]

En el mismo informe se consignan los resultados sobre la inversión pública y de la cooperación internacional, cobertura poblacional y número de proyectos y actividades complementarias, ejecutadas a lo largo del gobierno de Iván Duque.

• Entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 se erradicaron 358.566 hectáreas
• Inversión PNIS: $1.3 billones (US$ 341 millones)
• Fondo Colombia en Paz: $1.7 billones (US$453 millones)
• ). 5.816 beneficiarios
• Total de Familias beneficiadas: 99.097 ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos
• Erradicación voluntaria: 19.543 hectáreas

Acceso a la tierra

Para el año 2021 la Agencia Nacional de Tierras (ANT):

• Regularizó 245.581 hectáreas
• Otorgó 10.753 títulos a 17.880 familias
• Ingresó 516.647 hectáreas al Fondo de Tierras
• Entregó 155.898 hectáreas a 4.330 familias
• Títulos colectivos entregados a 39 comunidades étnicas sobre 163.344 hectáreas con 7.124 familias beneficiadas

Municipios PDET

Inversión: $11.73 billones de los cuales $433.000 millones corresponden a la cooperación internacional.

OCAD

$6.5 billones en 563 proyectos en actividades como transporte, mejoramiento de vías, minas y energía, acueductos, saneamiento básico, salud, educación, medio ambiente, vivienda, deporte, información estadística…

Con seguridad muchas de las inversiones están dirigidas a proyectos productivos para familias productoras de coca, aunque la experiencia de quien escribe estas notas dice que las familias cocaleras receptoras de recursos para proyectos productivos y alternativos a los cultivos de coca, no son la mayoría.

Resumen de inversiones durante el gobierno de Iván Duque

De acuerdo con el informe de la UNODC la situación es la siguiente:

• PNIS                                                                          $1.3 billones
• Fondo Colombia en Paz                                            $1.7 billones
• Asistencia técnica:                                                    $0.144. billones
• Bienes e insumos para huertas caseras:        $0.152 billones
• Proyectos productivos:                                              $0.290 billones
• OCAD                                                                       $6.5 billones
• Contratos prestación de servicios                  $0.116 billones

Total                                                                                      $10.202 billones

Las cifras anteriores son inciertas pues algunos rubros pueden estar repetidos y no está clara la inversión sectorial destinada al desarrollo alternativo. Por ejemplo, en la página 145 del Informe de las UNODC reseña una inversión de $11.73 billones para los 170 municipios del PDET de los cuales, $433.000 millones corresponden a la cooperación internacional. No se sabe si esta cifra engloba los $10.202 billones mencionados atrás, o se le suman. No obstante, la cifra de $10.202 billones, equivale el 50% de la reforma tributaria propuesta por el actual gobierno. En cualquier caso, sumadas las inversiones de desarrollo alternativo y rural e incluyendo actividades no dirigidas a la generación de ingreso y la enorme inversión en las fuerzas militares, de policía y civiles destinada a la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos y a la persecución a los carteles y firmas de narcotraficantes, bandas armadas, neo paramilitares y guerrillas vinculadas al negocio de la cocaína, y sin contar las vidas humanas taladas y los costos ambientales, no se entiende cómo, después de semejante despliegue de recursos y fuerzas, el área cultivada en coca en Colombia se haya incrementado en un 43% entre los años 2020 y 2021.

Un artículo muy denso del diario El País de España titulado No, Colombia no está inundada de coca[4] hace una fuerte crítica a los programas de desarrollo alternativo en Colombia y propone estrategias para el control de los cultivos ilícitos como: Focalización de áreas de intervención, respuestas diferenciadas y concertación. El artículo también enfatiza que la articulación entre el Estado y la cooperación internacional no ha funcionado, tampoco el criterio holístico o integral de los proyectos y aconseja redefinir el modus operandi de los proyectos. Todo lo anterior apoyado en un sistema eficaz de monitoreo y seguimiento. Estas iniciativas se basan en la consideración de que hasta el presente los programas han estado viciados por la dispersión y la discontinuidad.. El artículo en mención dice que el 45% de los cultivos se realizan en 10 municipios y que el 86% de tales cultivos se realizan las mismas zonas en los últimos 10 años. Sin embargo, la erradicación forzosa y voluntaria no se realiza en las áreas críticas sino en donde es posible y seguro. En el mismo artículo y según la fundación Ideas para la Paz el 70% de las veredas con programas de desarrollo alternativo no tenían coca antes del PNIS. Con este instrumento -el PENIS- las veredas con coca, beneficiarias de los programas de desarrollo alternativo subió al 72%.

