Por Grupo investigación Indepaz1.
Antecedentes del problema.
Al consultar ocho artículos de prensa y revistas de los últimos cinco años se encuentra, como denominador común, aseverar que la expansión de actividades económicas, como la ganadería, es una fuerza destructiva de la zona amazónica selvática, aunque no es la única causa de la deforestación, fenómeno que, según el IDEAM, puede alterar todavía más las 40 millones de hectáreas de selva que le quedan al país, equivalentes al 68% de todos los bosques de Colombia”.
Existe consenso que asegura que la deforestación funciona como una cadena. En los extremos está la población más vulnerable, que tiene la ilusión de un pedazo de tierra y cultiva coca o lleva a cabo pequeña ganadería. Después vienen los medianos beneficiarios, que se favorecen de obras locales como puentes, vías, escuelas y los recursos que el Estado invierte en la “reconversión productiva”. Estos actores tienen mayor número de cabezas de ganado en zonas que no son coqueras y donde la inversión del Estado se consolida. Por último, están los grandes deforestadores, quienes compran veredas completas, mecanizan los suelos, llevan a cabo una ganadería extensiva con mejoramiento genético, y remueven con retroexcavadora lo que queda de bosque. En estos territorios hay interconexión eléctrica, las vías ya hacen parte de la planeación departamental o nacional y las siembras son extensivas.
Un dato que ilustra esta situación es el incluido en un artículo publicado en noviembre de 2021, donde se afirmaba que “el número de vacas que pastan en los bordes -y a veces en el interior- de varios parques nacionales naturales en Meta y Caquetá estaba aumentando año tras año, sobre todo desde 2016, cuando las Farc firmaron el Acuerdo de Paz y dejaron de ser el poder armado de la región. En la Amazonia, según cálculos de los mismos ganaderos, cada vaca necesita en promedio una hectárea de pastizal y cada potrero de pasto se traza tumbando selva”.
Datos de vacunación contra la fiebre aftosa provenientes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) muestran que el mayor incremento en el número de vacas vacunadas se ha dado en los alrededores de cuatro parques: La Macarena, Cordillera Los Picachos, creado en 2018 como primera área protegida regional en la Amazonia colombiana, Tinigua y Chibiriquete. Los tres primeros están en la transición entre la Amazonia y la cordillera Andina, mientras el último está en la selva amazónica. En algunos parques, la deforestación coincide con el incremento de la actividad ganadera, que se ha acentuado en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, La Macarena, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua.
Expertos afirman que “la irrupción reciente de colonos en zonas selváticas o de amortiguación a la Amazonia para desarrollar fincas ganaderas y agroindustria está interrumpiendo la continuidad de ecosistemas entre los parques de Chibiriquete y Tinigua, con consecuencias negativas para la supervivencia de las especies que albergan. Lo peor es la pérdida de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Están alterando los flujos génicos. En este caso no es solo la pérdida del hábitat, sino de sus conexiones con otros ecosistemas. También es importante la presión sobre eventuales poblaciones indígenas presentes en esos territorios”.
Entre los parques nacionales de Cordillera los Pichachos y Tinigua, en territorio del municipio de la Uribe, Meta, ha aparecido en los últimos años un corredor de deforestación. Tiene 70 mil hectáreas, área más grande que la que ocupa hoy Cali. Allí la deforestación se ha extendido al ritmo de los pasos gigantes de la expansión ganadera. Ese corredor empezó con la construcción de una carretera que hicieron las guerrillas en tiempos de conflicto armado, pues abrió un frente de colonización. Ahora, con la paz, muchos han retornado, desplazados, y han llegado compradores, con la ventaja que una hectárea de tierra puede costar $10 o $20 millones”.
En el Parque Nacional Sierra de Chiribiquete, virgen hasta 2016, hoy tres veredas, todas ubicadas en San Vicente del Caguánque cuadruplicaron su ganado-. El asesor de la Gobernación del Caquetá de aquel entonces, César Quimbay, dijo que esta es una sábana de transición entre llanos y selva amazónica, y allí terratenientes y campesinos han ido reemplazando los pastos naturales por pastizales sembrados para alimentar el ganado. Hay fincas como en otras veredas, pero también hatos de mil hectáreas”. Quimbay, al igual que el alcalde de La Uribe, coincide que “la salida de las Farc de la región ha llevado a que habitantes nativos y colonos forasteros hayan empezado a tumbar selva para hacerse a fincas ganaderas”.
