Por Natalia Orduz Salinas. Investigadora de Indepaz.
El Espectador informó recientemente que el gobierno está a punto de expedir un paquete reglamentario de los mercados de carbono en Colombia (Quintero Díaz, 2024). El reto es enorme: estos mercados, en particular los proyectos REDD+, operan desde hace al menos una década en medio de un enorme vacío normativo y se implementan en regiones con escasa presencia del Estado y, en cambio, de actores armados en contextos de vulnerabilidad socioeconómica y conflictos ambientales. Este texto intenta brindar algunas reflexiones y recomendaciones para que la inminente reglamentación de REDD+ realmente contribuya a evaluar y, en lo posible, mejorar (o al menos dar claridad sobre) su aporte a la mitigación y adaptación de la crisis climática y para que el Estado intervenga en clave de política pública y como garante de derechos humanos.
3 respuestas a “Regulación de REDD+ en clave climática y de derechos humanos”
[…] Latina, consideramos que los mercados de carbono no se autorregulan y, que en consecuencia, el Estado debe asumir una función proactiva en su regulación y la vigilancia de su implementación. Este fallo, fruto de una tutela presentada por el Consejo […]
[…] Regulación de REDD+ en clave Climática y de Derechos HumanosNatalia Orduz Salinas, Indepaz, 20 de septiembre de 2024“Este texto intenta brindar algunas reflexiones y recomendaciones para que la inminente reglamentación de REDD+ realmente contribuya a evaluar y, en lo posible, mejorar (o al menos dar claridad sobre) su aporte a la mitigación y adaptación de la crisis climática y para que el Estado intervenga en clave de política pública y como garante de derechos humanos”. […]
[…] Regulación de REDD+ en clave Climática y de Derechos HumanosNatalia Orduz Salinas, Indepaz, 20 de septiembre de 2024“Este texto intenta brindar algunas reflexiones y recomendaciones para que la inminente reglamentación de REDD+ realmente contribuya a evaluar y, en lo posible, mejorar (o al menos dar claridad sobre) su aporte a la mitigación y adaptación de la crisis climática y para que el Estado intervenga en clave de política pública y como garante de derechos humanos”. […]