GINEBRA (25 septiembre 2020) – Colombia debería suspender algunas de sus operaciones en una de las mayores minas de carbón del mundo porque está dañando gravemente el medio-ambiente y la salud del pueblo indígena más numeroso del país y la está volviendo más vulnerable a COVID-19, dijo hoy un experto en derechos humanos de la ONU.

“Hago un llamado a Colombia para que implemente las directivas de su propia Corte Constitucional para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu del resguardo indígena Provincial contra la contaminación de la enorme mina El Cerrejón y en contra de COVID-19”, dijo David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente. “Al menos durante la pandemia, las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca del resguardo indígena de Provincial, deberían suspenderse hasta que se pueda demostrar que sea seguro”.

Respirar aire contaminado y no tener acceso a suficiente agua limpia pone a la gente en mayor riesgo de enfermarse, dijo Boyd, añadiendo que, durante la pandemia de coronavirus, esto puede volverse una amenaza mortal. “La ciencia está clara; las personas que viven en zonas que han experimentado los niveles más altos de contaminación del aire – como la de los alrededores de la mina El Cerrejón – se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19”, dijo.

A pesar de una orden judicial del pasado diciembre que ordenaba a las autoridades colombianas y a los propietarios de la mina El Cerrejón que mejoraran la calidad del aire y redujeran los daños de la mina a los residentes, no se ha hecho lo suficiente para proteger a los miembros de la comunidad Wayúu en el resguardo indígena de Provincial. El Tribunal determinó que la empresa había perjudicado la salud de los residentes del resguardo indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería.

El Cerrejón, la mayor mina a cielo abierto de América Latina, limita con las tierras comunales protegidas de la comunidad Wayúu, en el Departamento de La Guajira, en el noreste del país. La empresa minera, Cerrejón, es operada independientemente y pertenece en partes iguales a las filiales de las empresas mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore.

Los residentes que viven cerca de la mina, en particular en el resguardo indígena de Provincial, sufren dolores de cabeza, molestias nasales y respiratorias, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa como resultado de la explotación minera a cielo abierto que se lleva a cabo las 24 horas del día, los siete días de la semana, utilizando maquinaria pesada y explosivos. Las explosiones hacen que las casas se sacudan y propulsen el polvo de carbón al aire, al agua y al suelo.

La minería y el transporte a lo largo de las vías férreas, también propiedad de la empresa, emiten partículas finas llamadas PM 2,5, invisibles para el ojo humano. Este contaminante puede causar asma, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, hipertensión y cáncer, daños en la piel y los ojos, abortos y nacimientos prematuros, pero sólo se empezó a medir en 2018, después de que la mina ya había estado en funcionamiento durante 35 años.

La mina Cerrejón es también el mayor contaminador de agua de la región. La compañía no sólo desvía y utiliza un gran número de arroyos y afluentes, sino que también vierte agua contaminada con metales pesados y productos químicos. En respuesta a esto, la compañía ha ayudado a llevar agua a los residentes, pero Boyd dijo que la contaminación del agua había negado a las comunidades de acceso al agua potable en primer lugar. “Esto ha hecho que la comunidad Wayúu dependa más de la fuente alternativa de agua y las ha dejado más expuestas al riesgo de COVID-19”, dijo.

“Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda hacerse segura”. “Exhorto además a la empresa minera a que aumente sus esfuerzos para evitar que se produzcan más daños a las personas y también a que garantice que quienes hayan sufrido un impacto negativo tengan acceso a un remedio eficaz”.

El llamamiento del experto ha sido respaldado por Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Anita Ramasastry (Presidente), Sr. Dante Pesce (Vicepresidente), Sr. Surya Deva, Sra. Elżbieta Karska y Sr. Githu Muigai, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, Olivier De Schutter, Relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos et Francisco Cali Tzay,

Relator Especial Sobre los derechos de los pueblos indígenas.

FIN

Dr. David R. Boyd fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos et el medio-ambiente por un término de tres años comenzando el 1 de agosto 2018. Él es profesor adjunto de derecho, políticas y sostenibilidad en la Universidad de Columbia Británica. Boyd es titular de un Doctorado en Gestión de Recursos y Estudios Medioambientales de la misma universidad, una Licenciatura en derecho de la Universidad de Toronto y una Licenciatura en Ciencias Empresariales de la Universidad de Alberta. A lo largo de su carrera ha sido director ejecutivo de la organización Ecojusticia, ha comparecido ante el Tribunal Supremo de Canadá y ha desempeñado el cargo de asesor especial de sostenibilidad del Primer Ministro Paul Martin.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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