El pleno de los constituyentes vuelve a reunirse para decir que 20 años después sigue vigente la apuesta a un Estado Social de Derecho y que se mantiene como cuerpo vigilante para evitar que de reforma en reforma se trasmute por el Estado Comunitario de Derecha. Muy emotiva estuvo la sesión solemne que hizo la Presidencia de la Cámara de Representantes para hacer un homenaje a los constituyentes que en 1991 pactaron la Constitución Política que rige a Colombia. Se rindieron honores a los 21 constituyentes fallecidos y se recordó el proceso extraordinario que permitió en 180 días redactar la Carta Política.
Las palabras clave de los discursos volvieron sobre lo repetido: pluralismo, diversidad, estado social, humanismo, ecologismo, justicia y paz. Pero en un escenario marcado por el recuerdo de los ausentes y sensibilizado especialmente por la muerte de Augusto Ramírez Ocampo y la persecución a la familia de Álvaro Gómez Hurtado, no faltaron anotaciones sobre el balance crítico a los 20 años de la constituyente ¿Fallaron los pactos por la paz y la no violencia? ¿Estado social o estado económico de derecho? ¿Nació bajo la marca del narcotráfico? ¿Fue inútil el sacrificio de la inhabilidad frente a la recomposición del clientelismo y la corrupción? ¿Tenemos un país mejor? ¿Después de 26 reformas sigue vigente la constitución de 1991?
Mejor dicho se hizo la agenda del balance que ocupa en estos días a la academia y a los partidos. Y de paso se abordaron asuntos que siguen rondando, como la acusación sobre la penetración del narcotráfico supuestamente demostrada en la aprobación del la no extradición. Fue muy afortunada la afirmación de Horacio serpa, copresidente de la Constituyente, sobre el carácter libre e informado del debate que se realizó en el tema de la extradición que ha sido mencionado por los detractores como prueba de la compra de la constituyente por los carteles del narcotráfico. Es de suponer que no faltó el lobby de las mafias, así como fue visible el que hicieron los grandes cacaos, pero de allí a vender la idea de que compraron a un parte decisoria de la Asamblea hay mucho trecho. Lo que presenciamos en esos días fue un debate doctrinario y de teoría criminal, con posiciones de lado y lado antes de proceder a votar. 20 años después, cuando solo en los últimos 9 años se extraditaron cerca de 1500 colombianos a los Estados Unidos, cabe la pregunta sobre la pertinencia del debate sobre la extradición y sobre la efectividad de ese mecanismo que ha servido más para la impunidad de crímenes atroces que para proteger a los drogadictos y vulnerable en otras latitudes. La extradición, tan debatida, ha terminado como instrumento para silenciar a exparamilitares y narcoparamilitares y proteger a sus aliados desde el poder. Y para completar el panorama, son muchos los narcotraficantes que buscan la extradición como vía para una ventajosa negociación bajo los patrones de la DEA y la justicia gringa que es sorda y ciega ante los crímenes de lesa humanidad en Colombia.
Cada uno de los interrogantes que quedaron deambulando en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, serán parte de agenda de los eventos conmemorativos, lo mismo que un mensaje contundente: el pleno de los constituyentes vuelve a reunirse para decir que 20 años después sigue vigente la apuesta a un Estado Social de Derecho y que se mantiene como cuerpo vigilante para evitar que de reforma en reforma se trasmute por el Estado Comunitario de Derecha.