En estos aniversarios se está llegando más allá de las loas y los inciensos y se ha puesto a pensar a muchos en ese otro lado atroz de la violencia que no se logra superar y que tiene nombre de impunidad por crímenes de sistema, es decir crímenes de Estado.
Por estos días de agosto se ha llenado el calendario de efemérides de magnicidios perpetrados en los últimos veinte años, pero a diferencia de otros agostos en este no se ha repetido que Luis Carlos Galán y Jaime Garzón fueron sólo víctimas de los narcos y Manuel Cepeda de no se sabe quién. Por esas vueltas que da la historia desde altas esferas de la Procuraduría y la Fiscalía se han dado argumentos para decir que el fondo de estas tragedias es la práctica de “crímenes de sistema”, una acción sistemática dirigida a destruir colectivos mediante el asesinato metódico de líderes.
Siguiendo las apreciaciones del ex Fiscal Iguaran, existen suficientes elementos para calificar los asesinatos de Galán, Rodrigo Lara, Guillermo Cano y otros como parte un plan homicida promovido por mafias coligadas con políticos y agentes del DAS o miembros de las fuerzas armadas. En el caso de Galán, Mario Iguaran señaló antes de dejar el cargo que «allí la Fiscalía vislumbra un exterminio como modalidad de genocidio, por una parte, y como modalidad de delito de lesa humanidad, por lo que ya descarta la prescripción, porque de acuerdo a la doctrina internacional para aducir el dolo no es necesario acabar con la totalidad del grupo. Es suficiente con que se asesine el líder o los directivos».
La tesis de la Procuraduría habla de “crimen de Estado”: «Existe al interior de la investigación demostración clara de que agentes del Estado participaron de manera activa y sistemática en la comisión del asesinato del doctor Luis Carlos Galán, con claros fines políticos, ese es un hecho que adquiere connotación de crimen de Estado, y por lo tanto de lesa humanidad y también imprescriptible».
Según confesiones de Carlos Castaño y otros paramilitares a Jaime Garzón lo asesinaron por considerarlo un apoyo de la guerrilla que se camuflaba de comediante y mediador de secuestros. Es decir por las mismas razones que se ordenó el asesinato de miles de militantes de la UP. Sobre los cómplices de este crimen cometido el 13 de agosto de 1999 poco se ha dicho, como tampoco sobre los testigos que han sido silenciados o las jugadas realizadas desde el DAS para encubrirlos. Pero todo puede ser más grave de los que parece como dice el Proyecto contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, según la cual «Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII (del Ejército) en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las Farc».Las investigaciones han implicado también al G-3 del DAS que durante años se encargó de hacer listas y pasarlas a los paras y sicarios para que hicieran el trabajo material.
Sobre estos casos en este agosto de 2009 hay prolífica información en los medios pero en cambio es chocante el contraste con el silencio sobre el aniversario de Cepeda Vargas. Pero aquí no cabe duda ya en el juicio histórico de que el asesinato del 9 de agosto de 1998 fue parte de un genocidio cuya responsabilidad cabe al Estado por omisión y por acción desde las fuerzas del orden.
Afortunadamente en estos aniversarios se está llegando más allá de las loas y los inciensos y se ha puesto a pensar a muchos en ese otro lado atroz de la violencia que no se logra superar y que tiene nombre de impunidad por crímenes de sistema, es decir crímenes de Estado.