Prórroga de un mes del cese al fuego con el EMBF: Impactos y Perspectivas

Por. Observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz

Antecedentes del Cese al Fuego con el EMBF

El Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” y Frente “Raúl Reyes” de las FARC-EP (EMBF) es una facción disidente de la antigua guerrilla FARC que se separó del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias “Iván Mordisco”. Esta facción, bajo el mando de alias “Calarcá” (Alexander Díaz), entabló diálogos de paz con el gobierno de Colombia en el marco de la política de Paz Total. En octubre de 2023 se instaló formalmente una mesa de diálogo en Tibú, Norte de Santander, junto con un cese al fuego bilateral que fue calificado como la tregua más larga alcanzada en este proceso (duró alrededor de 18 meses, con renovaciones periódicas). Durante este periodo de cese al fuego, ambas partes avanzaron en acuerdos parciales sobre protección de civiles, acciones humanitarias y proyectos de transformación territorial en zonas afectadas por el conflicto.

A inicios de abril de 2025, se acercaba la fecha de expiración del cese al fuego vigente (15 de abril de 2025). En una reunión extraordinaria (12-13 de abril en La Macarena, Meta), las delegaciones del Gobierno y del EMBF consensuaron solicitar una prórroga de seis meses del cese al fuego, al considerar que ese tiempo era “necesario para cumplir con los compromisos en cuanto a transformaciones territoriales y de economías ilegales, revitalización de la selva, protección a la población civil, formalización de tierras y transición a actividades productivas y sociales sin armas por parte de los integrantes del EMBF”. Sin embargo, la decisión final sobre extender la tregua recaía en el presidente Gustavo Petro.

Decisión: Prórroga de Solo un Mes

El 16 de abril de 2025, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz notificó por escrito la decisión del Gobierno de no prorrogar el cese al fuego bilateral en los términos solicitados. Esta comunicación oficial activó de inmediato los protocolos de fin de tregua: se reactivaron órdenes de captura contra integrantes del EMBF (excepto negociadores reconocidos) y se dio a las partes 72 horas para replegarse a posiciones seguras. No obstante, el Gobierno recalcó que “la decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral no implica la suspensión ni el fin de la mesa de diálogos de paz, ni afecta los reconocimientos como representantes del EMBF”. Es decir, se buscó mantener vivo el proceso de paz a pesar de no extender la tregua en las condiciones originales.

Pocas horas después de anunciar la no renovación de la tregua, el presidente Petro tomó una medida intermedia: publicó en su cuenta de X (Twitter) partes del Decreto 448 de 2025 –acompañado del mensaje “Que sea la paz”– ordenando la suspensión de las operaciones militares ofensivas y especiales de la Policía contra los integrantes del EMBF hasta el 18 de mayo de 2025. En otras palabras, aunque no se amplió formalmente el cese al fuego por seis meses como pedían las partes, sí se estableció una prórroga corta, de un mes, de la suspensión de hostilidades por parte de la Fuerza Pública. El decreto, firmado el 17 de abril por el Presidente y el Ministro de Defensa, dispone que la medida rige desde el 18 de abril hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025. Durante este periodo, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se abstendrán de operaciones ofensivas contra las estructuras del EMBF, que incluyen el Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”, el Bloque “Jorge Suárez Briceño” y el Frente “Raúl Reyes”, entre otras subestructuras listadas en el mismo decreto.

Esta prórroga excepcional de solo un mes surgió “de manera paralela al anuncio de la negativa de prorrogar” la tregua de manera amplia. En la práctica, se traduce en mantener un cese al fuego temporal pero condicionado. El Gobierno no quiso denominarlo una extensión automática de la tregua anterior, sino más bien una nueva suspensión de operaciones bajo sus propios términos. De hecho, el presidente Petro resaltó la necesidad de que esta medida sirva para impulsar la paz: “Que sea la paz”, escribió al divulgarla.

