21 de enero de 2016, Heemskerk

En el día de hoy, en una reunión en los Países Bajos, pequeños agricultores de cannabis, coca y amapola provenientes de 14 países* discutieron sus contribuciones a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que se llevará a cabo en Nueva York entre el 19 y el 21 de abril de 2016. En la UNGASS se discutirán todos los aspectos de las políticas mundiales de control de drogas, incluyendo la prohibición mundial sobre el cultivo de coca, cannabis y amapola, tema en que demandamos, como Foro Mundial de Agricultores, que nuestra voz sea escuchada y tomada en cuenta.

Considerando que:

1. Hasta la fecha, los representantes de pequeños agricultores de plantas prohibidas y las comunidades afectadas no han sido tomados en cuenta adecuadamente en los debates internacionales sobre políticas de drogas.

2. Existen contradicciones e inconsistencias inherentes en la aplicación del control internacional de drogas, incluidos programas de Desarrollo Alternativo, y los tratados de derechos humanos que priman sobre los tratados en materia de drogas. Las agencias de la ONU y los Estados miembros de la ONU están ligados a cumplir sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas para promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos (…) y la efectividad de tales derechos y libertades”.

3. El anterior Foro de Agricultores contribuyó a la evaluación de las Naciones Unidas respecto al objetivo perdido de alcanzar un mundo libre de drogas para 2009. La Declaración Política de la ONU adoptada en aquel entonces estableció el 2019 como la nueva fecha meta “para que los Estados eliminen o reduzcan considerable y mensurablemente” los cultivos ilícitos de amapola, coca y cannabis.

4. Tomando en consideración los problemas enfrentados por las comunidades donde dichas plantas son cultivadas, el Foro de Agricultores discutió los siguientes puntos:

a) políticas de control de cultivos y erradicación forzosa;

b) usos tradicionales, medicinales y modernos de las plantas controladas;

c) desarrollo rural sostenible;

d) drogas y conflicto.

Conclusiones

1. La erradicación forzosa – incluida la química, biológica, manual o cualquier otra forma – de los cultivos producidos por pequeños agricultores es contraria a los derechos humanos, causa diversos conflictos, expande la frontera agrícola, genera degradación ambiental, causa inseguridad alimentaria y destruye las estrategias de sobrevivencia de la economía rural. Agrava los problemas sociales – así como los problemas relativos a salud, seguridad interna, incremento de la pobreza –, permite el desplazamiento de poblaciones afectadas, deslegitimiza a las instituciones del Estado, militariza a las comunidades locales y es una forma de intervención no democrática, fuerza a quienes han sido impactados a buscar estrategias de sobrevivencia en otras actividades económicas informales e ilícitas y en algunos casos empuja a la gente a tomar decisiones radicales. Finalmente, la erradicación forzosa es contraproducente con respecto al desarrollo sostenible.

2. La inclusión de las tres plantas en los tratados internacionales en materia de drogas impide el reconocimiento de los usos tradicionales y modernos,* y la habilidad para obtenerlas legalmente. No todas las personas tienen acceso a los usos médicos y el mercado está controlado por la industria farmacéutica. En algunos países, las leyes reconocen los usos tradicionales y usos médicos. Los usos nutricionales y otras formas de industrialización de estas plantas no han sido ampliamente promovidos, a pesar del hecho de existir muchos ejemplos de iniciativas comunales e institucionales que demuestran los beneficios de tales usos. Los usos recreativos de estas plantas están completamente prohibidos a pesar de que un creciente número de países está viendo cómo regular dichos mercados. Los productores, sus dirigentes, usuarios y sus organizaciones continúan siendo estigmatizados, criminalizados y encarcelados.

3. Las estrategias de desarrollo rural deben promover la agricultura de pequeña escala. La mayoría de los participantes en el Foro de Agricultores no fueron beneficiarios del Desarrollo Alternativo u otras formas de asistencia. Aquellos que sí han tenido experiencias con programas de Desarrollo Alternativo afirman que los mismos han fracasado ampliamente en mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Los principales problemas han sido la falta de implicación de las comunidades en el diseño, la planificación y ejecución de las intervenciones; marcos de corto plazo; asistencia técnica inadecuada; fomenta la corrupción y los fondos no llegan a los beneficiarios indicados; fallas en tomar en cuenta perspectivas de género; los cultivos usados para el Desarrollo Alternativa afectan de forma negativa al medio ambiente y no promueven la soberanía alimentaria, al centrarse en los monocultivos y fomentar el acaparamiento de tierras para grandes empresas; y la falta de acceso sostenible a la tierra, mercados y tecnologías. El condicionamiento de la asistencia al desarrollo previa erradicación deja a las gentes sin fuentes de ingresos, empujándolas nuevamente hacia la agricultura de cultivos ilícitos. Los actuales programas de Desarrollo Alternativo no incluyen su cultivo para fines lícitos.

