Por Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
A casi una década de la firma del acuerdo con las FARC, se volvió común escuchar que sus promesas siguen pendientes porque la implementación ha sido “lenta o incompleta”. Esa es una explicación demasiado simple.
Esa lectura evita una discusión más incómoda: el acuerdo también tuvo problemas de diseño y dificultades desde el momento mismo en que empezó a ponerse en marcha.
Algunos pensaban que el acuerdo podía resolver por sí solo décadas de conflicto armado y eso generó expectativas demasiado altas. Se desmovilizó una guerrilla que durante años tuvo una fuerte presencia territorial, pero la transición hacia nuevas condiciones de seguridad, gobierno local y economía en esos territorios quedó llena de vacíos. En muchas regiones la salida de las FARC no significó el fin de la violencia, sino una rápida reconfiguración del conflicto.
Ese reacomodo ocurrió en medio de la expansión o aparición de las llamadas disidencias, del ELN, de estructuras neoparamilitares y de mafias regionales que vieron en los territorios que dejó la guerrilla una oportunidad para disputar economías ilegales, corredores estratégicos e imponer formas de control local (dictaduras locales). El acuerdo permitió la dejación de armas de una organización insurgente, pero no desmontó las economías ilegales ni las redes criminales que operan en muchas regiones del país.
Tampoco se puede ignorar que los problemas de implementación comenzaron desde el propio gobierno que firmó el acuerdo. En ese momento se tomaron decisiones que debilitaron algunos de sus pilares, especialmente en temas de seguridad territorial y sustitución de economías ilícitas. Después, el gobierno siguiente profundizó esas dificultades al bloquear o desmontar varias de sus herramientas centrales.
El actual gobierno ha intentado reactivar algunos de los componentes más importantes del acuerdo, en especial el punto uno sobre reforma rural y transformación del campo, que probablemente es la apuesta más importante para cambiar las condiciones históricas de desigualdad en las zonas rurales. Ese esfuerzo es necesario. Sin embargo, también ha tenido dificultades en el manejo de la seguridad y en la respuesta frente a nuevas formas de criminalidad organizada que hoy tienen mayor capacidad y presencia territorial.
Porque la violencia que vive hoy Colombia no se explica solo por los rezagos del conflicto con las FARC. Hoy el país enfrenta estructuras de macrocriminalidad que combinan narcotráfico, minería ilegal, contrabando, control de rentas locales e incluso vínculos con sectores institucionales. No se trata únicamente de “grupos armados”, sino de redes criminales que articulan poder armado, intereses económicos y alianzas regionales para controlar territorios y poblaciones.
En ese contexto, la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo es una de las expresiones más graves de esa disputa territorial. Los asesinatos de líderes no son hechos aislados. Muchas veces responden a estrategias para intimidar comunidades, frenar procesos organizativos o proteger intereses criminales en los territorios donde operan estas estructuras.
El resultado es un proceso de paz que quedó atravesado por varias tensiones: expectativas demasiado altas sobre lo que podía lograr un acuerdo, errores y vacíos en su implementación durante distintos gobiernos, y la expansión de estructuras neoparamilitares y mafias regionales que han sabido adaptarse y fortalecerse alrededor de economías ilegales.
Por eso la discusión sobre el balance del acuerdo debe reconocer sus avances, pero también sus límites. La paz no se reduce a firmar un documento ni a crear nuevas instituciones. También implica transformar las condiciones en los territorios que permiten que la violencia se reproduzca, enfrentar las economías ilegales y desmontar las redes criminales que hoy ejercen control en amplias zonas del país.
La paz no se construye con fórmulas mágicas ni pensando que un solo acuerdo puede convertirse en modelo para todo. El acuerdo del Teatro Colón fue un paso importante, pero creer que todas las violencias del país se pueden resolver repitiendo esa fórmula es una simplificación.
La paz en Colombia no se construirá copiando modelos ni idealizando acuerdos. Se construirá entendiendo cómo cambia la violencia, desmontando las economías ilegales, transformando realmente los territorios y enfrentando las redes de macrocriminalidad que hoy se disputan el control. Pero también entendiendo que la paz no es solo un acuerdo con actores armados: es un proceso de cambios estructurales, culturales e institucionales que requiere el compromiso de toda la sociedad.