Razones de una Prórroga Tan Limitada

La decisión de otorgar únicamente un mes de cese al fuego adicional (en lugar de los seis meses solicitados) obedeció a varias razones de fondo, relacionadas con el desempeño de la guerrilla durante la tregua y con consideraciones de seguridad y política:

• Condicionalidad y cumplimiento insuficiente: El Gobierno había dejado claro previamente que cualquier ampliación de la tregua estaría “condicionada al cumplimiento de acuerdos y protocolos fijados en la negociación”. Al término del periodo vigente, los mecanismos de monitoreo y verificación evaluaron la situación y, según fuentes oficiales, los resultados no eran plenamente satisfactorios. Esto implica que se identificaron incumplimientos o situaciones preocupantes por parte del EMBF durante el cese al fuego. Si bien no se detallan públicamente todos los hallazgos, se sabe que hubo denuncias de comunidades sobre afectaciones al orden público durante la tregua que estaban pendientes de revisión conjunta. La Oficina del Comisionado de Paz advirtió que la continuidad de la medida dependía de esas evaluaciones, y al parecer la conclusión fue que no estaban dadas las condiciones para una extensión larga.

• Hechos de violencia y seguridad en territorios: A pesar del cese al fuego con el Estado, la situación de seguridad en algunas regiones siguió siendo crítica. En particular, el EMBF estuvo envuelto en enfrentamientos con el ELN en la región del Catatumbo (Norte de Santander) a inicios de 2025, lo que desató una grave crisis humanitaria. Esos combates “casi a diario” entre el Frente 33 del EMBF y el ELN por el control territorial resultaron en poblaciones confinadas y desplazamientos masivos. De hecho, entre enero y marzo de 2025 se contabilizaron unos 16.800 civiles confinados y casi 60.000 desplazados en el Catatumbo debido a la “nueva guerra” entre esa disidencia y el ELN. Estos incidentes ocurrieron durante la vigencia de la tregua con el Gobierno, lo que generó críticas y alarmas. La Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana advirtiendo de “graves riesgos para la población civil derivados de la expansión y/o confrontación armada” entre las disidencias del EMBF (Calarcá) y las del EMC de Iván Mordisco. En este contexto, el Gobierno podría haber considerado que mantener una tregua prolongada mientras el grupo continúa combatiendo a otros actores y provocando crisis locales mina el propósito del cese al fuego (proteger a la población). Limitar la prórroga a un mes envía la señal de que se requieren mejoras inmediatas en la conducta del EMBF en los territorios, so pena de volver a la ofensiva militar.
• Prevención de fortalecimiento armado: Autoridades regionales y analistas temían que un cese al fuego demasiado prolongado sin controles pudiera ser aprovechado por la guerrilla para reorganizarse, reclutar o expandir su control territorial. La gobernadora del Meta, por ejemplo, reaccionó con cautela a la noticia, recordando que los diálogos de paz son una oportunidad para acabar la guerra “pero jamás un espacio para permitir que los grupos armados al margen de la ley se fortalezcan”. Esta perspectiva sugiere que dentro del Gobierno había preocupación de que seis meses adicionales de tregua, sin una verificación estricta, consolidaran al EMBF militarmente. La prórroga corta de un mes, en cambio, limita ese posible margen de maniobra: es un periodo breve en el cual el grupo difícilmente puede aumentar significativamente su capacidad armada, y más bien se ve obligado a concentrarse en cumplir compromisos si desea futuras extensiones.

• Incumplimientos específicos y desconfianza: Durante los meses previos ocurrieron episodios que erosionaron la confianza del Gobierno. Uno de los negociadores del EMBF, Willington Henao (“Mocho Olmedo”), fue detenido con fines de extradición en febrero de 2025, y otros cuatro miembros (los llamados “presos de Anorí”) fueron capturados en julio 2024 por violar protocolos de seguridad. La guerrilla exigía la participación de estos detenidos en el proceso (incluso condicionar su asistencia al VII ciclo de diálogos a la presencia de “Olmedo” y los demás), creando tensiones. Desde la óptica gubernamental, estas exigencias y hechos –sumados a denuncias de que el EMBF continuaba actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal para financiarse – sembraron dudas sobre la buena fe de la facción. Por ello, el Gobierno optó por una estrategia de prudencia: no conceder de inmediato una prórroga amplia, sino probar la voluntad de paz del EMBF en un plazo corto.

