Por Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Abril, 2025
En 2019, documentamos en detalle los impactos sociales y territoriales de la expansión minera en La Guajira, particularmente los procesos de reasentamiento forzoso promovidos por Cerrejón desde inicios del siglo XXI. Desde entonces, han pasado seis años y las condiciones que enfrentan las comunidades de Roche, Tamaquito II, Patilla, Chancleta y Las Casitas no han mejorado sustancialmente. Las promesas de vida digna y proyectos productivos quedaron, en su mayoría, sin cumplir.
La operación minera en el sur de La Guajira continúa siendo presentada como motor de desarrollo. Sin embargo, desde las comunidades el balance es otro: deterioro progresivo de las condiciones de vida, pérdida del territorio, división interna inducida, violencia institucional y desarraigo cultural. Los informes contratados por la propia empresa –como el realizado por TRUST en 2016– reconocieron algunos impactos negativos, pero minimizaron lo más profundo: la ruptura del vínculo con la tierra y la erosión del tejido social.
Las afectaciones van más allá del reasentamiento: hablamos de un territorio profundamente transformado, donde las corrientes de agua han sido desviadas, la vegetación nativa sustituida por estériles, y el aire contaminado por material particulado afectando la salud de niños y adultos.
Indepaz ha acompañado desde 2008 a varias de estas comunidades en sus procesos de negociación, documentación, exigencia de derechos y verificación del cumplimiento. Hemos sido testigos de cómo las viviendas entregadas se agrietaron por fallas geotécnicas ignoradas, cómo los proyectos productivos fracasaron por falta de acompañamiento, y cómo los supuestos beneficios fueron condicionados a la aceptación del desarraigo. La estrategia de la “torta” –dividir para reasentar menos– sigue siendo una práctica vigente, que erosiona la unidad comunitaria y obstaculiza la reparación integral.
A 2025, urge una evaluación honesta del modelo de reasentamiento implementado en La Guajira. ¿Ha mejorado la vida de las personas afectadas? ¿Se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada? ¿Se cumplió con los estándares de protección y reparación establecidos por la Corte Constitucional, la OIT y los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos?
No puede hablarse de transición energética ni de responsabilidad ambiental mientras se siga ignorando la deuda social, territorial y ecológica con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitaron históricamente estos territorios. La reconfiguración del espacio guajiro al servicio del carbón ha significado, para muchos, el confinamiento, la simplificación y el silenciamiento.
Desde Indepaz reafirmamos la necesidad de construir una política pública de reparación integral para las comunidades reasentadas, de garantizar la verdad sobre los impactos del modelo extractivo y de avanzar hacia una justicia territorial que reconozca que el territorio no es un recurso más, sino la base de la vida colectiva.
