Desafortunadamente tendremos emergencia para cuadrarle el balance de fin de año a algunas poderosas empresas de la salud y para algunos discursos preelectorales, pero los problemas de fondo seguirán esperando hasta que esta sociedad se dé cuenta que la crisis no es del no POS sino de todo el sistema de negocio montado desde 1993. 

 

 

El gobierno ha anunciado la declaratoria de un Estado de  Emergencia para afrontar la crisis que se presenta en el sistema de aseguramiento en salud y la noticia no ha merecido mayores comentarios ni reacciones ciudadanas.  La Constitución Política previó esa figura de excepción para facilitar la adopción de medidas urgentes cuando se presente una situación de grave amenaza al orden económico o social  imposible de conjurar con los instrumentos regulares. Y precisamente ese es el panorama del acceso a la salud por parte de 10 millones de colombianos pobres que encuentran bloqueadas las puertas a los servicios en hospitales que se declaran en quiebra por las deudas acumuladas en el FOSYGA. 

 

Se habla del atraso en el pago de cuentas por cerca de 900 mil millones de pesos a las entidades de salud que atienden a la población subsidiada, por concepto – en más del 60% – de procedimientos que han tenido que atender aunque no están en la lista del plan de este régimen para pobres.  La inequidad del sistema ha llevado a que las EPS no solo hagan discriminación según el tipo de afiliación sino que tengan procedimientos deliberadamente dirigidos a discriminar con el criterio de ahorrar y ganar. Y del otro lado se generalizó la práctica de acudir a la tutela para exigir acceso a tratamientos especializados o para complacer a una demanda artificial de medicamentos costosos promovida por las multinacionales farmacéuticas. Así se llegó a  500.000 tutelas por asuntos de salud desde la aprobación de la Ley 100 de 1993 y a un desajuste estructural de un sistema convertido en tráfico de pacientes y de enfermedades como si fueran mercancías de supermercado o casino.

 

La Emergencia Social en salud es anunciada por el gobierno para cuadrar las cuentas del llamado no POS y servirá para algunas medidas de choque y cuatro o cinco pañitos tibios, pero con las carreras de fin de año es poco probable que corrija los problemas de fondo señalados por la academia desde hace una década y por la sentencia 760 de 2008 mediante la cual la Corte Constitucional le ordenó al gobierno una acción extraordinaria ante el caos y la situación no constitucional de la acción Estatal ante el derecho a la salud. En esa sentencia de 2008 se conminó al gobierno a cumplir lo prometido de igualar los planes de atención de los regímenes contributivo y subsidiado tal como se previó hace 16 años. Según la Corte el plazo para cumplir esa obligación era octubre de 2009 y durante todo este tiempo, a pesar de estudios y promesas, se avanzó con expectativas en el caso de niños y niñas y poco o nada en lo demás. En la misma Sentencia se conminó al gobierno a ofrecer cobertura universal, con aseguramiento y acceso a salud por parte de toda la población antes de enero de 2010 y la realidad es que solo se preparan las disculpas para disimular el desacato.

 

Desafortunadamente tendremos emergencia para cuadrarle el balance de fin de año a algunas poderosas empresas de la salud y para algunos discursos preelectorales, pero los problemas de fondo seguirán esperando hasta que esta sociedad se dé cuenta que la crisis no es del no POS sino de todo el sistema de negocio montado desde 1993.