En resumen, la prórroga limitada a un mes refleja una posición de equilibrio delicado del Gobierno. Por un lado, no accedió plenamente a lo solicitado por la contraparte (mostrando firmeza ante los incumplimientos y dejando abierta la opción de retomar operaciones militares). Por otro lado, evitó una ruptura total: al mantener, aunque sea un cese temporal, dio al proceso una ventana adicional para reconducirse. Este enfoque busca asegurar que cualquier extensión más allá de mayo esté respaldada por hechos tangibles (desescalamiento real, concentración de unidades guerrilleras, cese de hostilidades con otras fuerzas, etc.). El alto comisionado de paz, Otty Patiño, había anticipado que la continuidad de la tregua dependería de dichas condiciones, y efectivamente así se procedió.

Impacto en el Proceso de Paz

La decisión de una prórroga tan corta ha tenido efectos ambiguos sobre el proceso de paz con el EMBF:

• Fragilidad e incertidumbre: Analistas señalan que, al no renovarse plenamente el cese al fuego, el proceso entra en una fase frágil, donde aumenta el riesgo de confrontaciones armadas y desconfianza mutua. Un cese al fuego estable se considera clave para generar un ambiente propicio de negociación; al reducirlo a 30 días, se transmite que la continuidad está en entredicho. Existe la posibilidad real de que, si en ese lapso no hay avances claros, la tregua termine definitivamente y las partes vuelvan a enfrentarse en el campo de batalla, esta vez mientras intentan seguir dialogando, lo que complicaría enormemente las conversaciones.
• Presión para resultados inmediatos: Desde otra perspectiva, la medida añade sentido de urgencia al proceso. El EMBF ahora tiene pocas semanas para demostrar su compromiso con la paz. Esto podría acelerar ciertas acciones positivas: por ejemplo, preagrupamiento de combatientes en zonas acordadas (el decreto menciona facilitar la ubicación del Bloque Gentil Duarte en el Catatumbo como paso hacia la vida civil), mayor disciplina en el cese de actividades ilícitas, y un esfuerzo por reducir tensiones con otras organizaciones armadas. Ambas partes han manifestado la intención de que el proceso llegue pronto a un punto de “no retorno”, y paradójicamente esta situación límite podría incentivarlos a lograr acuerdos concretos rápidamente para salvar la negociación.
• Continuidad de la mesa de diálogos: Importante resaltar que, a pesar de la incertidumbre, las conversaciones no se han suspendido. El Gobierno confirmó que los negociadores del EMBF mantienen su estatus y sus órdenes de captura siguen suspendidas para fines de diálogo. De hecho, se programó el VII ciclo formal de negociaciones para mayo de 2025 (en Villavicencio, del 18 al 24 de mayo). Esto indica que ambas partes quieren continuar negociando un acuerdo final. La prórroga de un mes, entonces, puede verse como un compás de espera negociado: el proceso de paz sigue vivo, pero bajo evaluación estricta. En palabras de un analista, “la no prórroga… deja el proceso de paz en una situación frágil”, pero no lo rompe. El reto es que las pláticas avanzarán con el telón de fondo de una posible reactivación del conflicto, lo cual exige reconstruir confianzas rápidamente.

• Señal política mixta: La decisión envía señales distintas a diferentes audiencias. Hacia la opinión pública y sectores críticos, el Gobierno muestra que no es ingenuo con las disidencias y que está dispuesto a endurecer su postura si no hay seriedad por parte del grupo armado. Hacia las comunidades y sectores pro-paz, se transmite que aún se apuesta por el diálogo (dado que no se canceló del todo la tregua). Esta doble lectura ha generado debate: algunos ven acierto en “apretar” a la guerrilla, mientras otros advierten que terminar la única tregua vigente con disidencias sería un revés para la paz territorial. En la práctica, el Gobierno de Petro ha mantenido abierta la puerta del proceso, pero dejando claro que la paciencia no es infinita.