En el esfuerzo explicativo del incremento del área sembrada en coca en el año 2021, el Informe del SIMCI considera que la concentración y permanencia de los cultivos se explican por una relación geográfica y funcional al tráfico. También muestra que 12 de los 14 enclaves productores de hoja de coca se encuentran departamentos fronterizos o con salida al mar y allí convergen, dice el informe, grupos armados ilegales, narcotraficantes y productores.

En el punto de erradicación forzosa y voluntaria, el informe del SIMCI establece que entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 se erradicaron 358.566 hectáreas. No obstante, en el año 2021 se contabilizaron 204.000 hectáreas sembradas, hecho que indica que el impacto de la erradicación y todos los recursos invertidos en desarrollo alternativo y actividades de desarrollo en las afectadas por los cultivos ilícitos fluctuó entre mínimo y nulo.

En los aspectos propositivos para enfrentar el problema de los cultivos con fines ilícitos la UNODC propone que “Grandes cambios en la producción de drogas, requieren grandes cambios en las estrategias de intervención en el territorio”. Tales estrategias son[5]:

1. ”Promover intervenciones donde el cultivo de coca tiende al abandono”.
2. “Apoyar a los pueblos indígenas y afrocolombianos para que encuentren su propia salida a la economía de las drogas ilícitas”.
3. “Estrategias de largo plazo para enfrentar el problema de drogas”.
4. “Articulación interinstitucional para la transformación de los territorios”.
5.  “Investigación y monitoreo para una mejor comprensión del fenómeno”.

Frente a las estrategias propuestas por la UNODC, una persona o una entidad avezada sólo podría exclamar: “¿más de lo mismo?”.

¿QUÉ HACER?

Plantear líneas estratégicas para lidiar con los cultivos comerciales de coca y su erradicación, requiere los siguientes reconocimientos:

1. Cuarenta años de desarrollo alternativo y los billones de pesos aplicados a su ejecución no han satisfecho los resultados esperados. Por el contrario, la empresa multinacional de la coca cada día es más fuerte y dinámica, mientras que los cultivos comerciales de la planta de coca no paran de crecer.
2. El erradicación forzosa y voluntaria han demostrado su inutilidad en la resolución de los problemas derivados de los cultivos ilícitos de drogas.  Por el contrario, son dramáticas las consecuencias eh la salud humana y animal, en las afectaciones al medio ambiente y en la desafortunada pérdida de vidas humanas.
3. El fenómeno de los cultivos ilícitos se comporta como un blanco móvil frente a las políticas de interdicción de desarrollo alternativo para los cultivadores de la hoja de coca: primero, las 200.000 familias que hoy siembran coca, no son las mismas que lo hacían cinco, diez o quince años antes; segundo, los cultivos comerciales de coca se desplazan en el territorio y entre países, en correspondencia con las condiciones que para la interdicción impongan los estados; tercero, los actores sociales y económicos de toda la estructura productiva de los cultivos ilícitos están en permanente movimiento y diferenciación: no todos los cultivadores de coca son campesinos, colonos o indígenas. Hay sectores variables de cultivadores no campesinos y que han sido responsables de la llamada “colonización coquera”. En el Catatumbo, la migración venezolana juega un papel importante ya sea como raspachines o cultivadores; cuarto, las estructuras financieras, de procesamiento de la pasta básica en cocaína, de transporte interno e internacional de la mercancía y de articulación con los carteles y firmas que controlan la multinacional de la droga, están en permanente reacomodo y negociación, según la correlación de fuerzas que los respaldan y de la violencia que ejercen para consolidar su poder.
4. Los programas de desarrollo alternativo dirigidos a la sustitución de los cultivos de coca por otras actividades productivas, en todos los casos, han tenido en cuenta que ninguna actividad productiva está en la posibilidad de generar ingresos equivalentes o mayores que el cultivo de coca. Los cultivos tradicionales de ciclo corto sólo rinden una cosecha anual mientras los de coca logran entre 4 y 6 cosechas. En el caso de la ganadería, su productividad es muy baja sobre todo bajo las condiciones de precaria fertilidad de los suelos de las selvas ecuatoriales, amén de los enormes impactos ambientales de esa actividad. Los cultivos tradicionales son de muy baja productividad en las condiciones de selva húmeda ecuatorial y no pueden competir por costos de transporte y funciones de comercialización con aquellos equivalentes al interior de la frontera agrícola nacional