En 2020 se modificó el acuerdo 58 de la Agencia Nacional de Tierras para reglamentar los Contratos de Uso en la Reserva Forestal de la Nación. Estos acuerdos son excelente oportunidad para adjudicar derechos sobre los bosques a las comunidades campesinas. El objetivo es convertir estos extensos territorios en zonas de uso sostenible del bosque y estabilizar la frontera agropecuaria. El acuerdo es una plataforma apropiada para impulsar más de medio millón de hectáreas de Forestería Comunitaria. Esta es una apuesta de paz y protección del ambiente que pondrá a prueba la capacidad del país para otorgar derechos a las comunidades al tiempo que desarrolla una economía forestal y protege estos territorios de la voracidad del acaparamiento. El reto es desarrollar y reglamentar los contratos con asociaciones y otras agrupaciones comunitarias dedicadas a la gestión del bosque.
Centenares de familias han migrado a los parques, pues el Estado aún no ha concretado con ellas acuerdos definitivos de reconversión productiva y ha fallado en consolidar zonas de reserva campesina, como las de Lozada y Guejar. Dentro de los parques hay una combinación de familias sin tierra, grandes ganaderos, narcotraficantes e inversionistas regionales, una mezcla de actores que complica cualquier diálogo. Por ahora, el foco en la erradicación de la hoja de coca impide poner en el centro de atención el derecho de los campesinos a la tierra y el adecuado uso del bosque.
Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales no son los únicos en riesgo; también están en peligro los resguardos indígenas Nukak Makú y Yaguara II. Los procesos de ocupación territorial sacan a la luz la vulnerabilidad de los resguardos y sus comunidades. Ya casi son “tres décadas de abandono o incapacidad del Estado para restituir tierras en estas zonas. Hoy el mercado ilegal de tierras y los agronegocios las han vuelto atractivas. Los indígenas están arrinconados: muchos han sido desplazados y sus tierras están ocupadas por carreteras, fincas, laboratorios, ganado, tractores y cultivos de coca”.
La Cooperativa Multiactiva de Familias Solidarias, COOMFASOL, cree que la “ganadería extensiva es uno de los factores de mayor incidencia en la deforestación de la Amazonía. En fincas del Guaviare se cuenta una vaca por hectárea. Por su parte, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible señala que 1,2 millones de vacas nuevas fueron ubicadas en tierras apropiadas y deforestadas de la Amazonía. Por ejemplo, en 8 municipios de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, se duplicó el número de reses, al pasar de un millón 143 mil en el 2016, a dos millones noventa y un mil en 2021” .
Según expertos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “la reducción en la deforestación no obedece a una solución real de dificultades como la ganadería extensiva, la minería o la falta de regulación del uso desmedido de la tierra, si no que se da en el marco de un acuerdo temporal entre el Gobierno y los grupos armados que controlan la zona, que si rompe volvería a agudizar las cifras de deforestación”.
Por su parte, Olga Chaparro Africano, doctora en Estudios Amazónicos de la UNAL, considera que “en la Amazonia tener vacas parece ser más una estrategia de tenencia de tierra que de ganadería”; en el sur de la región “no hay cultura ganadera, sino que los animales están allí sin mucha función, y sufriendo, pueslas vacas son vulnerables a hongos, bacterias y otros microorganismos de la zona. Además de la ganadería, es preocupante ver la contaminación por mercurio, plomo o cadmio provocada por la minería de oro y coltán, actividad potenciada por el bajo precio de la coca. Este problema afecta a las comunidades indígenas, campesinas y demás que habitan el territorio, y que por los daños ambientales están desabastecidos de alimentos”.
A su vez, el biólogo Emilio Rodríguez, investigador de la Fundación para la Conversación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señala que “para solventar la deforestación se necesita una transformación cultural y social en la distribución y aprovechamiento de tierras en el país, que en la Amazonia tiene grandes vacíos, además de fortalecer la legitimidad del Estado. El indicador más importante es que haya un funcionario de Parques Naturales por cada 15.000 hectáreas, cuando el verdadero indicador debería ser la capacidad de trabajo por la gobernanza y gestión de los territorios desde la visión y las necesidades de la gente. Aunque en el último año ha disminuido la deforestación por pactos con los grupos al margen de la ley para mitigar la problemática, esto no es estable, y si el Gobierno no toma en serio a la Amazonia y las causas de su deforestación, todo va a volver con más fuerza”.