Efectos en la Seguridad de los Territorios

La seguridad en las regiones donde opera el EMBF se ve directamente afectada por la naturaleza y duración del cese al fuego. Con la prórroga de solo un mes, los impactos a considerar son:

• Posible reanudación de hostilidades: Si tras el 18 de mayo no hay una nueva extensión, la Fuerza Pública podrá reanudar operaciones ofensivas contra el EMBF. Esto implica que zonas que habían experimentado una reducción de enfrentamientos entre militares y guerrilla podrían volver a ser escenario de combates. Municipios en Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y otras áreas mencionadas en la negociación serían las más afectadas. De hecho, el Gobierno ya tenía planes de intensificar la ofensiva contra la otra disidencia (la de Iván Mordisco) y, de no mediar tregua, podría hacer lo mismo con el grupo de Calarcá. La sola expectativa de esta situación genera tensión en las comunidades locales y en las propias tropas guerrilleras, lo que eleva el riesgo de incidentes armados incluso antes de vencerse el plazo (por errores, provocaciones o desconfianza).

• Continuidad de conflictos intergrupales: Cabe señalar que la violencia no estatal (entre grupos armados ilegales) ha seguido ocurriendo, independientemente de la tregua con el Gobierno. El caso del Catatumbo ya descrito –enfrentamientos EMBF vs ELN– es ilustrativo. Una tregua bilateral limitada con el Estado no necesariamente detiene esos choques. Si el EMBF buscaba usar la tregua de seis meses para consolidar control en ciertos territorios, su disputa con el ELN podría escalar aún más en ausencia de una mediación. Las comunidades de zonas donde coinciden presencia del EMBF y del ELN u otros grupos (por ejemplo, sur de Bolívar, frontera entre Meta y Guaviare, etc.) temen quedar en medio de la lucha por territorio. La corta prórroga no brinda garantías de solución a estos conflictos; por el contrario, un futuro rompimiento total podría agravarlos si cada grupo trata de aprovechar el vacío de diálogo para ganar terreno.

• Operativos focalizados de la Fuerza Pública: Durante el mes de suspensión de operaciones, la Fuerza Pública estará limitada en sus acciones ofensivas contra el EMBF, pero no inactiva. Los comandantes militares probablemente usarán este tiempo para preparar operativos en caso de que la tregua finalice, ubicando objetivos, reforzando posiciones y protegiendo poblaciones en riesgo. Una vez liberados del cese al fuego (después del 18 de mayo si no hay prórroga), es esperable una embestida rápida en aquellos lugares donde el EMBF tenga fortines estratégicos, con el fin de “mantener el control del territorio y prevenir posibles represalias” contra la población civil. Esto puede traer un aumento temporal de la militarización y tensiones locales. Por el contrario, si el cese al fuego finalmente se prolonga, estos operativos quedarían en suspenso pero la sola preparación de los mismos indica que la situación es volátil.

• Monitoreo intenso de la tregua: Con una duración tan breve, el monitoreo del cumplimiento del cese al fuego durante este mes será más intenso y crítico que nunca. Cualquier incidente (por mínimo que sea) será escrutado. Las veedurías, incluyendo la Iglesia y organismos internacionales que actúan como garantes, estarán observando que el EMBF no incurra en actos ofensivos ni el Estado en provocaciones. Esto puede redundar en una relativa calma tensa en el corto plazo: ambas partes procurarán no ser quienes provoquen la ruptura antes de la fecha límite. En esencia, el mes de prórroga funciona como un período de “prueba” bajo la lupa nacional e internacional.

