PONENCIA SOBRE EL DERECHO AL AGUA, COMISION IV DEL SENADO 19 DE ABRIL DE 2022
“El secuestro del agua en La Guajira otra estrategia de despojo”
JOANNA BARNEY
INVESTIGADORA DE INDEPAZ
Como bien se ha dicho, la Guajira es en buena parte un desierto con vida y esta en vía de ser convertido en un desierto de muerte. Un millón de guajiros, en su mayoría de la comunidad wayuu, han convivido en este territorio en una pugna permanente con grandes empresas y agroindustrias que les disputan el agua y los han llegado a una situación de extrema emergencia vital por el despojo de su territorio, del agua, del viento y de sus condiciones de existencia. Muchos procesos en curso, entre los que se incluyen las políticas minero energéticas de despojo, ya los han llevado a ocupar el primer lugar en todos los indicadores de precariedad humana y de crisis ambiental, como vino a decir a este recinto la delegación de jóvenes guajiros declarados en huelga de hambre el año pasado. De esto tratan varias sentencias de la corte, entre la que se destaca la sentencia T-302 que busca la protección de los niños, que casi a diario, mueren por causas asociadas a la desnutrición y a la falta de agua potable.
Pero el tema del agua va mas allá, el agua es un derecho, todos los seres vivos de la guajira se conectan de manera territorial a este elemento. El wayuu y sus animales no son ajenos a esa realidad. Los chivos, por ejemplo, nos puede parecer a nosotros, un sustento ocasional de dicha comunidad, pero son en realidad mucho mas que eso, los chivos son la moneda de cambio para pagar las faltas, definieron los territorios claniles o uterinos, les dan alimento en épocas de escases y es un bien que no se devalúa. Donde las comunidades indígenas aun conservan su forma de ganadería tradicional, con un hato que suma más de 500.000 animales los chivos se convierten en una suerte de salvación en tan duro territorio, con ellos se puede pagar un eventual carro tanque de agua, un mercado, la reparación de una falta, una dote, etc. Allá en territorio wayuu, que es la mitad de la Guajira, todo se tasa en chivos.
Pero los chivos y los wayuu corren la misma suerte, si se secan sus jagüeyes o sus fuentes de agua la vida se vuelve insostenible y es aquí cuando entramos de lleno en el tema de este debate. La guajira necesita el agua para subsistir, pero esa agua es usada por políticos y empresas para chantajear a su población, el acceso al agua no se trata entonces como un derecho sino como un bien canjeable, con su promesa se pagan votos, favores políticos o promesas de consulta previa por parte de las empresas, cuando en realidad debería ser tratado como un bien imprescindible garantizado por el Estado y no por las multinacionales privadas o por políticos de turno.
La Guajira ha sido definida en muchos planes de gobierno como la despensa de energía de Colombia para que en veinte años todo el territorio este cubierto de parques eólicos, granjas solares, condensadores de hidrógeno verde y azul, nuevas y viejas minas de carbón a cielo abierto, otras más de cobre. Se plantea también cubrir el mar de aerogeneradores y otras máquinas para sacar energía del viento y de las olas. Se habla de las decenas de miles de MW de energía, pero no se habla que en ese mismo plazo con el modelo de ocupación del territorio y de gabelas para los macroproyecros y multinacionales, los guajiros y en especial los wayuu serán víctimas del despojo tanto de sus tierras como de su agua dulce. Lo que se anuncia es el desplazamiento de las comunidades y para que esto ocurra y facilite la nueva colonización, el agua debe llegar a cuentagotas a las rancherías, a las escuelas y a los niños.
Tenemos tres ejemplos del uso del agua por parte de las multinacionales eólicas que desde INDEPAZ queremos resaltar pues son el motivo de nuestros últimos estudios. El primer ejemplo de manejo del recurso hídrico seria el del piloto de parque eólico llamado Jepirachi de la empresa EPM, que vive sus últimos días, pues será desmantelado en el próximo año y aunque dice que no es su interés dejar a las comunidades sin agua, es una realidad que no habrá forma de que su planta desalinizadora continúe sin la empresa.
EPM desea dejarle el mantenimiento a la alcaldía de Uribía, pero la alcaldía dice no poder asumir el costo de la planta una vez sea pasada a diésel. El resultado hoy, a menos que algo cambie, es que la planta que surtió de agua solo a las 3 comunidades del área de influencia del proyecto se ira una vez el parque se apague.
El otro modelo que las empresas están usando para darle cumplimiento a sus promesas en consulta previa es el propuesto por ENEL en el parque de Windpechi donde se construyó una planta con un modelo mixto donde el Estado uso las llamadas por obras por impuestos para pagar $5.979 millones y la empresa ENEL aportó el sistema fotovoltaico necesario para su funcionamiento. La promesa era que la planta surtiera a 23 comunidades, pero la realidad que verificamos en territorio hoy es que esa planta solo les suministra agua a las 11 comunidades del área de influencia del parque. El sistema podría proveer a mas satélites, pero estos están a mas de 5 kilómetros de las comunidades por lo que las mismas no pueden llegar a ellos. El mantenimiento de esa planta no ha podido ser entregado a las alcaldías de Manaure y Uribía por lo que la participación de la empresa se hace imprescindible. Este proyecto hace parte un plan al que el gobierno llamó Guajira Azul y prometía ser parte de la solución a la sentencia T-302 en su aparte del acceso al agua.
El otro modelo es aun mas perverso, se promete agua en carrotanques a las comunidades del área de los proyectos eólicos que obviamente se esfumaran cuando las empresas se hayan ido.
Si las comunidades wayuu contaran con el derecho al agua y con otros derechos fundamentales a las empresas no les quedaría tan fácil negociar con ellas. El problema aquí es que deben decidir entre unos proyectos que no dimensionan, una convivencia de mínimo 20 años a cambio de lo que les debería otorgar el gobierno por derecho propio.
Las comunidades llegan a las consultas previas con muchas necesidades y de ahí es más fácil que se produzcan modelos asistencialistas que solo les prometen migajas. Esto sin duda les va quitando la dignidad que se merecen y los deja con un modelo colonialista donde la empresa juega a ser su verdugo y al mismo tiempo su salvador.
La preocupación no es solo nuestra, en los mismos estudios de impacto ambiental de la ANLA se definen como severos los daños al tejido social, la ganadería del chivo y la vegetación y fauna voladora circundante.
¿Que piden entonces las comunidades en los territorios que nosotros visitamos? Piden sobre todo, un ojo crítico a los negocios energéticos en la región de la Guajira, piden control por parte de las entidades que deberían ser garantes de las comunidades indígenas, como lo son la defensoría del pueblo, la procuraduría, la contraloría y el Ministerio del interior, que en estos cuatro años han brillado por su ausencia o han actuado como garantespero de las empresas, piden que les entreguen el control de sus territorios y que los tengan en cuenta para los millonarios negocios donde ahora solo se les ofrecen mano de obra no calificada.
En definitiva, lo que los pueblos de la Guajira reclaman es la concertación de un modelo democrático para grandes y pequeños proyectos en el territorio de la península. Un modelo en el que por lo menos estén en condiciones de igualdad tanto en los beneficios como en la toma de decisiones. Lo que NO quieren es ser convertidos en otro pueblo de sacrificio.