El reparto económico y de poder al final de la guerra, el reparto del botín, sería formalizado con una nueva constitución, la del Estado de opinión
Lamentable el espectáculo del Congreso de la República en la recta final de aprobación del referendo para la reelección. Durante varias semanas se ha dado a la luz pública un regateo de cuotas al interior de la coalición de gobierno y más de la tercera parte del Congreso de la República ha desfilado pidiendo su pedazo mientras dilataban los trámites esperando el arreglo.
Las bancadas se desdibujaron en virtud del paréntesis aprobado en la reforma política que permite el llamado voltarepismo o cambio autorizado de partido sin merecer por ello sanción alguna. Así se llegó a la negociación uno a uno y no al por mayor en un Congreso relleno de reemplazos de bolsillo, puestos allí por parapolíticos, pero con aspiración de juego propio en las regiones donde figuran como de tercera línea.
Con sus jefes en la cárcel o correteados por la Justicia en razón de su complicidad con los crimines paramilitares, esos suplentes y no pocos titulares, vieron la oportunidad de negociar un pedacito propio y pasaron también la cuenta de cobro al lado de la tajada grande de sus caciques mayores. No faltaron los que reclamaron su cuota por micrófono, como hizo un senador del Choco, alegando que así como el Presidente y sus amigos estaban cambiando la Constitución para manejar el poder y los privilegios otros cuatro años, el tenia derecho a reclamar inversiones para su departamento que le permitieran mostrar meritos y manejar contratos en la campaña que se avecina. Para algunos el negocio es en plata franca: si usted se abre el camino para reelegirse con un cambio de constitución a los trancazos, nosotros vamos en ese viaje pero necesitamos recursos para coronar también y reelegirnos hasta el 2014.
Todo ese trámite huele a torcido. Se le puso sordina al escándalo por la financiación de la recolección de firmas con aportes de DMG y se puso a votación y conciliación la reforma sin el pronunciamiento del Consejo Electoral sobre la magnitud de la contaminación del paquete de firmas que recogieron en parte con dineros de procedencia ilegal.
Este episodio pasará a la historia como un golpe de opinión y será justificado por imperativos superiores. El Presidente de la República ha respondido a los críticos del atropello a la Constitución no solo diciendo que se fundamenta en la voz de pueblo representada en cuatro millones de firmas y en las encuestas de favorabilidad. Ha señalado que el objetivo es reemplazar el actual ordenamiento constitucional por el que denomina Estado Comunitario y a los señalamientos por ilegitimitad de todo el proceso, ha respondido diciendo por primera vez como gobernante que considera ilegitima la Constitución de 1991 por haberse tramitado con un decreto de Estado de Sitio que sobrepasó las atribuciones de las normas vigentes desde 1886.
Así que el golpe en curso muestra que más allá de los tortuosos caminos del cohecho le apuesta al desmonte completo del actual Estado Social de Derecho para reemplazarlo por una nueva institucionalidad, la del Estado Comunitario, que sería la definitiva consolidación del modelo de economía y de régimen defendido a sangre y fuego en estas décadas. El reparto económico y de poder al final de la guerra, el reparto del botín, sería formalizado con una nueva constitución, la del Estado de opinión. Amanecerá y veremos.