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS COMERCIALES DE COCA EN COLOMBIA

1. DIAGNÓSTICO

1. Identificación y caracterización de las áreas críticas de concentración de los cultivos comerciales de coca
2. Definición de las unidades ambientales del territorio; características agroecológicas y determinación de los sistemas de producción antes y después de los cultivos de coca. Infraestructura de apoyo a la producción: vías de comunicación, estructuras de comercialización, servicios básicos de vivienda, agua potable, educación, salud, comunicaciones y justicia.
3. Antecedentes historia de la irrupción de los cultivos ilícitos en la región.
4. Censo de fincas y/o lotes con cultivos de coca. Tamaño de las unidades productivas, áreas en coca, variedades, estado del cultivo: en crecimiento, en producción. Otras actividades productivas. Infraestructura disponible para el procesamiento de la hoja. Mapificación del territorio y de las unidades productivas con sistemas de georreferenciación.

• Características socioeconómicas de las unidades productivas
• Si se trata de campesinos o colonos con fincas o asentamientos antiguos y anteriores a la irrupción de los cultivos comerciales de coca. ]Asentamientos recientes.
• Asentamientos dedicados exclusivamente a la producción de coca por parte de campesinos o citadinos.
• Unidades productivas adelantadas directamente por organizaciones armadas, firmas y carteles de la droga.
• Estructura organizativa en torno a la producción: administradores capataces, raspachines, químicos, transportadores, auxiliares de servicios.

• Características técnicas y económicas de los cultivos
• Sistemas de producción de los cultivos de coca. Costos de producción, variedades, procesos, tiempos, rendimientos, productividad, ingresos.

• Articulación entre los productores de hoja de coca y las estructuras de comercialización y financiación de los cultivos
• Cadenas de comercialización de la hoja y de la pasta básica de coca. Canales y márgenes de comercialización. Comercio minorista y mayorista. Márgenes de precios.
• Fuentes de financiación de las actividades productivas: propias, comerciantes, empresarios, otros cultivadores, grupos armados, firmas y carteles de la droga.

1. ESTRATEGIAS

 Las estrategias que se definan para dirimir el conflicto de los cultivos comerciales de coca tienen que ser diferenciadas en correspondencia con criterios como, características medio ambientales, agroecológicas, geográficas y socio económicas de las zonas productoras. No pueden ser iguales las propuestas de sustitución de cultivos en el frente de colonización del Putumayo o en el Catatumbo en donde la expansión de la frontera agrícola se hace a costa de la deforestación de las selvas ecuatoriales, que en zonas consolidadas de economía campesina. De igual forma, no puede ser el mismo tratamiento para una familia campesina que se vinculó a los cultivos comerciales de coca después de muchos años de posesión de su predio, que para un campesino o citadino que emigró hacia las zonas productoras para establecer cultivos comerciales de coca -el llamado colono coquero-. Es también diferente la situación de cultivos que son desarrollados directamente por las firmas o carteles de la droga y por grupos armados ilegales.

El desarrollo de las estrategias tiene que basarse en estructuras organizativas y ejecutivas autónomas y con gran poder de decisión y apoyadas en la cooperación interinstitucional y en la confluencia y manejo unificado de los recursos financieros, técnicos y de personal aportados por la Nación, las entidades territoriales y la cooperación internacional. Cada región de concentración de los cultivos comerciales de coca operará como un Distrito de Desarrollo Alternativo con una estructura administrativa, técnica, financiera y de seguimiento y evaluación propias. Tendrá cuerpos idóneos para la participación y cooperación con las comunidades beneficiarias las que harán parte de las estructuras de dirección y ejecución de los proyectos. Este sistema organizativo se fundamenta en los viejos Distritos de Desarrollo Rural en los períodos en que operó el Fondo DRI de desarrollo rural integrado y que tuvo notoria resonancia y éxito en el contexto de la economía campesina en Colombia.

