Balance de la política de transición energética del actual gobierno por Natalia Orduz Salinas

,

Balance de la política de transición energética del actual gobierno

Por: Natalia Orduz Salinas, investigadora de Indepaz

  1. La dos crisis

La diversificación de las fuentes de energía es una realidad mundial, impulsada en parte por la necesidad climática de dejar atrás los combustibles fósiles, pero también porque los yacimientos que quedan son cada vez más difíciles y costosos de explotar en términos financieros, ambientales y sociales. Al ser la energía un factor medular de las economías, la crisis energética implica una “disputa por el reordenamiento de la hegemonía en el planeta” que, sin duda generará, como en el caso de Ucrania, “una nueva etapa en la guerra por la energía, por los minerales críticos y su utilización para un nuevo reparto impuesto por los pactos militares geoestratégicos” (González Posso, 2023).  

Colombia no es ajena a este reordenamiento global. El giro hacia nuevas formas de producción de energía se viene trazando desde el gobierno de Juan Manuel Santos. En el de Iván Duque hubo una expansión de desarrollos normativos y de promoción y autorización de nuevas tecnologías y proyectos. En este texto se presentan las narrativas y apuestas novedosas del gobierno de Gustavo Petro, y se presentan algunos retos que enfrentan en su diseño e implementación.

  • La promesa de dejar atrás los combustibles fósiles

La crisis climática es un tema central en los distintos discursos políticos de Petro, pronunciados en espacios nacionales y especialmente en los internacionales, en los que ha invitado a un reordenamiento del sistema financiero mundial, de tal manera que pueda efectuarse una especie de Plan Marshall, de manera planificada y multilateral, para superar la crisis, descarbonizar las economías y preservar la vida. Para el presidente, el liderazgo lo deben tener los Estados, para lo cual es fundamental que se alivien sus deudas. En la COP28, el gobierno anunció su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y el Gobierno de Colombia, con el de Francia y Kenia lanzaron un panel de expertos para analizar la reestructuración del sistema financiero para permitir que los países puedan desarrollar todas las acciones climáticas necesarias sin la limitación de la deuda externa.

En el foro de Davos, Petro ratificó que en Colombia no se autorizarían nuevos proyectos de exploración de combustibles fósiles. Esta medida ha sido cuestionada por varios sectores, que argumentan que el aporte de gases efecto invernadero de Colombia es mínimo, y que, en cambio, los recursos provenientes de estos recursos son necesarios para la economía. Otros expertos señalan que en Colombia son cada vez más escasos y costosos los nuevos descubrimientos de hidrocarburos, por lo que es más sensato aprovechar los que ya están en operación, priorizar sus usos y canalizar las inversiones a las tecnologías renovables que tienen un futuro más promisorio. En el caso controvertido del gas, el 84% del que tenemos en Colombia está en sólo diez campos, por lo que es muy improbable encontrar yacimientos nuevos (Gómez Orozco, 2023).

La gran promesa de gas natural se encuentra en los yacimientos costa afuera. A noviembre de 2023, había 11 contratos de exploración[1] (Valora Analitik, 2023), entre ellos Gorgon y Uchuva. El Consejo Permanente de Transición Energética muestra, sin embargo, con base en estimaciones financieras de RystadEnergy sobre escenarios de los precios del gas en el futuro, que los rendimientos financieros de ambos proyectos podrán ser negativo. Esto podría ser un detrimento patrimonial, porque las inversiones las haría Ecopetrol y, para que los precios para los consumidores internos no sean muy elevados, el Estado tendría que dar subvenciones; todo esto sin contar los enormes gastos en infraestructura necesarios, con el riesgo de que “estos yacimientos podrían convertirse en activos bloqueados debido a su alto costo de extracción y perspectivas de producción no comercial”. (Picciariello, Bois von Kursk, Geddes, & Gómez Orozco, 2023, pág. 10).

El gobierno asegura que el abastecimiento se logrará en gran medida con la explotación de estos campos costa afuera y con posibles alianzas con PDVSA y suministro de gas venezolano. En cambio, el gobierno apoya la prohibición total del fracking y la explotación de yacimientos no convencionales que se debate en el Congreso. El borrador sometido a consultas del articulado de la Ley Minera prohíbe la contratación para la exploración y explotación de carbón térmico. 

