Por Leonardo González P
Director de Indepaz
Hace unos días participé en el Festival de Cine de Jardín, Antioquia, en el panel “Memoria Histórica, construcción de imaginarios y representación”. La conversación giraba alrededor de los liderazgos sociales en Colombia y de la manera como hemos contado su historia. Mientras escuchaba las intervenciones y pensaba en las imágenes que solemos construir sobre quienes ejercen estos liderazgos, volvía una pregunta que todavía tenemos pendiente: ¿qué vemos realmente cuando vemos a un líder social?
Durante años hemos contado esta violencia a través de cifras: cuántos líderes y lideresas fueron asesinados este año, cuántos el anterior, en qué departamentos y en qué municipios. En Indepaz llevamos ese registro porque contar importa. Cada nombre que se registra impide que una muerte se pierda por completo en el anonimato y permite mostrar la dimensión de una violencia que, vista caso por caso, podría parecer aislada. Sin embargo, contar no siempre significa comprender, y una cifra, aunque sea indispensable para dimensionar el problema, no alcanza a mostrar todo lo que desaparece cuando asesinan a una persona que sostenía un proceso colectivo.
Cuando un líder social es asesinado solemos reconstruir su nombre, su organización, el lugar donde vivía, el cargo que desempeñaba y las circunstancias de su muerte. Publicamos su fotografía y decimos que era presidente de una Junta de Acción Comunal, autoridad indígena, líder campesino, defensor ambiental o integrante de una organización de víctimas. Después aparece otro nombre, otra fotografía y otra historia que se suma a la anterior. El riesgo es terminar construyendo una memoria compuesta por una sucesión de víctimas: una galería dolorosa de rostros que nos dice mucho sobre la violencia, pero no necesariamente sobre aquello que la violencia está destruyendo.
Por eso creo que debemos cambiar la pregunta. No preguntarnos solamente quién era el líder asesinado, sino qué proceso social existía detrás de esa persona, qué relaciones había construido, qué comunidad lo reconocía y qué luchas colectivas dependían, al menos parcialmente, de su presencia. Ningún líder social aparece solo ni se explica únicamente por sus características individuales. Su liderazgo es el resultado de una historia compartida, de vínculos construidos durante años y de una confianza que se sostiene en reuniones, asambleas, recorridos por el territorio y decisiones tomadas con otras personas.
Detrás de una presidenta de Junta de Acción Comunal hay vecinos que llevan años tratando de conseguir una carretera, un acueducto o una escuela; detrás de una autoridad indígena hay un cabildo, una historia territorial y formas propias de gobierno; detrás de un líder campesino puede haber una asociación que intenta sustituir cultivos, recuperar tierras o comercializar sus productos; y detrás de una defensora ambiental hay comunidades que protegen un río, un bosque o una montaña. Cuando asesinan a esa persona, entonces, el daño no termina en su cuerpo ni puede medirse únicamente por la pérdida de una vida.
Cuando asesinan a un líder social, el daño no termina con su muerte. Una organización puede quedarse sin quien la represente, una reunión puede dejar de hacerse, una reclamación de tierras puede detenerse y muchas personas pueden decidir no volver a participar por miedo. Poco a poco, una comunidad puede empezar a guardar silencio, no porque haya dejado de creer en lo que defiende, sino porque expresarlo públicamente puede ponerla en riesgo. Ese daño colectivo casi nunca aparece en las estadísticas.
El líder como protagonista
Un analista y fotógrafo de la Defensoría del Pueblo nos compartía que, en la fotografía, como en el cine, toda representación supone un encuadre. El fotógrafo elige qué entra en la imagen y, al hacerlo, también qué deja por fuera. Con los líderes sociales hemos construido muchas veces un encuadre demasiado cerrado: ponemos en primer plano al líder y dejamos a la comunidad fuera de campo, como si la historia pudiera explicarse a partir de una sola persona y como si el proceso colectivo que hizo posible su liderazgo fuera apenas el contexto de fondo.
Incluso cuando queremos dignificar a quienes han sido asesinados podemos caer en otra simplificación: convertirlos en héroes solitarios, en personas extraordinarias y excepcionales que enfrentaron por sí mismas a poderes enormes. Seguramente hay mucho de valentía en quienes ejercen estos liderazgos, pero la imagen del héroe individual también puede engañarnos, porque termina ocultando las relaciones que sostienen su trabajo y puede transmitir la idea de que la defensa de los derechos depende exclusivamente de personas excepcionales, en lugar de mostrarla como una práctica colectiva.
Los liderazgos sociales son, ante todo, relaciones. Existen porque hay comunidades que reconocen a alguien, organizaciones que toman decisiones, asambleas que discuten, vecinos que participan, mujeres que sostienen procesos, jóvenes que se organizan y personas que durante años construyen confianza. Por eso quizá necesitamos abrir el plano, mirar menos al individuo aislado y observar con mayor atención el tejido social que lo rodea, las capacidades que se han construido y las formas de participación que permanecen incluso después de que una de sus figuras más visibles ha sido asesinada.
Comunidades que no son solamente víctimas
Hay además otro imaginario que deberíamos revisar. Con frecuencia contamos los territorios atravesados por el conflicto armado únicamente desde lo que los actores armados hacen sobre ellos: un grupo llega, otro disputa el territorio, aparecen amenazas, confinamientos, desplazamientos y homicidios. Todo eso ocurre y debe ser contado, porque ocultarlo o minimizarlo sería una forma adicional de violencia. Pero si nuestra historia termina ahí, las comunidades aparecen como sujetos pasivos de una guerra protagonizada por otros, como poblaciones que únicamente reciben los efectos de decisiones tomadas por actores armados, empresas o instituciones.