ESTRATEGIA UNO. TRAZAR Y CONSOLIDAR LA RAYA PARA FRENAR LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

Esta Estrategia tiene que ser el punto de partida en la formulación de la Política de Drogas y un elemento de referencia para la ejecución de sus programas y proyectos. Este punto fue definido en los acuerdos de paz de La Habana y su aplicación estará apoyada en iniciativas como las siguientes:

• Reordenamiento territorial y ambiental de las regiones que cobijan los movimientos de colonización sobre las selvas húmedas ecuatoriales que permita trazar la raya a la expansión de la frontera agrícola, ya sea con fines lícitos o ilícitos.
• Promulgación de una ley que penalice la tala de árboles o la provocación de incendios al interior de las selvas húmedas ecuatoriales de Colombia.
• Creación y financiación de organismos e instrumentos que garanticen la preservación de las selvas ecuatoriales. Estos organismos tendrán una amplia participación de las comunidades ubicadas en los extremos de la frontera agrícola.

ESTRATEGIA DOS. ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS COMERCIALES DE COCA EN COLOMBIA

Programa uno. Cambio de cultivos comerciales de coca por medio ambiente

Este programa está dirigido a campesinos, colonos, pueblos indígenas y afrocolombianos cuyos asentamientos rurales, fincas, resguardos y territorios colectivos tengan una antigüedad de al menos 15 años. A los campesinos y colonos con estas características se les pagará un ingreso mensual equivalente al que le genera actualmente el cultivo comercial de coca y por un período de entre 5 y 10 años. Estos campesinos y colonos compensarán el ingreso recibido actuando como personas o familias guardabosques con obligaciones tales como: control y vigilancia de la línea de frontera agrícola, recuperación de áreas de selva degradadas, reforestación y conservación, por acción solidaria o comunitaria de áreas taladas, participación en proyectos productivos individuales y asociativos que promuevan la soberanía alimentaria y la generación de pequeños excedentes para los mercados locales. Las comunidades indígenas y afrocolombianas serán garantes de la conservación de sus territorios, sin coca y recibirán del Estado los recursos económicos y técnicos equivalentes a los cultivos de coca erradicados.

A los campesinos y colonos con una ocupación inferior a 15 años se les dará el mismo tratamiento que a los más antiguos si demuestran su vocación agrícola y la estabilidad de sus asentamientos.

La titulación y formalización de las propiedades rurales de campesinos y colonos y la consolidación de los territorios de indígenas y afrocolombianos es un imperativo para el éxito de la política de erradicación de los cultivos ilícitos.

Programa dos. Campesinos y colonos coqueros

Este sector económico y social no ocupa territorios con el propósito de consolidar una finca o parcela productiva, sino con el único fin de sembrar coca. En estos casos, el Estado comprará, a precios comerciales sus emprendimientos cocaleros y le otorgará a las personas o familias comprometidas un subsidio económico para su reubicación domiciliaria y las apoyará en su reinserción laboral y productiva.

Programa tres. Campesinos y colonos ubicados en zonas productivas consolidadas y con acceso a los mercados regionales y nacionales

Este fragmento de campesinos y colonos cocaleros está ubicado en zonas de colonización consolidadas como el piedemonte de Caquetá y Putumayo y en la zona de colonización del Guaviare entre San José del Guaviare y Calamar. La condición fundamental es que los asentamientos estén alejados de la frontera agrícola y que tengan acceso a los mercados regionales y nacionales. A estos campesinos y colonos se les pagará un ingreso equivalente al de los cultivos erradicados durante un lapso de entre 3 y 5 años. Además, se promoverán proyectos de desarrollo alternativo que sean técnicamente viables, económicamente rentables y ambientalmente sostenibles.

Programa cuatro. Plantaciones coqueras

Hace referencia a las plantaciones coqueras de mediana y gran escala financiadas por organizaciones armadas al margen de la ley, por firmas y carteles de la droga o por empresarios privados. En este caso, la erradicación de las plantaciones de coca depende de una de las siguientes alternativas: uno, como resultado de las negociaciones adelantadas con esas organizaciones delictivas en el marco de la Política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Petro; dos, a través de la acción punitiva del Estado frente a estas organizaciones y la retoma del control territorial por fuerzas del orden.