  • La brecha entre las proyecciones y la práctica en las energías renovables

La transición energética implica dejar paulatinamente los combustibles fósiles y reemplazarlos con otras fuentes de energía. Dada la crisis energética global, el avance tecnológico, la caída de los precios de los insumos – y sobre todo los beneficios tributarios y procedimentales que Colombia les ha otorgado a las empresas que los promueven (Ley 1715 de 2014 y 2099 de 2021)- hay un crecimiento vertiginoso del interés de realizar estos proyectos en el país. Según las estimaciones de la Unidad de Planeación Minero Energética, en los próximos años habría un crecimiento acelerado de la puesta en marcha de estos proyectos.

Dentro de los proyectos registrados a enero de 2024, los solares no sólo son los más numerosos, sino los que más energía van a producir. La razón es que los proyectos eólicos en general son más costosos y los pueden promover sólo empresas grandes. Los departamentos en los que se concentrará gran parte de la producción energética serán Antioquia y La Guajira. La primera, con los proyectos hidráulicos (entrada en funcionamiento de Hidroiguango) y la segunda, principalmente por los proyectos eólicos y solares. Los demás proyectos estarían distribuidos en otros departamentos.

Sólo 73 proyectos eólicos registrados producirían 8522.4 MW, mientras 1076 proyectos solares registrados responderían por 11224.7MW. La mayoría de los proyectos eólicos son de gran escala y se encuentran en El Caribe, principalmente en La Guajira. En cambio, los solares están más distribuidos geográficamente. Sin embargo, también en los solares gran parte de la producción de energía estaría concentrada en sólo algunos proyectos: a mayo de 2023, el 30.8% de ellos abarca 82% de la capacidad total” (González Posso, 2023, pág. 27).

En la práctica, los proyectos no han avanzado al ritmo esperado. Un estudio de Ser Colombia, Asociación Energías Renovables, sobre 78 proyectos solares y dos de eólicos que debían entrar en operación entre el 2023 y 2024, señala que el 35% avanza según los planes, pero el otro 65% tiene retrasos por trámites pendientes ante distintas autoridades (ambientales, ante la UPME, Invías, ANI alcaldías etc.) o han enfrentado conflictos socioambientales, especialmente en La Guajira (Ser Colombia. Asociación Energías Renovables, 2023).

En este departamento, se tienen proyectados 57 proyectos eólicos en tierra y en el mar que tendrían 2833 aerogeneradores, ocuparían 52 mil hectáreas y tendrían una capacidad instalada de 12.8 GW (Colombia consume hoy unos 17GW). En 2019, Indepaz denunció las violaciones a los derechos a la consulta previa libre e informada de estos proyectos  (Barney & González Posso, 2019) y en 2023, alertó sobre la vulneración de derechos de los pueblos indígenas con los siete proyectos costa afuera, que avanzan sin consideraciones a la pesca artesanal, los impactos sobre el turismo y en general sobre el ecosistema (Barney, Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayuu, 2023). El potencial eólico en este departamento ha sido promovido sin tomar en consideración de manera responsable al pueblo wayúu, lo que por supuesto ha generado conflictos y retrasos o interrupciones indefinidas para la puesta en marcha de los proyectos y de las líneas de trasmisión.

Los proyectos solares están avanzando con más fuerza. En la última subasta de cargo por confiabilidad, el 99% de la energía asignada es solar. Esto llevará a que la energía renovable pasará de ser el 3% al 26% en 2027 nuestra matriz eléctrica. Estos proyectos están distribuidos en 18 departamentos y tendrían un despliegue importante en Córdoba, Cundinamarca, Santander y Atlántico (El Espectador, 2024).

Este gobierno promueve también la producción de hidrógeno verde a partir de la energía renovable (solar y eólica). Esta alternativa ha sido ampliamente cuestionada por ser muy atractiva en la teoría, pero inviable en la práctica por su bajísima eficiencia energética y sus enormes costos financieros, ambientales y sociales. Algunos análisis muestran que podrá ser una solución marginal para mercados de muy alta gama que quieran tener este sello “verde”, pero no una alternativa real a los combustibles fósiles (Orduz Salinas, 2024 y todavía no rueda el prometido bus de hidrógeno verde en Bogotá, 2024).

Para Camilo González Posso, tal como se proyecto actualmente la transición energética se tiende a imponer un “colonialismo de tecnología ciega protegida por el secreto, por régimen de patentes y entrada de paquetes de maquinaria y equipo sin transferencia científica ni técnica que puedan dar autonomía o soberanía energética. (González Posso, 2023, pág. 49).