Situación de las Comunidades Afectadas

Las comunidades en las zonas de influencia del EMBF son, quizás, las más impactadas por la decisión de la prórroga corta:

• Alivio temporal vs. miedo al regreso de la violencia: Durante los meses de cese al fuego prolongado (finales de 2023 e inicios de 2024), muchas comunidades experimentaron un descenso en combates directos entre la guerrilla y el Estado, lo que se tradujo en una mejora relativa de la seguridad local. Hubo pobladores que pudieron moverse con menos temor y se redujeron ciertas acciones bélicas. La continuidad de ese respiro ahora solo está asegurada por unas semanas, lo que ha generado incertidumbre y ansiedad. Líderes sociales en regiones como el Catatumbo expresaron temor de “que vuelva a pasar lo de enero” (refiriéndose a desplazamientos masivos) ante la reciente reanudación de combates en su zona. Si la tregua colapsa tras mayo, los habitantes anticipan retornos de operativos militares, posibles enfrentamientos y retaliaciones de la guerrilla, con el consecuente riesgo para sus vidas y bienes. En contraste, una extensión más larga hubiera dado mayor sensación de estabilidad. En palabras de Leonardo González, director de Indepaz, la no extensión amplia “representa un serio revés para las comunidades… [implicando] el reinicio de hostilidades” y dificultando la presencia estatal en zonas históricamente golpeadas.
• Continuidad de programas sociales y humanitarios: Uno de los pilares del enfoque de Paz Total es llevar desarrollo y derechos a los territorios abandonados. Durante la vigencia del cese al fuego con el EMBF, el Gobierno y las comunidades lanzaron planes de transformación territorial en varias regiones priorizadas (Caquetá, Meta, Antioquia, Catatumbo, Sur de Bolívar, etc.), aprovechando la disminución de la confrontación. Según informes oficiales, en este tiempo se lograron avances en educación, derechos de las mujeres, protección ambiental, acceso a tierras y fortalecimiento institucional. Entre los logros destacados estuvieron: la delimitación del Parque Nacional Chiribiquete y acuerdos de conservación amazónica, reubicación y retorno de campesinos desplazados, constitución de Zonas de Reserva Campesina, entrega de tierras en la región del Yarí, el Pacto del Catatumbo por la no violencia, proyectos productivos lícitos con apoyo del SENA, y planes de sustitución de cultivos ilícitos. Las comunidades y organizaciones locales han sido parte activa de estos procesos. La limitación de la tregua a un mes pone en riesgo la continuidad de dichos programas: muchas de estas iniciativas requieren un entorno seguro y cooperación de la guerrilla para implementarse. Indepaz advirtió que el fin del cese al fuego “dificulta gravemente la implementación de programas sociales, ambientales y económicos del Estado en zonas donde la presencia institucional ya es débil o nula”. En el escenario de una ruptura, proyectos piloto podrían suspenderse y personal humanitario o estatal tendría que replegarse por seguridad, truncando esfuerzos de meses.
• Protección de líderes y población civil: Durante el cese al fuego, una cláusula clave era el “respeto a la población civil”. Las comunidades esperan que, incluso si la tregua formal termina, sigan vigentes compromisos humanitarios mínimos. De hecho, el Gobierno ha instado al EMBF a garantizar la vida y bienes de la población más allá de la tregua. No obstante, la historia del conflicto muestra que cuando se acaba un cese al fuego, suelen recrudecer amenazas contra líderes sociales y ocurrir retaliaciones en zonas donde la guerrilla acusa a habitantes de colaborar con el enemigo, o viceversa. La incertidumbre actual deja a líderes comunitarios en vilo: ¿deben continuar colaborando en proyectos de paz arriesgándose a quedar en medio si se rompe la tregua? ¿o resguardarse? Asimismo, la advertencia lanzada por las disidencias tras el anuncio gubernamental –en la que *“advirtieron” a la población civil que se alejara de las fuerzas del Estado para no salir afectada– generó preocupación (fue interpretada como amenaza velada). Las comunidades, en suma, se hallan entre la esperanza de la paz y el temor de la guerra, dependiendo de lo que ocurra en las próximas semanas.

