El río de la vida
Por: Leonardo González P.
Indepaz, julio de 2023.
El conflicto armado ha generado todo tipo de víctimas, algunas colectivas como las que padecen desplazamientos forzados, genocidios como el de la Unión Patriótica-UP, masacres y confinamientos. Así mismo, también hay otras individuales como las víctimas de homicidio selectivo, desaparición forzada, secuestro, minas antipersona, extorsión, etc.
Pero todas las anteriores son personas, seres humanos, individuos reconocidos por la legislación penal como una “persona protegida por el DIH”. Sin embargo, recientemente se habla de la naturaleza como sujeto de derechos e incluso de garantías en el marco del conflicto armado. Esta nueva tipología de víctimas ha puesto a pensar a los juristas, los especialistas en legislación constitucional o en derecho penal sobre si es posible que un río, un oso o un árbol, sea un sujeto de derecho.
Esa discusión se presentó cuando la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 2016, reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Pero no ha sido fácil para los ríos, pues en casos como el río Quindío, el Consejo de Estado revocó parcialmente una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del trámite de una acción popular donde se pretendía declarar que el río Quindío “ostentara el trato de sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”.
Esta semana nos sorprendió con la noticia de que la JEP había acreditado como víctima al río Cauca en el Caso 05, el cual prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, por las acciones sucedidas en el marco del conflicto armado. El alto tribunal sostiene que el río Cauca se utilizó como fosa común de los grupos paramilitares con el apoyo de miembros de la fuerza pública, con quienes existió una alianza en el Cauca y el Valle del Cauca. Además, se vertieron químicos usados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas.
La JEP reconoce que el río Cauca, a pesar de ser uno de los más importantes del país y desempeñar un papel crucial en la economía y el ecosistema de la región, ha sufrido graves consecuencias debido a la presencia de grupos armados en sus rondas.
Los grupos armados han utilizado el río Cauca como una vía estratégica para el transporte de armas, drogas y otros recursos ilícitos. Además, han llevado a cabo actividades como la extorsión a los habitantes locales y la explotación de recursos naturales, lo que ha generado un impacto negativo en el río y en las comunidades que dependen de él. Otro aspecto importante a destacar es el desplazamiento forzado de comunidades que viven cerca del río Cauca. Las comunidades ribereñas han sido víctimas de amenazas, violencia y despojo de tierras por parte de los grupos armados. Esto ha llevado a un éxodo masivo de personas que han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en otras áreas del país, generando una crisis humanitaria.
Uno de los principales problemas que ha padecido el río Cauca ha sido la contaminación. Los grupos armados y los sectores productivos han utilizado el río como un lugar para desechar residuos tóxicos provenientes de la producción de drogas ilícitas, de la minería ilegal, la industria extractiva y la agroindustria. Esto ha generado una grave contaminación del agua y del suelo, descendiendo tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades que utilizan el agua del río para consumo humano y agrícola. Lo anterior, sin indagar a profundidad en lo relacionado con la intoxicación por glifosato y otras sustancias con que los gobiernos han intentado diezmar los cultivos ilícitos.
Pero quizás un aspecto importante que determinó la decisión de la JEP para acreditar al río como víctima es por el caso de La Balsa, un corregimiento de Buenos Aires al norte del Cauca, al cual los paramilitares del Bloque Calima, al mando de HH y enviados desde los poderes locales a “limpiar” la zona, decidieron radicarse desde el 2000 hasta su “desmovilización” en este pequeño poblado, sometiendo a sus habitantes a una de las peores pesadillas que el conflicto reciente puede recordar. Además de violar a las mujeres y asesinar a quien se opusiera a su presencia, decidieron que La Balsa fuera el lugar donde llevaban a sus víctimas para asesinarlas, y para que no se “calentara la zona”, tiraban sus cuerpos al río con el fin de desaparecerlos. Fueron más de 5 años de constante sufrimiento para la región donde el río recibía y se llevaba el odio que emanaba el paramilitarismo.
Tuvieron que pasar muchos años para que la comunidad, en especial las mujeres, volvieran al río y le pidieran perdón. Tenían que sanarlo, que dejara de ser el símbolo de muerte para se convirtiera de nuevo en el río de la vida. Es así como hasta el 2019 floreció este proceso de perdón y resignificación del río.
Probablemente para muchos sea absurdo que un río tenga tratamiento de víctima o que sea sujeto de derechos. Pero estoy seguro que para las mujeres de La Balsa es algo apenas lógico.
Fotos: Leonardo González P. Taller en el corregimiento La Balsa, 2019
Video Fundación Tierra de Paz. Documental: “La Balsa Un Territorio de Resiliencia” (minuto 4.46)