  • La justicia en la transición

Tampoco es del todo claro qué pasará con la energía producida. A pesar del gran potencial de renovables en La Guajira, no se tiene previsto que estos proyectos aporten energía al departamento y a su población. Todavía hacen falta lineamientos sobre la distribución de las cargas y beneficios de la transición energética y cómo se evitará que aumenten las condiciones desfavorables de grupos ya vulnerables y se asegurará la soberanía energética de toda la población.

La transición energética es una oportunidad para no sólo descarbonizar la economía, sino para reorientar el sector minero energético hacia un modelo distinto al extractivismo. Una transición entendida en estos términos no sólo debe revisar los impactos de este sector en términos de carbono, sino de justicia ambiental y derechos humanos. El gobierno actual se ha comprometido a darle un carácter justo a la transición energética. Sin embargo, una revisión detallada de algunos instrumentos de planeación como el Plan Estratégico Minero y la Ruta de Transición Energética muestran que el gobierno aún no ha definido un contenido mínimo y, por lo tanto, exigible, del componente de justicia, y que tampoco ha desglosado las variables de este concepto que deben hacer parte de los diagnósticos, de los análisis y de los objetivos de su política (Orduz Salinas, 2024) .

Las comunidades energéticas se erigen como una gran oportunidad para comunidades puedan gestionar su propia energía. El gobierno expidió el decreto 2236 que les da viabilidad y abrió una convocatoria para postulaciones. Su meta es llegar a 20 mil de estas comunidades en los años del gobierno. Sin embargo, la normatividad vigente y los documentos públicos de política no muestran un análisis claro de los mecanismos que garantizarán la sostenibilidad financiera, ambiental y social de estos proyectos en el mediano y largo plazo de tal manera que garanticen la autonomía energética, sin trasladar a la comunidad la responsabilidad del Estado como garante de la prestación de los servicios públicos.

El actual gobierno tiene apuestas novedosas con el potencial de enrutar al país a dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles y transitar hacia formas justas, democráticas y diversas de producción y uso de la energía. Sin embargo, como dice el dicho, “si fallas al planificar estás planificando fallar”, es importante que los instrumentos de planeación de la transición mitiguen el riesgo de una nueva ola de extractivismo energético, pero ahora verde, y potencien la posibilidad de alternativas energéticas renovables en clave de derechos. De lo contrario, y pese a las buenas intenciones, la transición estará en manos de unas pocas empresas transnacionales y las apuestas comunitarias serán anecdóticas.

Bibliografía

Barney, J. (2023). Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayuu. Indepaz, Heinrich Böll Stiftung.

Barney, J., & González Posso, C. (2019). El viento del este llega con revoluciones. Indepaz y Heinrich Böll Stiftung.

El Espectador. (16 de 2 de 2024). Para 2027, el 26 % de la energía producida en Colombia sería solar y eólica.

Gómez Orozco, A. (2023). Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia: ¿debemos seguir invirtiendo en exploración de hidrocarburos? Censat Agua Viva y Cosnejo Permanente para la Transición Energética.

Gómez, A., Orduz, N., Proyecto NN, & Valenzuela, A. (2021). La Baraja Solar. Heinrich Böll Stiftung y Proyecto NN.

González Posso, C. (2023). La explosión solar en Colombia. Bogotá: Indepaz.

Orduz Salinas, N. (31 de 1 de 2024). 2024 y todavía no rueda el prometido bus de hidrógeno verde en Bogotá. 070.

Orduz Salinas, N. (2024). La J en los instrumentos de planeación de la Transición Energética. Bogotá: Indepaz.

Picciariello, A., Bois von Kursk, O., Geddes, A., & Gómez Orozco, A. (2023). Perspectivas del gas en Colombia. The International Institute for Sustainable Development y Consejo PErmanente para la Transición Energética Justa.

Ser Colombia. Asociación Energías Renovables. (2023). Proyecciones de energías Renovables 2023-2024.

Valora Analitik. (24 de 11 de 2023). Eta es la realidad de los proyectos de gas y Ecopetrol y sus socioes en el Caribe Colombiano.


[1] Valora Analitik, Esta es la realidad de los proyectos de gas y Ecopetrol y sus socios en el Caribe Colombiano, 14 de noviembre de 2023.

,