ESTRATEGIA TRES. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL ALTERNATIVO

El último informe de la UNODC define 14 áreas de concentración de los cultivos comerciales de coca en Colombia, 12 de las cuales son antiguas y 2 de reciente incidencia. Las imágenes de satélite que le permiten al SIMCI una ubicación muy detallada de las zonas dominantes de estos cultivos, es el instrumento mas idóneo para establecer los Distritos de Desarrollo Rural Alternativo. Estos organismos, encargados de la ejecución de la Política para la Erradicación de los Cultivos de Coca con Fines Ilícitos, serán creados por el gobierno nacional y contarán con los elementos más eficientes de gestión y ejecución de las tareas encomendadas. Tendrán autonomía administrativa y financiera y una enorme capacidad de interlocución con los organismos nacionales y regionales presentes en sus áreas de trabajo. Habrá una gerencia nacional del Plan de Erradicación de los cultivos ilegales de coca.

LOS PALOS EN LA RUEDA

Una lista corta y sin desarrollar da cuenta de las dificultades que enfrentará una propuesta como la esbozada en este documento.

1. Las iniciativas gubernamentales para el desarrollo rural han sido siempre limitadas y carecen de credibilidad por parte de campesinos, colonos, comunidades indígenas y afrocolombianas.
2. Los programas y proyectos de desarrollo alternativo se iniciaron en Colombia en los años 90 del siglo pasado, y hasta el presente han pasado sin pena ni gloria.
3. A lo largo de los años la cooperación internacional, si bien ha sido importante, ha sido fragmentada y sectorizada, y con muy débil articulación y coordinación con las agencias y programas del Estado.
4. Los programas de desarrollo alternativo han carecido de la solidaridad y el apoyo de las entidades del orden nacional y regional.
5. El desarrollo alternativo ha sido una propuesta remedial y fragmentaria de la política basada en la guerra contra las drogas.
6. Los programas de desarrollo han carecido de continuidad administrativa, técnica y financiera. Acabada la plata, acabado el proyecto.
7. Los programas de desarrollo alternativo han carecido de rigor técnico y su formulación y ejecución han estado en manos de entidades y personas con precaria idoneidad.
8. Han carecido también de instrumentos eficientes de seguimiento y evaluación.
9. Una propuesta como la esbozada en este escrito requiere de enormes recursos económicos y de una muy alta capacidad técnica y administrativa por parte de sus ejecutores. Estos programas no pueden seguir insistiendo en las huertas familiares para las comunidades indígenas ni en las tazas sanitarias para las fincas de los colonos.

Además de todo lo anterior, el punto crucial para el éxito de la política de erradicación de los cultivos comerciales de coca, es taponar las vías de escape del fenómeno de drogas que harán que éste se reproduzca, ampliado, no se estén alcanzando los primeros éxitos de la Política: Frente a la reinserción den 200.000 familias cocaleras, hay 500.000 familias dispuestas a ocupar sus espacios en las actividades ilícitas.

1. Las producción y comercialización de cocaína es una economía perfecta con infinitos productores y consumidores. Si Colombia saliera del círculo del negocio de cocaína, gente de muchos países está dispuesta a tomar el relevo.
2. El poder de las firmas y los carteles de la droga no van a dejar escapar así no más, semejante gallina de los huevos de oro.
3. La corrupción pública y privada y la cooptación de los organismos de control y de justicia del Estado, harán lo necesario para que la Política fracase.

Frente a los palos en la rueda, la única salida es la despenalización del consumo de drogas y la regulación de su producción.

Finalmente, la política de erradicación de los cultivos de coca debe ser sinérgica con la política de reforma agraria definida en los acuerdos de La Habana.

[1] Las commodities son materias primas que se cultivan o se extraen y sirven como “bloques de construcción” con los se crean otros productos, o se consumen directamente y pueden ser transados en los mercados.

[2] Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen -UNODC- Gobierno de Colombia. Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, 2021

[3] Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen -UNODC- Gobierno de Colombia. Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, 2021, pag. 13

[4] Diario EL PAIS de España. Juan Carlos Garzón, Bogotá, octubre 26 de 2022. Edición del jueves 27 de octubre

[5] UNODC, op.cit. p 22