Para Rodríguez, “el gran problema de la deforestación en este territorio ha sido el conflicto armado, que no ha permitido que haya una gobernanza real por parte de las comunidades. En Pato Balsillas –primera zona de reserva campesina del país– la deforestación no ha aumentado considerablemente, gracias al fortalecimiento de los lazos y al trabajo comunitario, pero esto no es posible si existen tensiones marcadas por la guerra. La dependencia de la Amazonia a distintas formas de ganadería y producción de coca, caucho y otros materiales, necesita una reconversión, sustituir no es solo reemplazar las vacas, sino transformar la economía local”.2. Situación actual.
Un estudio titulado “la expansión posconflicto del cultivo de coca y la ganadería ilícita en Colombia”, publicado en la revista Nature en febrero de 2023, muestra que “poco más de 3 millones de hectáreas de bosque amazónico fueron deforestadas para actividades ilícitas entre 1985 y 2019, la gran mayoría de la deforestación se atribuye a tierras estables de ganadería. El patrón de conversión de bosque a la actividad ganadera fue pronunciado fuera de la frontera agrícola, establecida por el gobierno colombiano en el 2018”. El estudio encontró que “en Colombia, la conversión de bosques a ganadería sirve como mecanismo para legalizar la tenencia informal o ilegal de tierras […] Los pequeños agricultores ven la ganadería como una inversión segura que proporciona un retorno rápido o como un amortiguador durante la incertidumbre económica”.
El incremento exponencial en la pérdida de bosque, para pasturas ganaderas, reseña este artículo, “empezó a darse luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de 2016, el cual “marcó el comienzo de nuevas actividades de uso de la tierra, como la ganadería, promovidas por los cárteles de la droga y los grandes terratenientes que buscaban capitalizar políticas de tierras más favorables”.
En el artículo se destacan tres posibles causas de esta transición, el primero, “la ampliación de la red vial, aproximadamente en 200 kilómetros, por parte de las FARC durante los años más duros del conflicto armado. Esto provocó aumento en la comercialización de tierras y motivó a los actores a ampliar la tala de bosques. En segundo lugar, las políticas agrarias que incentivaban la propiedad legal estaban condicionadas a la “productividad de la tierra” y la ganadería se convirtió en la manera más fácil y eficiente de demostrar esa productividad. Tercero, las ganancias de la producción de coca permitieron a los agricultores adquirir y fusionar gradualmente parcelas de coca abandonadas, convirtiéndolas finalmente en pastizales”.
Según el artículo, “hay que cambiar esa narrativa convencional que afirma que la coca es el motor principal de deforestación en la Amazonía”. El artículo también resalta que “los finqueros invierten en ganado como una forma de asegurar el posterior reclamo de tierras y, de esa forma, también lavar y ocultar las ganancias provenientes del narcotráfico”.
Las Áreas Protegidas, como “los parques nacionales Sierra de la Macarena, Tinigua, La Paya y la Reserva Nacional Natural Nukak, siguen siendo refugios tanto para la coca como para las nuevas tierras de consolidación ganadera […] La conversión directa de bosque a pastos para ganado tiene consecuencias irreversibles para los bosques vírgenes en Tinigua y Macarena”.En la Amazonía hay “unas huellas ambientales gigantes que son los pastizales y estos existen no porque haya un fuerte mercado ganadero sino porque están asociados con la apropiación de tierras. No es que haya una demanda irresistible de vacas en pie, carne o lácteos, sino que con las vacas vienen derechos y tradiciones que tienen que ver con la tierra”. Los patrones de “conversión de bosque a pastos para ganado en el parque Tinigua muestran cómo los agricultores antiguos y nuevos han fragmentado y se han apropiado intencionalmente del área con el patrocinio de disidentes de las FARC y grandes ganaderos, hay mucha área abandonada que tenía coca y ahora tiene bosque secundario. Esa, por ejemplo, es una oportunidad para plantear posibles estrategias de conservación en el futuro”.