4. La prohibición de la coca, el cannabis y la amapola genera conflictos, y las personas y comunidades que cultivan son criminalizadas, discriminadas y procesadas penalmente. Los diferentes niveles de conflicto que existen tienen sus orígenes tanto en las políticas de control de drogas como en el mismo mercado de drogas. Los conflictos y la violencia son causados por las intervenciones de autoridades del Estado (fuerzas armadas y policiales), a través de los actos de erradicación u otras intervenciones; la presencia de grupos armados y de guerras internas; divisiones étnicas y disputas territoriales y fronterizas; acceso y control de la tierra; acceso al agua y a otros recursos naturales/bienes comunes; corrupción; migración y desplazamiento; sobrecarga del sistema judicial; tráfico ilegal de armas y precursores, y tala ilícita; y desempleo, entre otros.

Recomendaciones

1. Rechazamos la guerra contra las drogas y la prohibición.

2. Exigimos que se retire la coca, el cannabis y la amapola de las listas y artículos de la Convención Única de 1961 y de la Convención de 1988. Ninguna planta debería ser controlada bajo las Convenciones de las Naciones Unidas ni por las legislaciones nacionales. Demandamos el derecho al cultivo para el uso tradicional y moderno** de estas plantas.

3. Pedimos la eliminación de todas las formas de erradicación no voluntaria.

4. Demandamos que todas las comunidades afectadas estén involucradas en todas las etapas de las políticas de drogas y de desarrollo, desde el diseño a su implementación, monitoreo y evaluación.

5. En el caso de que la reducción de cultivos sea deseable y factible, necesita ser gradual y consensuada vía diálogo y acuerdo con las comunidades afectadas, basado en la confianza y el respeto mutuo.

6. El condicionamiento de erradicación previa a la asistencia al desarrollo no es aceptable. Las secuencias apropiadas en las intervenciones son fundamentales para su éxito.

7. El desarrollo rural integrado y sostenible debe ser la principal intervención para las comunidades que producen dichos cultivos. El desarrollo debe promocionar y proteger la vida de los pequeños agricultores y trabajadores rurales, y garantizar el acceso a la tierra y los bienes comunes naturales, así como el control de estos.

8. El Estado y sus instituciones deben asumir responsabilidades para identificar las necesidades de las comunidades involucradas en el cultivo de coca, cannabis y amapola.

9. Exigimos el cese del procesamiento penal de los agricultores y sus familias involucrados en el cultivo de coca, cannabis y amapola, y su discriminación.

10. La coca, el cannabis y la amapola y su uso en formas naturales no deben ser criminalizados.

11. La expansión de mercados lícitos de coca, cannabis y amapola debe llegar a ser parte de las estrategias de desarrollo.

12. Apoyamos los procesos de paz en Colombia y Myanmar, que deberían ser incluyentes.

* Albania, Bolivia, Colombia, España, Guatemala, Indonesia, Jamaica, Marruecos, México, Myanmar, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica.

** Uso tradicional entendido como ceremonial, religioso y medicinal tradicional. Uso moderno se refiere a usos recreativos, alimentarios y de automedicación.

 

Heemskerk, 21 January 2016

Today in a meeting in The Netherlands, small scale farmers of cannabis, coca and opium from 14 countries* discussed their contribution to the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS), to be held in New York from 19 to 21 April 2016. The UNGASS will discuss all aspects of global drug control policies, including the worldwide ban on the cultivation of coca, poppy and cannabis, an issue the Global Farmers Forum demands that their voices be heard and taken into account.

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 Considering:

1. To date representatives of small farmers of prohibited plants and affected communities have not been adequately taken into account in international debates on drug policy.

2. Inherent contradictions and inconsistencies exist in the application of international drug control, including Alternative Development programs and human rights treaties, which take precedence over the drug control treaties. UN agencies and UN member states are all bound by their obligations under the Charter of the United Nations to promote “universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms.”

3. A previous Farmers Forum provided input to the UN evaluation of the missed target of reaching a drug-free world by 2009. The UN Political Declaration adopted at the time established 2019 as a new target date to “eliminate or reduce significantly and measurably” the illicit cultivation of opium poppy, coca bush and cannabis.

