La disputa por los jóvenes en Popayán

Leonardo González Perafán

Director de Indepaz

Popayán, Cauca – 20/05/2026

En Popayán, la guerra no siempre se expresa en grandes combates o hechos visibles. A veces se instala lentamente en las veredas, en los caminos rurales y en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes que crecen bajo la presión, el miedo y la presencia cada vez más cercana de actores armados ilegales.

La capital del Cauca no solo enfrenta dinámicas urbanas de criminalidad. Su ubicación estratégica la ha convertido en un corredor de movilidad y articulación para actores armados ilegales que operan entre municipios históricamente golpeados por el conflicto como El Tambo, Cajibío, Morales o Caldono. Y en medio de esa disputa territorial, los menores terminan siendo una de las poblaciones más vulnerables. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana de Inminencia 004-2025 y posteriormente en el Informe de Seguimiento 018-2026, donde se concluye que el escenario de riesgo se mantiene y que existe una alta probabilidad de continuidad de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Los riesgos ya no se limitan únicamente al reclutamiento forzado tradicional. Hoy las dinámicas son más complejas, más silenciosas y muchas veces más difíciles de identificar. En sectores rurales del municipio persisten condiciones de vulnerabilidad económica y social que facilitan que grupos armados ilegales busquen acercarse a adolescentes mediante mecanismos de presión, manipulación emocional o falsas promesas. Especialmente preocupante resulta la situación de mujeres adolescentes, quienes son expuestas a relaciones marcadas por el poder armado, la coacción y el control territorial.

El Informe de Seguimiento 018-2026 señala particularmente la presencia e influencia creciente del Frente Jaime Martínez del autodenominado Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) en los corregimientos rurales del noroccidente de Popayán, así como el riesgo de utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en medio de las dinámicas de expansión territorial y control armado advertidas desde la ATI 004-2025.

A esto se suma que Popayán funciona como punto de tránsito y apoyo logístico para estructuras armadas. Los menores pueden terminar siendo utilizados para actividades de mensajería, vigilancia, transporte de elementos, observación de movimientos de la fuerza pública o apoyo a economías ilegales. Muchas veces estas vinculaciones ocurren bajo amenazas, presión comunitaria o naturalización de la presencia armada.

La situación se agrava por la expansión de repertorios violentos en zonas rurales y periurbanas. La instalación de pancartas, propaganda armada y artefactos explosivos en vías transitadas por comunidades genera miedo permanente y normaliza la presencia de actores armados frente a niños y adolescentes. El propio Informe de Seguimiento documenta múltiples eventos relacionados con propaganda armada y artefactos explosivos en sectores rurales de Popayán durante 2025 y 2026, varios de ellos en zonas frecuentemente transitadas por las comunidades.

También preocupa la persistencia de economías ilegales en zonas rurales de Popayán, particularmente en corredores asociados a cultivos de uso ilícito y narcotráfico. Allí los menores quedan expuestos no solo a la violencia armada, sino a procesos de instrumentalización económica y social que debilitan sus proyectos de vida y sus entornos de protección.

Además, se ha identificado la circulación de panfletos amenazantes dirigidos incluso contra menores de edad, generando escenarios de miedo, desplazamiento y ruptura del tejido comunitario. El Informe de Seguimiento 018-2026 refiere incluso amenazas directas contra tres menores de edad en medio de la circulación de panfletos atribuidos a grupos armados ilegales.

Y quizás uno de los aspectos más preocupantes es que muchas comunidades siguen percibiendo una presencia institucional limitada, intermitente o insuficiente. En varios corregimientos rurales persisten denuncias sobre control territorial armado, mientras las respuestas estatales no logran consolidar entornos efectivos de protección para la niñez y adolescencia.

El crecimiento del microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas no solo impacta la seguridad urbana, sino que también expone a niños y adolescentes a una cultura narco cada vez más normalizada, donde el poder armado, el dinero fácil y ciertas estéticas asociadas al lujo y la violencia terminan convirtiéndose en referentes aspiracionales para muchos jóvenes.

Lo que ocurre en Popayán demuestra que el reclutamiento y la utilización de menores no son hechos aislados. Son el resultado de contextos de abandono, violencia prolongada, economías ilegales y control armado sobre los territorios. Por eso, enfrentar esta problemática requiere mucho más que operativos de seguridad. Exige una campaña seria dirigida a la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores y comunidad) para fortalecer escuelas y sus entornos, a las familias, empoderar las organizaciones comunitarias, brindar oportunidades a los jóvenes y garantizar mecanismos de protección territorial.

Porque cuando la guerra logra acercarse a los niños y adolescentes, no solo se pone en riesgo una generación: se compromete el futuro mismo de la sociedad.