Camilo González Posso[1]

Presidente de INDEPAZ. Enero 2026.

El presidente de los Estados Unidos ha intentado justificar el bloqueo, la agresión contra Venezuela y el secuestro de Nicolas Maduro, como una operación de recuperación del petróleo que supuestamente fue robado a empresas de su país. Ha quedado claro que el asunto del narcotráfico no es para Washington el gran problema. La clave es el petróleo y la disputa de recursos que está teniendo Estados Unidos con China, Rusia e Irán. Esto ha sido señalado por voceros de Washington, por todos los analistas y figura en los pronunciamientos de decenas de países contra la violación del derecho internacional y el uso de la fuerza para apoderarse de los recursos de cualquier país. No hay que ir muy lejos para ver los objetivos petroleros de la intervención militar en Venezuela. 

 “Que Venezuela devuelva todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”

“Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”…

“Construimos la industria petrolera venezolana con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó”.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses (…) gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”.

Es tan burdo el alegato que parece innecesario presentar argumentos académicos en contra y por ahora han sido pocos los artículos que han salido a mostrar con datos lo que ha sido el proceso de nacionalización del petróleo en Venezuela. Pero, tanta insistencia de Trump en las acusaciones de robo obliga a volver sobre esa historia que muestra el progresivo control del petróleo por parte del Estado en procesos ajustados a las reglas dictadas por el derecho internacional para procesos de control de recursos y en particular del petróleo.

El artículo de Guillermo De Olmo (Olmo, 2026), publicado por la BBC el 3 de enero, recuerda que el giro más importante en materia de control estatal del petróleo venezolano se dio en 1940 con la Ley de Hidrocarburos que estableció 50% como mínimo de propiedad estatal en los proyectos de explotación y definió el plazo máximo de 40 años y monto de las regalías para nuevos contratos de asociación.

La nacionalización del petróleo se hizo legalmente en 1976

La siguiente decisión trascendental la tomó entre  1974 y 1976 el gobierno de Carlos Andrés Pérez, nacionalizando todo el petróleo, y dando indemnización plena a las compañías extranjeras a las cuales se les dieron por terminados los contratos vigentes. Fue un proceso negociado que contó con el beneplácito de los Estados Unidos y la aceptación de todas las empresas que pasaron a nuevas formas de asociación con la naciente empresa estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Indemnización por empresa (estimaciones)

“La nacionalización petrolera venezolana de 1976 ha sido caracterizada como un caso de expropiación negociada y jurídicamente conforme al derecho internacional, sin derivar en controversias arbitrales relevantes” (Dolzer & Schreuer, OPEP,1976).

Chávez intervino los contratos vigentes con empresas extranjeras

En 2007, cuando el gobierno de Chávez cambió los convenios, la situación de la inversión petrolera extranjera en Venezuela estaba subordinada a PDVSA y las empresas extranjeras operaban como socias o inversionistas minoritarias en convenios operativos y en asociaciones estratégicas en la Franja del Orinoco. 

El gobierno de Chávez precipitó medidas de reforma a la Ley de Hidrocarburos y de cambio en las relaciones con las empresas privadas después del intento de golpe que lo mantuvo secuestrado unos días y después la huelga prolongada y toma de PDVSA por parte de sus ejecutivos con el apoyo de EE.UU. Las medidas no fueron de nacionalización en tanto está ya había sido realizada desde 1976. Fueron definiciones sobre condiciones para los contratos, convenios y asociaciones para establecer en ellos la participación mayoritaria de PDVSA.

La mayoría de las empresas que operaban en la Franja Petrolífera del Orinoco aceptaron las nuevas condiciones. Así ocurrió con Chevron, Total, ENI.  Repsol, Perenco, Hasrvest NR. Algunas de estas se retiraron al vencimiento de plazos de convenios, y ante la obligación de asociaciones mixtas con PDVSA. Solo Exxon y ConocoPhillips demandaron y fueron a tribunal de arbitramento internacional.  

Esos litigios se han hecho en ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) quees una institución del Grupo Banco Mundial, creada por elConvenio de Washington de 1965. También han intervenido tribunales nacionales de algunos países de Europa. Como resultado se han promulgado laudos con montos menores a los demandados. Parece que ExxonMobil no tiene procesos pendientes, pero ConocoPhillips ha reclamado por pagos retrasados y ha procedido a embargos. Todo eso se puede seguir tramitando bajo los preceptos de arbitraje internacional y sin necesidad de agresiones militares.

Escalada de sanciones y negocios obligados con China

Las sanciones adoptadas por Estados Unidos fueron cada vez más agresivas y los problemas de insumos, equipos y mantenimiento de PDVSA se sumaban con las dificultades de gerencia creadas por la salida de los ejecutivos y personal técnico de alto nivel alienados con el bloqueo externo. La producción de crudo y las exportaciones cayeron verticalmente de 2,6 millones de barriles diarios a cerca del 20% en los años de pandemia.