4. Taking into account the problems faced by the communities where these plants are cultivated the Farmers Forum discussed the following issues

• Crop control policies and forced eradication;
• Traditional, medicinal and modern uses of controlled plants;
• Sustainable rural development;
• Drugs and conflict

 

CONCLUSIONS

1. Forced eradication – chemical, biological, manual or any other form – of crops produced by small farmers is contrary to human rights, causes diverse forms of conflict, expands countries’ agricultural frontier, leads to environmental degradation, causes food insecurity and destroys rural economic survival strategies. It aggravates social problems – as well as problems related to health and internal security — increases poverty, leads to displacement of affected populations, delegitimizes state institutions, militarizes local communities and is a form of undemocratic intervention, forcing those impacted to seek survival strategies in other informal or illicit economic activities and in some cases pushes people to take more radical positions. Finally, forced eradication is counterproductive with regards to sustainable development.

2. The inclusion of the three plants in the international treaties impedes the recognition of both traditional, and modern uses** and the ability to obtain them legally. Not all people have access to medicinal uses and the market is controlled by the pharmaceutical industry. In some countries, laws recognize traditional and medicinal uses. Nutritional uses and other forms of industrialization of these plants have not been widely promoted, despite the fact that there are many examples of community and institutional initiatives that demonstrates the benefits of such use. Recreational use of these plants is completely prohibited even as an increasing number of countries seek to regulate these markets. Producers and users and their organizations, communities and leaders continue to be stigmatized, criminalized and incarcerated.

3. Rural development strategies must promote small-scale agriculture. Most participants in the Farmers Forum have not been beneficiaries of Alternative Development or other forms of assistance. Those who have had experiences with Alternative Development programmes affirm that these have largely failed to improve the livelihood of affected communities. The main problems have been the lack of community involvement in the design, planning and execution of the interventions; short-term time-frames; inadequate technical assistance; foments corruption and funding does not reach the intended beneficiaries; failure to take into account a gender perspective; the use of alternative crops negatively impact the environment and do not promote food sovereignty but focuses on mono-cropping, fostering land grabbing for big companies, and a lack of sustained access to land, markets and technologies. The conditioning of development assistance on prior eradication leaves people without sources of income, pushing people back into illicit crop cultivation. Present Alternative Development programs do not envisage the cultivation for licit purposes.

4. The prohibition of coca, cannabis and opium poppy generates conflicts, as the people that grow them are criminalized, their human and cultural rights are violated, they are discriminated against and legally prosecuted. The different levels of conflict that exist have their origins in both drug control policies and the drugs market itself. Conflicts and violence are caused by the interventions of state authorities (police and armed forces), through eradication acts or other interventions; the presence of armed groups and internal wars; ethnical divisions and territorial and border disputes; access to and control of land; access to water and other natural resources/common goods; corruption; migration and displacement; the overload of the judicial system; the illegal trade in arms and precursors and illicit logging; unemployment, amongst others.

 

RECOMMENDATIONS

1. We reject prohibition and the war on drugs.

2. We demand the removal of coca, cannabis and opium poppy from the lists and articles in the 1961 UN Single Convention and the 1988 Convention. No plant should be a controlled drug under the UN Conventions or national legislation. We claim the right to cultivation for traditional and modern uses of these plants.

3. We call for the elimination of all forms of forced and non-voluntary eradication.

4. We demand that all affected communities should be involved in all stages of drug policies and development, from the design to its implementation, monitoring and evaluation.

5. In case crop reduction is desirable and feasible it needs to be gradual and reached in dialogue and agreement with the affected communities, based on mutual respect and confidence.

6. The conditioning of development assistance on prior eradication is unacceptable. The proper sequencing of development interventions is fundamental to its success.

7. Integrated sustainable development should be the main intervention for crop producing communities. Such development should promote and protect the livelihoods of small scale farmers and rural workers, and should guarantee access to and control over land and common goods.

8. The state and its institutions will need to assume responsibility to address the needs of the communities involved in cultivation of coca, cannabis and opium poppy.

9. We demand that the farmers and their families involved in the cultivation of coca, cannabis and opium should not be prosecuted by criminal law, or discriminated against.

10. Coca, cannabis and opium poppy and their use should not be criminalized.

11. The expansion of licit markets of coca, cannabis and opium poppy should become part of development strategies.

12. We support the peace process in Colombia and Burma, which should be inclusive.

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*Albania, Bolivia, Colombia, Spain, Guatemala, Indonesia, Jamaica, Morocco, Mexico, Myanmar, Paraguay, Peru, St. Vincent and the Grenadines and South Africa.

**Traditional use understood as ceremonial, religious, traditional medicinal. Modern is recreational, alimentary, and medicinal.