Ante la proximidad del examen que se llevará a cabo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante, Comité DESC o Comité) en el próximo mes de septiembre, presentamos el siguiente informe con el objetivo de actualizar al Comité sobre la situación de la política de drogas y el cumplimiento de las obligaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC o Pacto) por parte del Estado colombiano. El presente informe documenta el trabajo de la sociedad civil en relación a las principales restricciones en el país para la efectiva garantía de los derechos económicos sociales y culturales (en adelante DESC), principalmente para aquellas poblaciones
que han sufrido un impacto diferenciado ante la política prohibicionista y la guerra contra las drogas: los eslabones más débiles de la cadena de producción y los usuarios de drogas.
De igual forma, se incluyen preguntas y recomendaciones para Colombia en el marco del tres escenarios que deben tomarse en consideración de forma integral frente a al contexto nacional: i)
la implementación del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final), los compromisos nacionales frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (ODS), y iii) el liderazgo de Colombia ante la necesidad de reformar la política de drogas vigente en la UNGASS de abril de 2016.
En ese sentido, el presente documento se centrará en los siguientes aspectos: i) las consecuencias del encarcelamiento de mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas, ii) la situación de la población cultivadora de hoja de coca, iii) la situación de los usuarios de drogas y, iii) los usos médicos, terapéuticos y científicos de las sustancias controladas.
