Bogotá, 13 de febrero de 2021

Diego Otero Prada

Quieren privatizar a EPM. La actual disputa es más profunda que una simple pelea personal entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y Álvaro Uribe y el Grupo Empresarial Antioqueño-GEA.

Se están enfrentando dos visiones sobre el manejo de las empresas públicas: la neoliberal y la progresista.

El gran dolor de cabeza de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OECD es que hacer con las empresas públicas, donde la oposición a su privatización es muy fuerte.

La solución que se inventaron los neoliberales fue la idea del gobierno corporativo, que es una forma perfecta de privatización sin hacerse a los activos.

La idea es la de prohibir que las empresas públicas sean dirigidas por los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y ministros. No deben estos agentes del ejecutivo ser miembros de las juntas directivas ni ningún tipo de funcionarios públicos, sino que todas las juntas directivas deben ser integradas por personas del sector privado, pero, eso sí, por representantes de los grandes grupos económicos, nada de representantes de sindicatos, de asociaciones civiles, de miembros de gremios de profesionales o de representantes de los usuarios.

Por otra parte, esta idea del gobierno corporativo significa que los dueños de las empresas, es decir, el estado, no deben participar en ninguna decisión, que los gerentes o presidentes nombrados por las juntas directivas integradas por sectores de las clases dominantes, no pueden ser interferidos en nada, ni en políticas de la empresa ni en nombramientos ni en directrices. O sea, perfecta privatización sin hacerse al capital. Que fácil.

Ejemplo claro y para gusto de los organismos internacionales lo que hizo la alcaldesa Claudia López con las tres empresas de servicios públicos, Energía, Acueducto y Alcantarillado y Telecomunicaciones. La alcaldesa no está en las juntas directivas, sus miembros provienen en un 70 por ciento de egresados de la universidad de los Andes, en general gente de derecha, neoliberal, que han trabajado en el sector financiero o en el sector privado colombiano, en organismos internacionales y con posgrados en los Estados Unidos.  Los gerentes fueron nombrados por las respectivas juntas directivas, sin vinculaciones políticas con corrientes alternativas. Solo uno que otro subsecretario se nombró en las juntas directivas, pero sin ningún poder, ya que son minoría.

Este es un ejemplo perfecto de lo que se llama gobierno corporativo, aplicado por una candidata de un movimiento supuestamente progresista, pero que sigue las orientaciones de la derecha internacional y se congracia con las clases bogotanas, que no votaron por ella, entre otras.

En Medellín se está dando esta pelea, entre la visión del llamado gobierno corporativo y otra postura diferente, la del alcalde Daniel Quintero, correcta en su oposición al GEA, y nombró a miembros de la sociedad civil: tres vocales de control de servicios públicos domiciliarios, dos ingenieros, tres abogados, un exalcalde y una educadora, personas no vinculadas a las grandes empresas nacionales ni internacionales ni a organismos financieros. Fue un gran paso adelante, aunque le faltó nombrar otros funcionarios públicos De todas maneras, qué diferencia con Bogotá.

La visión progresista apunta a empresas públicas manejadas por el sector público, presididas por los alcaldes, gobernadores, ministros o funcionarios públicos de alto nivel, integradas por representantes de los trabajadores y empleados de las empresas, representantes de los usuarios (industriales, comerciales, financieros, …), funcionarios públicos y profesionales de alto nivel escogidos de listas presentadas por las agremiaciones de profesionales como la ACIEM que congrega a más de 15 000 profesionales de todo tipo altamente calificados.

¿Quién dijo que las empresas públicas deben ser manejadas por los intereses privados? ¿Quién dijo que el GEA es el dueño de la EPM? Ni tampoco las empresas de Bogotá ´pueden ser dueñas de los sectores privados de derecha y neoliberales. Entonces, un gobierno de izquierda debe dar un salto cualitativo y orientar a las empresas públicas para servir los intereses de la nación y no la de unos pocos empresarios privados.

Respaldo al alcalde Medellín en su pelea con la derecha uribista y la oligarquía de Medellín. Ojalá piense en llevar a la junta directiva a representantes de los trabajadores y los empleados de EPM. Pero, hay que reconocerlo, dio un gran salto con lo que había, una empresa secuestrado por un grupo económico.