Camilo González Posso

Presidente de Indepaz

Bogotá D.C. septiembre de 2025

Se me ocurre que es solo un tema para la discusión ese anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre un posible trámite ante la Corte Constitucional para que le dé vía libre a la fumigación aérea con glifosato en las áreas en las cuales se den bloqueos o ataques contra la fuerza pública.

El Equis (X) del 8 de septiembre fue divulgado en momentos en los cuales un grupo de más de 600 campesinos estaban reteniendo a 45 soldados en una vereda del Cañón del Micay. Hechos similares se han presentado este año en esa zona de alta presencia del Frente Carlos Patiño post Farc, con retención o cerco a miembros de la Fuerza Pública que adelantan acciones contra ese grupo armado y de persecución al narcotráfico.

El presidente Petro, ante la difícil situación lanzó su advertencia: “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”. No se conoce si ya hay una solicitud del gobierno a la Corte en ese sentido o si es una recomendación para que esa instancia proceda por su cuenta. Tampoco se ha aclarado que significa eso de la fumigación aérea ante los ataques de la ciudadanía al ejército.

Es saludable el debate que se ha suscitado en contra de volver a la aspersión aérea del glifosato en operaciones de guerra, aunque es poco probable que se llegue a esa práctica de fumigar desde el aire cultivos de coca en el Micay, Putumayo, Guaviare, norte del Cauca o en el Catatumbo, para mencionar sitios en los cuales se han presentado retenciones (secuestros) o bloqueos de campesinos a unidades de la Fuerza Pública.

Esta discusión la venimos haciendo desde 1991, cuando siendo ministro de Salud se abordó en el Consejo de Estupefacientes el tema de las fumigaciones con agrotóxicos. Ese mismo año apoyamos la solicitud del gobierno de Bolivia de excluir a la hoja de coca de la lista de plantas y sustancias psicoactivas peligrosas anexa a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Los argumentos en contra del uso del glifosato estuvieron en el debate con mayor fuerza cuando el gobierno de los Estados Unidos impulsó la fumigación de más de un millón quinientas mil hectáreas como estrategia central de la guerra antidrogas en Colombia. Y en ese curso se llegó a la sentencia de la Corte Constitucional en 2019 que reiteró la suspensión de la aspersión aérea de cultivos de coca hasta tanto no se cumpliera una lista de requisitos técnicos y sociales.

Se han tenido en cuenta los estudios científicos sobre los riesgos del glifosato para la salud humana, la biodiversidad y el ambiente, pero el centro ha sido la argumentación contra el uso de este agrotóxico contra cultivos en áreas de conflictos armados en las cuales los cultivadores están sometidos por mafias y grupos armados. Son situaciones de guerra, así sean locales, en tanto esas economías son defendidas con acciones militares en contra de la fuerza pública y todo agente del Estado.

La fumigación aérea con químicos – agrotóxicos, se convierte en parte de las estrategias de guerra que debe contar con todas las reglas de inteligencia, secreto, aprovechamiento del factor sorpresa. Parte del sistema de esos enclaves de coca – pasta básica y cocaína es la ocupación del territorio con pequeñas parcelas, entreveradas con las viviendas y animales y bienes de los campesinos y de los recolectores asalariados. La población es la primera línea de protección del negocio y los armados los subordinan a sus intereses y medidas de seguridad.

Para que se respete la vida e integridad de los civiles la fuerza pública tiene que controlar el territorio antes de una operación de fumigación de gran escala y así caemos en el círculo tramposo: ese control del territorio se convierte en objetivo militar del grupo armado y presiona a los campesinos para que hagan retenciones, bloqueos y desalojos de la fuerza pública. Si se recurre a una vía de choque con aspersión aérea sorpresa, la población y sus animales serán blanco inevitable del químico y la respuesta armada del grupo ilegal no tendrá su rechazo efectivo. Si es guerra avisada los drones serán esperados con escopetas de regadera en esas laderas ariscas, los helicópteros serán blanco desde las partes altas y los soldados en tierra volverán a ser rodeados.  Vuelve y juega.

El costo político, social y hasta militar de montar una operación de guerra con aspersión aérea de glifosato es muy alto y los impactos en contra el narcotráfico y los grupos armados demasiado inciertos; en las actuales condiciones se tendrían resultados precarios. Para el gobierno del Cambio sería autodestructivo meterse a defender la guerra con químicos acudiendo a todo tipo de salvedades para justificar una modalidad “humanitaria”, excepcional, con drones con IA, sin efecto deriva y vuelo a baja altura sensibles para que no se fumigue a los humanos, ni a los animales domésticos ni a otras plantas.

Si, por ejemplo, se hace una operación que realmente queme una porción importante de matas en el Micay que cuida el frente Carlos Patiño o en Catatumbo en predios del ELN, además de todos los conflictos que se agudizarían, lo que va a repetirse es el “efecto globo” y el “efecto cucaracha”: los cultivadores desposeídos y desplazados con mayor desconfianza en el gobierno, irán a otras zonas a retomar las siembras. Los armados aliados de las mafias harán nido en otro enclave cocalero.

Mientras las variables determinantes del negocio continúen, las discusiones sobre las fumigaciones aéreas con glifosatoserán parte de la simulación general que es inherente a la guerra contra las drogas. Sus promotores desde Estados Unidos en realidad tienen preocupaciones geopolíticas que mal se encubren con un discurso antidrogas que todos los analistas de arriba y abajo saben que es solo retórica. Ahora se pone el énfasis en la guerra contra el narcoterrorismo pero no se actúa con eficacia contra los eslabones decisivos de sus economías y relaciones con los poderes económicos y políticos que permiten el lavado de activos y toda la reproducción del negocio. Vuelve y se olvida la demanda y la corresponsabilidad de los Estados y grandes consumidores del norte. (Para no hablar ahora del prohibicionismo). 

Mejor dicho, si la Corte Constitucional recibe la solicitud de modular su sentencia, o el gobierno interpreta la sentencia en cuestión para hacer un experimento de aspersión área con alta tecnología, tendremos tinta y discursos para un rato, sonrisas comprensivas de los dueños del circo y hasta peleas de incautos. Ah, sin olvidar las ponencias que desempolvaremos, ni las serias argumentaciones de constitucionalistas, ambientalistas y toxicólogos. 

(ver https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Documento-V1-de-Camilo-Gonz%C3%A1lez-Posso-Audiencia-en-la-Corte-Constitucional-7-de-marzo.pdf ).