En otro artículo, publicado recientemente por investigadores del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, también en la revista Nature, se revela que, “en promedio, se siembran 190.000 hectáreas de nuevos pastizales en áreas deforestadas de la Amazonía por año. Esa dinámica de ganadería extensiva está trabajando, en promedio, una cabeza de ganado por cada dos hectáreas. Los investigadores del SINCHI plantearon tres escenarios para 2040. Si la tendencia de deforestación continúa igual, las pérdidas de bosque amazónico serían de 2.1 millones de hectáreas, mientras que, si se impulsan políticas extractivistas, la deforestación podría llegar a 4.3 millones de hectáreas. Por el contrario, si se reduce la ganadería y se logra un desarrollo sostenible, se salvarían al menos 3.5 millones de hectáreas de bosque”.
Según el Ministerio de Ambiente, parte de la “disminución en las cifras de deforestación durante 2019 se debió a accionesenfocadas a lograr acuerdos de conservación con familias campesinas; aplicar modelos de reconversión productiva;estimular el pago por servicios ambientales; fomentar modelos de “forestería comunitaria”; promover una gestión tradicional del bosque en las comunidades indígenas; y coordinar las acciones a través del Consejo Nacional contra la Deforestación (CONALDEF) .3. Alternativas para recuperar la amazonia.
Mediante sentencia 4360 de 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó a las autoridades implementar un plan para protegerla de la deforestación. Desde entonces, las autoridades municipales han suspendido la expedición de cartas que permitían a los colonos registrar fincas ante las autoridades sanitarias. También están intentando poner freno a negocios ganaderos.
Sin embargo, para DEJUSTICIA no se sabe qué tan eficaz ha sido la aplicación de la sentencia, porque no cuentan con datos para analizar el efecto de esta en la tasa de deforestación. Según esta entidad, “por los retrasos creemos que no se está cumpliendo la sentencia. Cuatro órdenes son elaborar planes (ministerio, corporaciones autónomas y municipios) y están retrasados o no han sido aprobados, y la quinta ordena al gobierno acciones, entre las cuales la más importante es la operación militar Artemisa que sí se está ejecutando, pero preocupa que han capturado sobre todos a campesinos y trabajadores, pero no han tocado a los responsables, a los capitales”.
Otras acciones de recuperación de esta región tienen que ver por ejemplo con que, “en Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, los ganaderos armaron sus potreros a expensas de la selva, pero un experimento para acomodar sus animales en espacios más pequeños y reforestar podría reconciliar al bosque con sus antiguos depredadores. En un lugar donde la tierra abunda y la presencia estatal escasea, avanzó la ganadería extensiva: se talan y cercan grandes porciones de bosque para introducir unas cuántas reses y reclamar posesión sobre todo el terreno.Pero ahora la tendencia es que los vacunos pasen sus días en encierros de menor dimensión y organizados, rotando entre potreros, comiendo eficientemente, sin destruir la selva circundante. La producción de leche aumentó, y el espacio sobrante es destinado a plantar árboles y tratar de resarcir el daño causado”.
A finales de la década de 1970, llegaron a Guaviare colonos como Olga Martínez, ganadera que hoy tiene 65 años y arrea sus vacas lecheras por una propiedad de unas 55 hectáreas de superficie. Cuando Martínez llegó hasta allí, tumbar la selva para volverse propietaria le pareció fácil, pero en 2022, renunció a las talas y firmó un acuerdo de conservación con la ONF Andina, subsidiaria local de la OFFICE NATIONAL DES FORÊTS(ONF), entidad del gobierno francés que vela por los bosques. Desde entonces ha sembrado unos 1.200 árboles en su propiedad, sin renunciar a una sola cabeza de ganado”.
Según FEDEGAN, en Guaviare la ganadería es uno de los pocos negocios rentables, debido a la ausencia de vías pavimentadas, lo cual dificulta el transporte de cosechas perecederas. También es uno de los principales motores de deforestación en nuestro departamento. El modelo fue talar bosque para sembrar pasto (…),anota Xismena Martínez, funcionaria de la gobernación de Guaviare. La región perdió 25.000 hectáreas de bosque en 2021, según la estadística oficial.