• Participación comunitaria en la paz: Un punto positivo es que, en las reuniones de abril, la mesa de diálogo incluyó a líderes campesinos, indígenas y afros, y se acordó que la suspensión del cese al fuego “no tendrá incidencia sobre lo pactado en el encuentro en el que participaron líderes comunitarios”. Es decir, las comunidades mantienen su voz en el proceso y los compromisos locales (como siembra de árboles, defensa del territorio y sustitución de economías ilegales) siguen en pie. La expectativa es que, incluso con la tregua en revisión, el EMBF honre su palabra de no atentar contra la población y colabore en iniciativas como la recuperación ecológica (ej. plantar millones de árboles en el Parque Tinigua) y la sustitución de cultivos de coca. Si el grupo cumple en este mes con esas tareas en coordinación con las comunidades, podría generar confianza en la gente y al mismo tiempo dar argumentos al Gobierno para extender nuevamente el cese al fuego. Las comunidades, por tanto, juegan un rol crucial de veedor y beneficiario: de su situación y testimonio dependerá, en buena medida, la valoración sobre si la paz territorial avanza o retrocede.

Mecanismo de Evaluación y Continuidad de la Tregua

Dado que la suspensión de operaciones es solo por un mes, el Gobierno estableció formalmente cómo se decidirá su continuidad. El Decreto 448/2025 creó un “equipo para evaluación política” que examinará el 17 de mayo de 2025 los avances logrados con esta medida. Este equipo está integrado por el Alto Comisionado de Paz, un delegado del Ministerio de Defensa, un representante de la Fuerza Pública, así como miembros de ambas delegaciones de la mesa de diálogos. Su tarea es presentar recomendaciones al Presidente de la República sobre las acciones a seguir para la “continuidad de este proceso de paz”. En paralelo, se instituyó un mecanismo de comunicaciones entre las partes (Gobierno-EMBF) para manejar incidentes y evitar escaladas durante la tregua.

En términos prácticos, esto significa que antes de que venza la prórroga habrá una evaluación conjunta de:

• Cumplimiento de objetivos: ¿El EMBF respetó el cese al fuego al 100% durante el mes? ¿Se preagrupó alguna estructura en zonas acordadas (por ejemplo, en Catatumbo) facilitando su tránsito a la vida civil? ¿Se avanzó en las acciones humanitarias y de transformación (ej. proyectos productivos, protección ambiental) pactadas?

• Situación humanitaria y de seguridad: ¿Mejoró, se mantuvo o empeoró la seguridad de la población en las áreas bajo influencia del EMBF durante este mes? ¿Hubo denuncias de nuevos hechos violentos o, por el contrario, gestos positivos (liberación de secuestrados, cese de extorsiones, etc.)? También se evaluará si las Fuerzas Militares cumplieron con la orden de suspensión sin provocar enfrentamientos.

• Voluntad de diálogo: Se medirá el ambiente en la mesa de negociación, incluyendo si se pudo realizar con éxito el VII ciclo de diálogos planeado para mediados de mayo y si el EMBF mantuvo sus exigencias iniciales o mostró flexibilidad (por ejemplo, en el tema de los miembros detenidos).

Con base en estos factores, el 17 de mayo el equipo asesorará al presidente Petro. Escenarios posibles: (1) Si los avances son significativos y mutuos, recomendarán prorrogar nuevamente el cese al fuego (quizá por otro periodo corto o, si hay confianza, restaurar la extensión de varios meses). (2) Si el balance es mixto, podrían sugerir mantener la suspensión de operaciones, pero con ajustes o condiciones adicionales, o extender por unas semanas más para seguir evaluando (alargando la situación de “mes a mes”). (3) Si el panorama es negativo (incumplimientos graves), es probable que aconsejen no continuar con la tregua y preparar a la Fuerza Pública para reanudar plenamente las operaciones ofensivas a partir del 19 de mayo.

