Informe del Departamento de Estado de EE.UU

por

Indepaz

Abusos en Derechos Humanos persisten 
Los falsos positivos, interceptaciones ilegales y la corrupción siguen pesando sobre el nombre de Colombia en los Estados Unidos
 
 
 
Washington. (EFE). El Gobierno de EE.UU. aseguró ayer que persisten los abusos “significativos” de los Derechos Humanos en Colombia, y recordó el caso de corrupción oficial en el programa Agro Ingreso Seguro que implicó al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y a otros funcionarios.
En su informe, el departamento de Estado pintó un panorama sombrío sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia en 2009 por parte del Estado, la guerrilla, nuevos grupos armados ilegales y paramilitares, pese a las medidas del Gobierno Nacional para combatir esos abusos.
Asimismo, el análisis destacó algunos casos “de corrupción con impunidad”, entre estos el escándalo con el programa Agro Ingreso Seguro, de entrega de subsidios no reembolsables que implicó al ex ministro de Agricultura y a otros funcionarios de esa cartera.
Las investigaciones sobre el caso, en el que presuntamente la campaña de Arias recibió aportaciones económicas de personas y empresas favorecidas con el polémico programa gubernamental, continuaron a finales del año, según el informe.
Se trata de la primera vez que el departamento de Estado se pronuncia en un informe oficial sobre lo que se convirtió en el mayor escándalo político en Colombia el año pasado.
Según el informe, los abusos “significativos” de los Derechos Humanos en 2009 incluyeron asesinatos “ilegales y extrajudiciales”, y la colaboración de algunos elementos militares con nuevos grupos armados ilegales y paramilitares que se negaron a desmovilizarse.
Agregó que hubo desapariciones forzosas, condiciones de hacinamiento e inseguridad en las prisiones, tortura y mal trato de detenidos, arrestos arbitrarios y un alto número de detenidos que, antes de su juicio, compartieron celda con presos ya convictos.
También hubo impunidad y un deficiente sistema judicial “sujeto a intimidaciones”, además de “vigilancia ilegal de grupos civiles, opositores políticos y agencias gubernamentales”, en referencia a las “chuzadas” o rastreos telefónicos por parte del DAS.
El DAS “vigiló a periodistas, sindicalistas, la oposición política, y organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos”, tanto físicamente como con llamadas, correos electrónicos y datos personales y financieros, recordó el informe.
Varias Organizaciones No Gubernamentales denunciaron detenciones arbitrarias y el asesinato de ocho activistas de derechos humanos y de 39 sindicalistas en 2009.
Sin embargo, el Gobierno tomó medidas para proteger a “miles” de sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros grupos, dijo el departamento de Estado.
Por otra parte, señaló que los medios de comunicación independientes operaron sin restricciones, pese a que miembros de grupos armados ilegales “intimidaron, amenazaron, secuestraron o mataron a periodistas”, que según varias ONG nacionales e internacionales provocaron la autocensura entre algunos.

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