Para contrarrestar esta tendencia, la ONF propuso a los ganaderos cercar una decena de corrales de menos de una hectárea en sus propiedades, donde se colocan algunas decenas de animales y establecer un sistema de “rotación de pastos”. El ganado permanece en el primer potrero hasta que agota el pasto, luego pasa a un segundo, y así sucesivamente, optimizando de esta forma el consumo de alimento y del espacio productivo. Unos 35 propietarios se han sumado al programa, conocido como TERRAMAZ. Al confinar su ganado en lugar de apostar al pastoreo extensivo, los productores liberan tierras que se comprometen a reforestar. 4. Estrategia de pasar de focos de deforestación, a núcleos de desarrollo forestal.
Natasha Garzón, profesional de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, señala que “en el país hay 44 núcleos activos de deforestación, 28 de los cuales están en la Amazonia, con presencia importante en Caquetá, Putumayo y Leticia. Agrega que “en algunos lugares hay más vacas que gente, lo cual representa un problema económico por la sustitución de esta actividad productiva, pues en promedio se necesitarían 20 millones por hectárea para lograr que se puedan reemplazar, por ejemplo, con sistemas silvopastoriles (integración de bosques, manejo del suelo, y pastoreo de animales), que son más funcionales para el medioambiente”.
La política ambiental de este Gobierno tiene como uno de sus ejes lograr que la Amazonia se pueda convertir en el gran cinturón de inclusión social, de la economía y la biodiversidad y una de las estrategias para lograrlo es la propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y FONAM (Fondo Nacional Ambiental) para la contención de la deforestación, de pasar de núcleos Activos de Deforestación a Núcleos de Desarrollo de Economía Forestal y de la Biodiversidad que ofrezcan el uso y acceso de los recursos a las comunidades.
En desarrollo de esta estrategia hay un proyecto núcleo de desarrollo forestal y la Biodiversidad del Instituto SINCHI y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las comunidades de 28 veredas en Cartagena del Chaira- Caquetá y 16 veredas en Mapiripán, Meta. Este proyecto involucra varios escenarios: el del conocimiento, el de la relación con las comunidades locales y el del ejercicio de mantener niveles bajos de deforestación en Caquetá y sur del Meta. Los 5 propósitos fundamentales del proyecto son:i. Valorar los bosques: un grupo de biólogos, botánicos e ingenieros forestales estarán visitando las zonas o áreas designadas al SINCHI donde haya bosque intervenido y no intervenido. El propósito es transitar de núcleos de deforestación, de pérdida de bosques al aprovechamiento forestal y la conservación de la Biodiversidad; diagnosticar qué hay en términos de productos forestales no maderables, qué servicios ecosistémicos se pueden estar valorando para un esquema de pagos de servicios ambientales y la restauración.ii. Gobernanza forestal: se refiere a cómo se relaciona la sociedad con los bosques en términos de compatibilizar los derechos de la naturaleza y los de la sociedad. Hay que encontrar un modelo de gobernanza en el cual los campesinos conserven la naturaleza, pero la utilicen para su bienestar.iii. Educación ambiental: se iniciará con escuelas en liderazgo ambiental y desarrollo agroambiental que logren una transición en las áreas intervenidas, de lo rural productivo hacia lo agroambiental; por ejemplo, desarrollos agroecológicos, tecnologías en agroforestería, rastrojos y manejo de bosques.iv. Estructurar un esquema de monitoreo conjunto con las comunidades: con la plataforma de tecnología MOSCAL,imágenes satelitales, servidores y tecnología de punta, se podrán monitorear los territorios con la participación de la comunidad para que puedan acceder a la información y ayudar al monitoreo y conservación.v. Esquemas de incentivos para la conservación: para Mapiripán en el Meta, el incentivo se otorgará por la conservación de bosques o pago por servicios ambientales (PSA) y en Cartagena del Chairá se va a establecer un esquema de apoyo a la restauración para recuperar la reserva forestal.
Los resultados de los cinco propósitos permitirán formular la siguiente etapa de la estrategia que consiste en intervenir el territorio y ampliar la cobertura, para llevarlo a más personas de las comunidades. Esta primera etapa de intervención y socialización se llevará a cabo con 270 familias de Mapiripán y 750 de Cartagena del Chairá con quienes se espera iniciar la reconversión hacia un uso sostenible de la biodiversidad y el manejo del bosque y economía forestal.
Bogotá D.C febrero de 2024
