Natalia Orduz Salinas
Investigadora del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz)
INTRODUCCIÓN
El propósito político de diseñar e implementar una transición energética viene de años atrás. Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque avanzaron en normas, políticas y proyectos que promueven energías renovables en Colombia, y en compromisos de disminuir la emisión de gases efecto invernadero, especialmente en el marco de la NDC. El actual gobierno ha priorizado la transición energética como una de sus apuestas principales y ha enfatizado en que su sello característico consistirá en que la transición efectivamente contribuya a superar la dependencia de los combustibles fósiles y que sea justa.
Todavía no existe un consenso sobre el significado del adjetivo “justa” en la transición energética. La J (como llamaremos en adelante a los contenidos del adjetivo “justa”) de la transición energética es un compromiso del gobierno nacional y también una demanda de pueblos, comunidades y movimientos territoriales, étnicos y ambientales del país. Todavía están en construcción los contenidos mínimos de esta J, de tal manera que se traduzcan en responsabilidades claras del sector minero energético y en una expectativa realista de la ciudadanía, los pueblos y las comunidades.
La J surge como una necesidad de que la transición no sólo sea un cambio de matriz energética con menos emisiones, sino que no se reproduzcan los esquemas extractivistas en la implementación de nuevos megaproyectos renovables. La transición podría así no sólo ayudar a cumplir los objetivos climáticos y ambientales, sino también al restablecimiento y cumplimiento de derechos que han sido con frecuencia vulnerados por políticas y proyectos extractivos del sector minero energético, como los derechos al ambiente sano, a la salud, a la participación, a la distribución equitativa de beneficios, entre otros.
El actual gobierno ya ha expedido algunos documentos de planeación importantes en los que ha comenzado a darle algunos contenidos a la J, y a involucrarla en mayor o menor grado en sus propósitos políticos, sus diagnósticos e instrumentos de planeación. Este texto rastrea el significado y alcance de la J en dos ejercicios de planeación de la transición energética: el Plan Energético Nacional 2022-2052 y la Ruta de Transición Energética publicada por el Ministerio de Minas y Energía.
En primer lugar, se identifican algunas definiciones que ambos documentos hacen de la J, y posteriormente, se analizan los documentos por separado. Con base en las definiciones y categorizaciones que los mismos documentos hacen de la J, este texto analiza su aplicación en los instrumentos de diagnóstico y planeación. En particular, se toma como referencia las categorías sobre J que incluye la Ruta de Transición Energética, que contempla tres dimensiones y cuatro enfoques:
| Dimensiones | Enfoques |
Climática Ambiental Energética | De reconocimiento Procedimental Distributiva Restaurativa |
El énfasis del análisis son las garantías que brinda la J a las comunidades directamente afectadas por las políticas, planes y proyectos de transición energética. El texto concluye que ambos documentos (el PEN y la Ruta) sí establecen un compromiso político con la J y le brindan contenidos relevantes, así como categorías muy útiles para el análisis. Sin embargo, todavía es necesario que el gobierno defina con más claridad cuáles son los significados y alcances de J, para así poderla incluir de manera sistemática entre sus objetivos de la política, como variable en los diagnósticos y ejercicios de prospección, y como elemento central de sus políticas. Este texto alerta que la concreción de la J y su aplicación en todas las etapas tempranas de diagnóstico y planeación de la Transición Energética todavía es débil y que es necesario un esfuerzo adicional para que no se quede solamente en un plano enunciativo.
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