De la declaración oficial se desprende que el Gobierno valorará ante todo la protección de la población y el cumplimiento de lo acordado como criterios para decidir. El presidente tiene la potestad final: podría acoger las recomendaciones o incluso, políticamente, optar por prolongar la tregua si considera que cancelarla echaría por tierra el proceso de paz. Es decir, la evaluación no ocurre en el vacío, sino en un contexto donde Petro también enfrentará presiones de la sociedad civil pro-paz (que pedirá mantener la esperanza) y de sectores opositores o militares (que podrían pedir mano dura si no ven cambios en la guerrilla).

En resumen, la continuidad del cese al fuego más allá de mayo 2025 depende enteramente de lo que suceda en este periodo de prueba de 30 días. La creación del equipo evaluador muestra la intención de tomar una decisión informada y concertada con apoyo de los delegados de paz y Fuerza Pública, en lugar de una determinación unilateral. Esto coincide con el espíritu de la Paz Total, de involucrar a varios actores (civiles, fuerza pública, comunidad internacional) en las evaluaciones de los acuerdos. Se trata de una especie de “examen parcial” del proceso de paz del cual saldrá la nota que defina si se continúa con la “materia” del cese al fuego.

Comparativa de Escenarios: Prórroga Corta vs. Prórroga Larga

Para entender mejor las implicaciones, a continuación, se compara el escenario actual de prórroga limitada (1 mes) con el escenario hipotético de prórroga amplia (6 meses) que se había planteado:

Fuente: elaboración propia a partir de información oficial y análisis de prensa citados.

En esta comparativa se aprecia por qué el Gobierno optó por la prórroga corta: privilegiando el control y la verificación a corto plazo sobre las ventajas de una paz más prolongada pero incierta. Cada escenario tiene pros y contras marcados, y la elección de uno u otro refleja las prioridades del momento.

Conclusiones

La prórroga de solo un mes del cese al fuego con el EMBF es una apuesta arriesgada pero calculada. Permite no cerrar la puerta al diálogo, pero también evita otorgar un cheque en blanco a una guerrilla sobre la cual persisten dudas. En el corto plazo, esta decisión mantiene un respiro en los territorios hasta mediados de mayo de 2025 y concentra todos los esfuerzos en lograr avances rápidos en la mesa de negociaciones y sobre el terreno. Sin embargo, coloca al proceso de paz en una situación delicada: contrarreloj y con la amenaza latente de volver a la guerra abierta si los compromisos no se cumplen.

En cuanto al proceso de paz, el impacto es dual. Por un lado, la continuidad de las conversaciones está asegurada (ninguna de las partes se ha levantado de la mesa y ya preparan nuevos ciclos de diálogo). Por otro, las dinámicas de confianza se han visto golpeadas; la guerrilla EMBF tendrá que recalibrar sus expectativas al ver que el Gobierno Petro está dispuesto a endurecer su posición. La comunidad internacional y los garantes, que han acompañado discretamente este proceso (Naciones Unidas, la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal, entre otros), seguramente redoblarán su acompañamiento en este periodo crítico para evitar un quiebre definitivo.

En términos de seguridad y comunidades, el mes adicional de cese al fuego es un alivio bienvenido pero insuficiente. Las comunidades más afectadas claman porque esta “última tregua” no se esfume, ya que en juego están sus vidas y las mejoras tangibles que han empezado a ver con la presencia estatal en la región. Una líder del Catatumbo sintetizó la esperanza y el temor que coexisten: “Nos costó mucho volver a nuestra casa; ahora tememos que vuelva a pasar lo de enero”. Esa frase resume la encrucijada actual: se ha avanzado algo en restañar las heridas del conflicto, pero un revés podría desatar nuevamente la violencia y el desplazamiento que creían superados.