Las sanciones no disminuyeron desde el primer gobierno de Maduro y cubrieron un menú de medidas financieras, embargos en EE.UU de propiedades de PDVSA, bloqueo comercial y de sanciones para el transporte marítimo. Esta situación precipitó el acercamiento a China.

Exportaciones de petróleo crudo desde Venezuela según

País de destino 2000 – 2025 . miles de barriles diarios

(kbd = miles de barriles diarios)

La reacción de Venezuela con la Ley Antibloqueo incluyó, entre otras medidas, acuerdos con China que llevaron al rápido crecimiento de las exportaciones y a reactivar la producción petrolera sin llegar al 50% de lo que se tenía al inicio del siglo XXI. En todo caso China se convirtió en el principal destino, con cerca de 80% del total de las exportaciones, mientras que EE.UU que recibía el 55% en el 2000 pasó al 15% en 2025, en especial por la permanencia de la Chevron en el país.

Hasta 2016 Venezuela había acumulado una deuda con China cercana a US60.000 millones, incluyendo los intereses, que ha ido cubriendo con crudo. En la actualidad se estima que tiene obligaciones por US10.000 millones que ha ido pagando con petróleo barato. A finales del 2025 se conocieron noticias de una posible negociación para un cupo de deuda en yuanes, equivalente a US121.000 millones, a cambio de derechos de explotación hasta 2041 prorrogables en la Franja del Orinoco.

Para China es importante el crudo venezolano y un acceso a las que se consideran las más grandes reservas de petróleo del mundo. China tiene menos del 5% del total de las reservas probadas y en cambio, al lado de EE.UU, es el mayor refinador y productor de derivados. El crudo pesado de Venezuela ofrece ventajas excepcionales.  

Me robo lo que me robaron

Así volvemos al principio. El Secretario de Estado Marco Rubio ha hecho eco al presidente Trump afirmando que el petróleo de Venezuela es de interés estratégico para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ha explicado que las empresas petroleras de Estados Unidos tienen grandes instalaciones para procesar crudo pesado y en condiciones de escases interna necesitan el recurso de Venezuela. Además recuerda que no pueden permitir que los que se beneficien sen China, Rusia o Irán (ver entrevista en ABCTV del 4 de enero).

El petróleo y otros recursos es el fin reconocido de esta intervención en Venezuela y también el medio para lo que han llamado un embargo petrolero para obligar al régimen de Venezuela a seguir las orientaciones dictadas por Estados Unidos.

En pocas semanas van a tener que empezar a extraer petróleo, a menos que hagan cambios. Y esa posición de ventaja que tenemos con la armada de embarcaciones que actualmente están posicionadas nos permite apoderarnos de cualquier embarcación bajo sanciones que entre o salga de Venezuela cargada con petróleo o en su camino para cargar petróleo, y podemos escoger contra cuáles vamos a actuar. Tenemos órdenes judiciales para cada una. Eso seguirá existiendo hasta que las personas que tienen control sobre las influencias de poder en ese país hagan cambios que no sean solo en interés del pueblo de Venezuela, sino que sean en interés de Estados Unidos y las cuestiones que son importantes para nosotros. Eso es lo que nos proponemos hacer. Marco Rubio en entrevista con George Stephanopoulos, 4 de enero de 2026.

Ya se conoce el libreto de la doctrina DonRoe, como la llama el mismo Trump. Queda la pregunta sobre lo que puede ocurrir con su aplicación en un juego de fuerzas e interés en el cual intervienen muchos actores comenzando por el pueblo venezolano. Las amenazas de intervención, bajo la bandera de “Yo tomo América”, en este inicio de 2026, han sido explicitas contra México, Canadá, Cuba, Groenlandia y de forma agresiva contra Colombia. Trump ha dicho que después de Venezuela sigue el Presidente Petro, ya calificado como jefe mundial del narcotráfico. Falta la Orden Ejecutiva que designe nuevos jefes de Estado como narcoterroristas para que se dispongan operaciones fatales o de secuestro. Semejante panorama de arbitrariedad y desconocimiento de toda normatividad internacional está desatando pronunciamientos y movilización en Latinoamérica, en Europa e incluso en los Estados Unidos.

Se ha abierto un nuevo periodo en la situación mundial, marcado por guerras,  por disputa de áreas de influencia y amenazas nucleares. Pero también por resistencias, alianzas entre pueblos y naciones, defensa de las conquistas de humanidad, búsqueda de paradigmas y nuevas formas de acción contra la tiranía, las tecnodictaduras del capital y la barbarie de las armas que quiere imponer un orden mundial basado en la recolonización y el miedo.

[1] Exministro de Estado, Magister en Economía, ingeniero Químico.