Estimado lector: En la presente columna señalo que, dada la campaña ciudadana, de ambientalistas, académicos, Consejos de afrodescendientes y demandas de “consulta previa” (proceso jurídico que no ha concluido), las obras militares en la Isla Gorgona con muelle de 182 metros, grandes depósitos de combustible e incluso la instalación del radar, han permanecido de hecho paralizadas. Por esto, quienes visitan la isla no encuentran aún construidas las obras militares previstas desde el proyecto original…
Como conclusión de su visita oficial (noviembre de 2025), el director de la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres, Carlos Carrillo, en un vídeo de amplia difusión, afirma que la base militar que denuncian es una “base militar fantasma”… y sobre la financiación de las obras afirma que ya no la aportan los gringos, ni para el radar, ni para nada. Todo indica que (sólo con dinero de Colombia, dice ahora), todas las obras militares se mantienen. Nada dice sobre la “consulta previa” a los pueblos del litoral…
La polémica está encendida. En esta columna me refiero a los aspectos más destacados de la historia de este proyecto militar, iniciado en la administración de Juan Manuel Santos en cooperación con el Comando Sur de los EEUU, para ser operado por colombianos, en función de intereses geopolíticos de ese país en la región. El actual gobierno colombiano asume el proyecto y se dispone a su implementación. Por razones que aquí explico, luego hace varios giros en su discurso y hasta hoy niega a comunidades y Pueblos étnicos del litoral el derecho de “consulta previa” y su vínculo ancestral con la Isla Gorgona.
Concluyo en la columna: En especial las comunidades y sus iniciativas jurídicas han exigido que se respete el frágil medio natural (donde las obras militares pueden generar serios impactos sociales y el riesgo de ecocidio, como lo señalan entidades científicas mencionadas), y que se garanticen los derechos de soberanía, territorialidad y maritorio, de los pueblos y su intervención decisoria sobre políticas del Estado, medidas administrativas y obras, que afecten sus derechos. Sin más vueltas, el gobierno podría liquidar la “licencia ambiental” vigente y cancelar las inconvenientes obras militares en la isla, mediante medida administrativa explícita que de certeza y confianza.
Darío González Posso – Bogotá 5 de diciembre de 2025
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