Si la mayoría de colombianos sigue creyendo que aquí todo va muy bien, que los aciertos gubernamentales eliminan de la realidad la gran cantidad de fallas y despropósitos, la democracia colombiana tendrá su muerte dulce.
La Procuraduría General de la Nación acaba de absolver al ministro Diego Palacio y al exministro Sabas Pretelt por el caso de la “Yidispolítica”, el cual hace relación a las maniobras de funcionarios públicos para “conquistar” el voto de dos representantes a la Cámara y a cómo estos accedieron al trato. Todo con el propósito de hacer viable la reelección del presidente Uribe en el 2006.
Considera el Procurador Ordóñez en su fallo que no se encontró material probatorio para sancionar a los mencionados funcionarios. Para el Ministerio Público Yidis Medina votó por la reelección, cambiando su intención de voto en un día, debido a que estaba convencida de las bondades de la reforma o por razones imposibles de aclarar o “misteriosas”.
Es claro que las decisiones en Derecho tienen una serie de requisitos que son mucho más exigentes que los juicios que hacemos a diario sobre tantas cosas, públicas y privadas. Si no fueran más exigentes las sentencias judiciales se podrían cometer irreparables errores e injusticias. Hay un aforismo en el derecho procesal que dice: “lo que no está en el expediente no existe”, haciendo referencia a esta diferenciación mencionada, cuyo propósito es proteger los derechos básicos de las personas.
Sin embargo, existe una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia que da sólidos elementos de juicio para pensar que sí intervinieron funcionarios públicos de alto nivel para “convencer” a Yidis Medina de aprobar la reelección del 2006. También existe una investigación contra Teodolindo Avendaño por su conducta en este mismo trámite legislativo. Tanto estas actuaciones judiciales como todo el trabajo de investigación de varios medios de comunicación nos han mostrado que esta compra de votos tiene una altísima probabilidad de haber existido. Pero esta muy posible existencia es ignorada o manipulada por el entrante Procurador a favor del Gobierno. Todos sabemos que el Procurador Ordóñez llego a su cargo exclusivamente por decisión del Gobierno más que por decisión autónoma del Senado, su nominador según la Constitución.
Las prebendas burocráticas y económicas recibidas por Yidis y Teodolindo son impensables de no mediar una contraprestación de parte de ellos, que no podía ser otra que su voto. Estos hechos no están en el terreno de la fantasía como sugiere el Procurador, por el contrario son el pan de cada día en el fétido ambiente de la clientelista y corrupta política colombiana.
Ahora bien, hay que recordar que la Procuraduría sólo investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos; es decir, sus decisiones tienen que ver con la corrección de éstos en el ejercicio de sus funciones, con la diligencia y probidad con que desempeñan sus cargos. La posible responsabilidad penal corre por cuenta de otras instancias y en este terreno todavía está viva la Yidispolítica en la Fiscalía General de la Nación. Pero sería casi un milagro que acusara a los funcionarios implicados.
Esta decisión de la Procuraduría es un “mazazo” que se le da a este caso y podría ser la cuota inicial de su desvanecimiento para quedar en nada, sólo con Yidis Medina en la cárcel condenada por un delito imposible, pues se requieren dos como mínimo para cometerlo.
Por su dimensión política y ética, la Yidispolítica es a Colombia lo que fue el Watergate a Estados Unidos en los 70. Allá renunció el presidente Nixon, aquí no pasa absolutamente nada. Hay que preguntarse el porqué y la respuesta está en el desmedido poder que detenta hoy el Gobierno. Para esto sirve observar lo que está pasando por estos días y ver como se está adelantando el proceso de aprobación del referendo reeleccionista en el Congreso. Viene ya su trámite por el Senado, luego el procedimiento de conciliación entre las dos cámaras y por último la revisión por la Corte Constitucional. En todos estos pasos veremos, sin lugar a duda, la mano del Gobierno empujando, atropellando, para que la permanencia del Presidente Uribe en el poder sea “legal”. Tal vez legal de papel, pero con una alta cuota de inmoralidad.
Cuando un carro expulsa monóxido de carbono y este gas es respirado por alguien en un recinto que no tiene ventilación su efecto es mortal, la persona se va durmiendo apaciblemente, por eso se le llama la “muerte dulce”. Si la mayoría de colombianos sigue creyendo que aquí todo va muy bien, que los aciertos gubernamentales eliminan de la realidad la gran cantidad de fallas y despropósitos, la democracia colombiana tendrá su muerte dulce.
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