¿Por qué un mes y no más? Porque el Gobierno quiere certezas antes de comprometerse a fondo. En este sentido, el 17-18 de mayo de 2025 se vislumbran como fechas clave: allí se sabrá si el EMBF supo aprovechar esta oportunidad limitada para reafirmar su voluntad de paz o si, por el contrario, las dudas persistieron. Para entonces, el equipo de evaluación habrá entregado su veredicto, basado en evidencias y no solo en discursos. El presidente Petro deberá tomar una de sus decisiones más trascendentales en materia de paz: prolongar la suspensión de operaciones (con o sin modificaciones) o darla por terminada.

En cualquiera de los casos, es fundamental que las lecciones de esta prórroga corta queden aprendidas. Si hay extensión, será bajo condiciones mucho más claras y posiblemente con mecanismos de verificación reforzados para evitar repetir errores. Si no la hay, el proceso con el EMBF entrará en un compás difícil donde habrá que evitar que la puerta se cierre por completo. El Gobierno ha reiterado que la paz es política de Estado y que “no hay marcha atrás” en la búsqueda de la Paz Total, por lo que incluso un eventual rompimiento del cese al fuego no significaría necesariamente el fin del diálogo.

En conclusión, la prórroga de un mes ha sido un arma de doble filo: ha generado presión y oportunidad a la vez. Sus consecuencias se irán materializando conforme el calendario avance. En el mejor de los casos, este mes servirá para reencauzar el proceso y encaminarlo hacia acuerdos más sólidos, demostrando al país que la paz negociada con esta facción es posible. En el peor, podría marcar el inicio de una nueva escalada de violencia focalizada que haría más difícil lograr la paz completa que Colombia anhela. Las fuentes oficiales y observadores coinciden en que el escenario sigue abierto: “Los diálogos continúan”, y la pelota está tanto en la cancha del EMBF (que debe honrar sus promesas) como en la del Estado (que debe garantizar derechos en el territorio). La apuesta de un mes adicional de tregua es, en definitiva, un voto de confianza condicionado –un compás de espera para que la incipiente paz demuestre su viabilidad real en medio de décadas de desconfianza. El país estará pendiente de que, esta vez sí, “sea la paz”.

Fuentes consultadas

CambioColombia. (2025). Gobierno evalúa continuidad de la tregua con el EMBF.
https://cambiocolombia.com/articulo/actualidad/el-gobierno-no-prorroga-el-cese-al-fuego-con-una-faccion-de-las-farc

CNN/EFE. (2025). Preocupaciones sobre fortalecimiento de disidencias en medio de cese al fuego.
https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/16/petro-no-prorroga-cese-al-fuego-con-disidencias-de-las-farc-orix/

Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta temprana sobre la situación humanitaria en el Catatumbo.
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/alertas-tempranas/11153

El Espectador. (2025). Gobierno y EMBF acuerdan puntos de transformación territorial.
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/petro-y-disidencia-de-farc-de-calarca-piden-al-presidente-extender-el-cese-al-fuego-bilateral/

El Tiempo. (2025). Decreto 448 de 2025 sobre suspensión de operaciones ofensivas.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/gobierno-declara-no-prorrogar-cese-con-disidencia-de-farc-por-incumplimientos-849092

Indepaz. (2025). Informe sobre avances del cese al fuego con el EMBF.
https://indepaz.org.co/declaracion-sobre-la-no-prorroga-del-cese-al-fuego-con-el-embf/

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2025). Comunicado oficial sobre la prórroga del cese.
https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/Gobierno-no-prorroga-el-cese-con-EMBF.aspx

Presidencia de la República. (2025). Decreto 448 del 17 de abril de 2025.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-448-DEL-17-ABRIL-2025.pdf

Reuters. (2025). Evaluación de la situación de confianza en el proceso de paz.
https://www.reuters.com/world/americas/colombias-government-suspends-ceasefire-with-farc-faction-2025-04-17/

W Radio. (2025). Anuncio del VII ciclo de negociaciones entre Gobierno y EMBF.
https://www.wradio.com.co/2025/04/17/gobierno-y-disidencias-retomaran-dialogos-en-villavicencio/