Camilo González Posso
Presidente de INDEPAZ
Bogotá D.C. enero de 2026
Los informes sobre el estado del tráfico de drogas ilegales, que entregan cada año la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, se enfocan en las cifras de ciertos indicadores relacionados con la prohibición sin meterse en análisis sobre determinantes y correlaciones. Con esos informes, y otros similares, el gobierno de Estados Unidos clasifica países que cumplen con la lucha contra las drogas y otros que no clasifican y merecen discriminación o castigo en las definiciones de presupuesto, trato económico o militar.
Por supuesto que en esos informes de la DEA no se incluyen indicadores sobre la efectividad de las medidas antidroga o contra el narcotráfico dentro de los Estados Unidos. Poco dicen sobre las causas de la disminución de consumo de cocaína, del aumento del fentanilo y de la mortalidad por abuso del consumo y la drogadicción. Nada se aclara sobre la falta de efectividad en la incautación de bienes asociados al narcotráfico y al lavado de activos. Si eso fuera calificado por una comisión internacional independiente: ¿Estados Unidos sería descertificado? Esa hipótesis es tan absurda como si a algún despistado medio loco se le ocurriera que debe dársele al presidente Donald Trump el título de jefe del fentanilo o comandante del consumo de cocaína.
Pero ese asunto de la ineficacia de las acciones antidroga y de la trampa del prohibicionismo no es el foco de este artículo. El tema se limita al alcance e impacto de la incautación de cocaína por parte de Colombia. Además de constatar el gran esfuerzo realizado por Colombia para aumentar las cifras de toneladas de cocaína incautada, se invita a ver el cambio en la composición de la oferta neta de cocaína que ha llevado a que la mitad de las exportaciones de esta sustancia que llegan a Estados Unidos y Europa proceden de Perú y Bolivia. El contraste entre las incautaciones que hace Colombia y las que hacen en Estados Unidos se destaca en que, por cada diez toneladas incautadas por acción de Colombia, en Estados Unidos incautan una tonelada en las fronteras y otra en el inmenso territorio de este país.
En el periodo post pandemia, las incautaciones registradas por Colombia pasaron de 671TM en 2022 a más de 900 ™ en 2025. En los últimos años, la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro ha llevado a cifras récord en incautación con un agregado superior a 2700 ™ desde el 7 de agosto de 20222. Esto equivale a veintisiete mil millones de dosis (27.000.000.000). Las cifras entregadas por la Policía Nacional en el Consejo de ministros realizado en 16 de enero de 2025 agregan los datos de laboratorios de pasta básica y de cocaína destruidos y, como dato novedoso aún no explicado, la incautación de más de US$1.800 millones de dólares en divisas que probablemente incluya otros activos. Ese informe muestra un crecimiento de las hectáreas totales de cultivos de hoja de coca, que llegaron a 267.000 en 2025, y se advierte que ha sido mayor la tasa de crecimiento de las incautaciones de cocaína y por lo tanto que el efecto neto ha sido de disminución de las exportaciones desde Colombia.
El impacto ha sido notable en disminución de la oferta neta a los mercados llegando a un porcentaje de incautaciones anuales que es cada vez más difícil y costoso superar. Se puede decir que la disminución de 1% adicional es cada vez más costosa y con impactos marginales cada vez menores en los precios y en modificación de las utilidades. A cierto nivel de las incautaciones en Colombia, la presión adicional conduce a un incremento de la producción en Perú y Bolivia, e incluso al traslado de laboratorios y rutas a otros países. La presión contra el narcotráfico en Colombia y el mayor peso de Perú en la oferta han llevado a que los narcotraficantes abran nuevas rutas por Ecuador.
Es un hecho notable, y una aparente paradoja que, en los últimos años, con grandes incautaciones y aumento de la demanda en Europa y Australia, se tenga una tendencia de disminución del precio del gramo al detal en esas latitudes. Esto sugiere que el impacto en costo de las incautaciones ha sido absorbido por los mayoristas disminuyendo el extraordinario margen de utilidades para satisfacer la demanda en escenario de competencia entre mafias. Al mismo tiempo es posible que se tengan cifras subvaluadas de la producción de coca y cocaína en Perú, Bolivia y otros países. Y queda también la hipótesis de aumento de la corrupción que permite el reciclaje de cocaína incautada.
Todas estas reflexiones, y las informaciones que se resumen en la segunda parte de este escrito, no sólo ilustran las características del esfuerzo realizado en Colombia para limitar la oferta de cocaína sino también la imposibilidad de éxito en la lucha contra el narcotráfico si se le da la responsabilidad a los países en los cuales se produce y exporta la pasta básica y la cocaína. Se necesita por supuesto la mayor coordinación entre los países andinos y sobre todo la cooperación internacional para abordar todas las dimensiones del problema, recuperando la visión de salud y derechos humanos y avanzando en la regulación y superación del prohibicionismo y del enfoque de guerra.
Es oportuno volver sobre el conjunto de las variables que conforman esta matriz de la política sobre drogas y de acción contra el narcotráfico y la empresa trasnacional de la cocaína. Con esa perspectiva más amplia se puede definir la agenda de diálogo con Estados Unidos y articularla con una agenda multilateral que incluya a todos los actores bajo un criterio de responsabilidad compartida pero diferenciada.
Tal vez tenga sentido promover otra cumbre sobre política de drogas y respuesta a la criminalidad multidimensional del narcotráfico, que incluye los asuntos de la producción, precursores, tráfico, distribución, consumo, salud y derechos humanos, lavado de activos, implicación de los sistemas financieros y replanteamiento de convenciones y políticas de regulación y legalidad controlada.