Y no lo son. En medio de enormes presiones, las comunidades toman decisiones, crean guardias indígenas, cimarronas y campesinas, fortalecen juntas de acción comunal y construyen mecanismos de autoprotección. Dialogan cuando necesitan hacerlo, se niegan cuando pueden hacerlo y buscan preservar espacios propios frente a actores armados, economías ilegales, empresas y también frente al Estado. Estas acciones no siempre ocurren en condiciones de libertad plena, pero expresan capacidades de organización y formas de resistencia que no deberían desaparecer de nuestros relatos.
No siempre existe autonomía completa. En muchos territorios las decisiones comunitarias están atravesadas por amenazas, miedo, influencia o coacción armada. Precisamente por eso debemos observar esos procesos con cuidado y evitar una lectura que confunda automáticamente la actuación de una comunidad con la voluntad del actor armado que tiene presencia en su territorio. Reconocer la capacidad de acción de las comunidades no significa desconocer las restricciones que enfrentan, sino comprender que incluso bajo esas restricciones las personas y las organizaciones intentan conservar márgenes de decisión, proteger a sus integrantes y defender aquello que consideran fundamental para su vida colectiva.
La memoria histórica debería ayudarnos también a recuperar esa capacidad de acción. No debería limitarse a registrar quiénes fueron asesinados, quiénes fueron desplazados o qué hechos violentos ocurrieron, sino que tendría que reconstruir las decisiones que las comunidades tomaron antes, durante y después de esos acontecimientos. También debería preguntarse qué estrategias desarrollaron para permanecer en el territorio, cómo reorganizaron sus asociaciones, qué formas de solidaridad construyeron y qué hicieron para que la violencia no tuviera la última palabra.
Infraestructura democrática
En el Festival de Cine de Jardín planteé una idea que quisiera seguir defendiendo: los líderes sociales son infraestructura democrática. No lo digo como una metáfora decorativa, sino para señalar una función concreta que cumplen en muchos territorios del país. En buena parte de Colombia, especialmente donde las instituciones estatales son débiles o llegan de manera intermitente, son los liderazgos comunitarios quienes conectan a la población con el Estado, convocan reuniones, tramitan conflictos, acompañan a las víctimas, gestionan proyectos, defienden bienes comunes, reclaman derechos y mantienen vivas formas básicas de participación.
Cuando uno de esos liderazgos desaparece, algo de esa infraestructura se rompe. No se pierde únicamente una persona con determinadas capacidades, sino también una red de relaciones, una memoria organizativa y una forma de interlocución que puede haber tardado años en construirse.
Un líder social no suele ser asesinado simplemente por ser líder. Muchas veces la violencia busca frenar aquello que esa persona representa y está ayudando a construir: la creación de un consejo comunitario, la ampliación de un resguardo indígena, la implementación del Acuerdo de Paz, un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, la defensa de los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI, la protección de un río, la restitución de tierras o cualquier otra iniciativa que modifica relaciones de poder, cuestiona intereses o fortalece la capacidad de una comunidad para decidir sobre su territorio y su futuro.
Por eso, cuando hablamos de protección, no basta con preguntarnos cómo protegemos a la persona amenazada. También tenemos que preguntarnos cómo garantizamos que el proceso que esa persona representa pueda continuar. Si asesinan a quien impulsa la creación de un consejo comunitario, la respuesta no puede limitarse a proteger a quien asuma su liderazgo: hay que garantizar que el consejo pueda constituirse. Si amenazan a quienes promueven la sustitución de cultivos, hay que garantizar que la sustitución pueda realizarse. Si el riesgo surge por defender un río, hay que crear las condiciones para que esa defensa pueda continuar. Proteger el liderazgo social es, en últimas, proteger la posibilidad de que los procesos colectivos lleguen a realizarse.
En ese sentido, la protección de los líderes sociales no puede reducirse a esquemas individuales de seguridad. Un chaleco, un teléfono o un escolta pueden ser necesarios frente a una amenaza concreta, pero no reconstruyen una organización debilitada por el miedo ni garantizan que una comunidad pueda seguir reuniéndose, deliberando y tomando decisiones.
Proteger a los líderes implica proteger las condiciones que permiten que las comunidades sigan organizándose. Significa investigar las amenazas, desmantelar las estructuras responsables, garantizar la presencia efectiva de las instituciones y reconocer que la seguridad no puede depender únicamente de medidas individuales. También significa respaldar a las organizaciones, fortalecer sus capacidades y asegurar que sus integrantes no tengan que escoger entre participar en la vida pública y proteger su propia vida.
Quizá esa debería ser también una tarea de la memoria. Después de tantos años contando muertos, necesitamos contar con la misma persistencia aquello que esas personas estaban tratando de mantener vivo. Debemos volver sobre sus organizaciones, preguntar qué pasó con ellas, saber si la comunidad pudo continuar, escuchar a quienes quedaron y reconstruir las luchas que precedieron al asesinato y las que sobrevivieron después. Una memoria completa no puede detenerse en el momento de la muerte, porque allí comienza otra historia: la de una comunidad que debe decidir si se repliega, si se reorganiza o si encuentra nuevas formas de continuar.
Tal vez la pregunta más importante frente a un líder social asesinado no sea solamente quién lo mató, aunque establecer responsabilidades sea indispensable. También debemos preguntarnos ¿qué estaban intentando destruir cuando lo mataron?, ¿qué relaciones querían quebrar, qué decisiones colectivas buscaban impedir? y ¿qué posibilidades de futuro estaban tratando de cerrar? Pero, sobre todo, debemos saber qué hizo la comunidad para que aquello no desapareciera con él.
11.º Festival de Cine de Jardín, realizado del 24 al 27 de septiembre de 2026.
