Durante estos diez años he escrito decenas de artículos en los que pondero el Acuerdo de Paz de 2016 y sus aportes políticos a la realidad colombiana. Solo he hecho alusiones tangenciales al desastroso impacto que tuvo el resultado del plebiscito promovido por el entonces presidente Juan Manuel Santos. El 19 de octubre de 2016, a pocas semanas del triunfo del NO, publiqué un artículo con una lista de diecinueve críticas al plebiscito y a la campaña por el SÍ, que hoy pueden servir para volver a pensar en las vicisitudes de la implementación de ese acuerdo de paz a lo largo de toda una década (https://indepaz.org.co/los-problemas-del-plebiscito/).
Juan Manuel Santos ha reconocido, aunque tímidamente, que uno de sus errores en la promoción del acuerdo de paz con las FARC-EP fue haber convocado ese plebiscito para ratificar lo que ya se había firmado en La Habana y proclamado en un grandioso evento en Cartagena. En su momento, muchos defensores del acuerdo señalamos que era un recurso innecesario, pues el Congreso de la República, mediante una ley que actualizó la Ley 418 de 1997, ya había otorgado facultades al presidente para adelantar las negociaciones de paz y suscribir los acuerdos necesarios. Sin embargo, el presidente Santos prefirió asumir los riesgos de esa operación con la idea de otorgarle mayor legitimidad al acuerdo y de infligir una derrota a la oposición uribista que despejara el camino para una mejor implementación de lo pactado.
El resultado de esta jugada temeraria fue el triunfo del NO por menos de 58.000 votos, lo que obligó a renegociar puntos importantes del acuerdo y a llevar al Congreso de la República un nuevo texto con enmiendas para su ratificación. La Corte Constitucional validó el Acto Legislativo 01 de 2017 y, con ello, los acuerdos quedaron incorporados al ordenamiento jurídico colombiano. Pero, junto a esos remiendos formales, la marca del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 se convirtió en compañera inseparable de la campaña de deslegitimación y de las acusaciones que han bloqueado la implementación del acuerdo y la construcción de una paz más completa en Colombia.
No fue suficiente que el presidente Santos se convirtiera en el defensor del 85 % de las enmiendas propuestas por la campaña del NO y que estas fueran incorporadas al Acuerdo de Colón, firmado el 24 de noviembre de 2016. La derecha uribista y sus aliados, ya fortalecidos en el escenario que “ingenuamente” les regaló el gobierno, iniciaron la campaña para las elecciones presidenciales de 2018 con la bandera de “hacer trizas” el Acuerdo de Colón. Con ese impulso, Iván Duque ganó las elecciones y marcó su cuatrienio con una política de negacionismo, encerrando los acuerdos en su propuesta de “Paz con Legalidad”. La permanencia de la alianza por la paz, la inercia positiva del fast track, los avances en la creación de instrumentos institucionales y el respaldo internacional, así como el cumplimiento por parte de las FARC-EP de sus compromisos de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, pesaron para impedir el completo desconocimiento del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la renegociación de cada paso se volvió una rutina y se impuso un freno a las reformas y a la implementación de compromisos fundamentales.
El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) abrió la posibilidad de retomar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 e integrarlo a una política de paz que permitiera cerrar los conflictos armados residuales o persistentes y avanzar hacia esa fase de paz completa y de “construcción de una paz estable y duradera”. Muchos compromisos del acuerdo fueron impulsados y se registraron avances con respecto al periodo de negacionismo anterior. Así ocurrió, por ejemplo, en materia rural y de reforma agraria, así como en el sistema de justicia, verdad y derechos de las víctimas. Mirando hacia atrás, puede decirse que el acuerdo recuperó un nuevo aire; mirando hacia sus objetivos, sin embargo, es necesario reconocer que siguen siendo enormes las limitaciones para recuperar el tiempo perdido. El énfasis de la política de Paz Total en las conversaciones y en la búsqueda de acuerdos con grupos armados colocó en un segundo plano la implementación integral del Acuerdo de Paz, mientras continuaban pesando las fuerzas del NO en todos los niveles. Muchas iniciativas del gobierno fueron bloqueadas, como ocurrió con la reforma política, la reforma al sistema electoral y de participación, la jurisdicción agraria, la política de drogas, la regulación del uso adulto del cannabis y la descriminalización del campesino cultivador de coca, entre otras.
Diez años después nos encontramos en una nueva confrontación entre las fuerzas de la paz y los partidarios y herederos del NO en el plebiscito. El gobierno de Abelardo de la Espriella no deja de apelar a la supuesta “ilegitimidad” del Acuerdo de 2016 y de su “hija ilegítima”, la Paz Total, para promover su política de Guerra Total. El “error” de haber convocado el plebiscito de 2016 sigue pasando su cuenta de cobro a la causa de la paz.
La nota que incluyo a continuación cobra hoy una renovada actualidad. También lo hace su advertencia:
El afán autocrítico de este escrito puede llevar a exagerar errores y dificulta ponderarlos para que el inventario sirva para algo positivo hacia el futuro. Son los rezagos que quedan de la máxima china: es mejor exagerar nuestros defectos cuando llega el momento del examen que disipar todas las dudas cuando vuelven los imperativos de la acción.
