La Asamblea Constituyente consagró un pacto de paz en 1991, cuya esencia sigue vigente.
El 4 de febrero de 1991 se instaló la Asamblea, que después de cinco meses aprobó la actual Constitución Política de Colombia. Desde diversas orillas se coincidió en calificar el acontecimiento como “una revolución pacífica”, tal como señaló la Corte Suprema de Justicia en el trascendental pronunciamiento que la declaró soberana y le cambió el nombre de Asamblea Constitucional, aprobado en las elecciones de mayo de 1990 y en el pacto político que firmamos -Gobierno, partidos tradicionales, Congreso de la República, AD M19- para convocarla. A partir de ese pronunciamiento asumió definitivamente el carácter de Constituyente.
En realidad, el proceso constituyente fue un acontecimiento extraordinario, proclamado como pacto de paz para el siglo XXI con el encargo de darle contenido a un Estado Social de Derecho y a la democracia de participación. En la segunda mitad de los años 80 se desencadenó el movimiento social y político que culminaría el 4 de julio de 1991 con la firma de la nueva Constitución.
Como en todo movimiento social profundo, en este confluyeron fuerzas e intereses de diverso signo buscando una salida a décadas de violencia generalizada y conflictos armados y a la crisis de las instituciones, que algunos calificaron como colapso parcial del Estado. Desde finales del Frente Nacional se habló de constituyente, pequeña para los herederos del pacto bipartidista y grande para los demás. La resonancia del conflicto armado interno y de la guerra de las mafias, con los carteles de Medellín y Cali a la cabeza, transformó la crisis crónica en ingobernabilidad, en medio de bombas, genocidios y magnicidios. Y fue en ese contexto en que se abrió paso la necesidad de un nuevo pacto de refundación del Estado para enrutar al país hacia la paz por el camino de la democracia y los principios de solidaridad, justicia social y vigencia de los derechos humanos.
Se pueden hacer muchas lecturas del significado del pacto constituyente de 1991, pero sin duda lo más importante fue la determinación de construir el Estado Social de Derecho y una nueva democracia como la llave para la paz en Colombia. Así se prefiguró la misión de la Constituyente desde los diálogos de paz en 1984 y quedó señalado en los documentos firmados en las mesas de diálogo nacional para los acuerdos de paz con el M19 en 1989. Ese fue el sentido de la séptima papeleta, incubada en el Comité Proconstituyente y en el movimiento estudiantil, y desde esta perspectiva logró la aprobación formal con 5 millones de votos en las elecciones presidenciales de mayo de 1990.
Al hacer el balance 20 años después podemos decir que la esencia del pacto de paz consagrado por la Asamblea Constituyente en 1991 continúa vigente, aunque la tarea se haya quedado a mitad de camino. Los partidarios de la ‘pax’ como resultado de triunfos militares y de un Estado autoritario no dejaron de conspirar y actuar en estos 20 años. Las Farc perdieron en el Caguán la oportunidad de entrar a ese gran pacto y han quedado entrampadas en la guerra. Los instrumentos más avanzados de la Constitución del 91 han estado y están en la mira de la contrarreforma. Pero con toda la maraña de contradicciones, el viejo dilema sigue en pie: o refundamos este país con democracia y equidad o lo refunda la antidemocracia legal e ilegal con su reparto del botín.
