En el año 1992, tuve la oportunidad, en Popayán, de entrar a las instalaciones de la SIJIN (en ese momento la policía judicial) para averiguar por unas situaciones de seguridad de personas indultadas del Quintín Lame y sus equipos de escolta. Mi gran sorpresa entonces, fue la de encontrarme en un salón de forma rectangular en donde en uno de sus paredes laterales estaba el organigrama del ELN, con una estructura vertical presidida por el cura Manuel Pérez, y en la otra pared, al frente, estaba el organigrama del CRIC, presidido por el compañero Cristóbal Secue. Pensé que ese era un criminal mensaje para los policías, señalando cuáles eran los enemigos del Estado.
Hoy, 28 años después de lo narrado en el párrafo anterior, esta percepción del Estado no cambia, a pesar que la constitución define claramente el derecho a la organización, movilización y protesta social; esto nos muestra que desde quienes tienen el poder dentro del mismo, no hay el más mínimo esfuerzo por avanzar hacia la democracia, prefiriendo un estado totalitario en contra de las mayorías, desde el que seguramente se sienten con todas las facilidades para expoliar territorios y desconocer poblaciones, tanto en lo rural como en lo urbano.
El CRIC claramente actúa por la defensa de derechos indígenas y del pueblo colombiano. El estado, desde el momento en que constitucionalmente fue instituido como Estado social de derecho, tiene el deber de brindar y garantizar el acceso a estos derechos, y en ningún momento puede considerar como enemigos a quienes luchan por los mismos dentro del marco de la legalidad. La guerra, y la continuidad buscada de la misma por los sectores en el poder, “permite” la negación desde el Estado de la lucha por derechos y camuflarla como una acción contrainsurgente; por eso, desde defensores de derechos humanos, se está usando el concepto de criminalización de la protesta social, no porque está exista legalmente, sino para mostrar el sinsentido de quienes están obligados a garantizar dicho derecho.
Por eso, es completamente valida la indignación y la denuncia expresada por la consejería del CRIC al inicio de la presente semana, en pronunciamiento público referente a declaraciones dadas por una alta fuente del Ministerio de defensa, que pidió la reserva de su nombre, a la emisora Guatapuri, en el contexto de la preparatoria de un consejo de seguridad presidido por el ministro de este ramo, en el municipio de Pueblo Nuevo (Cesar) para avanzar en la estrategia “Plan Sierra Nevada”.
Dicho plan, según la entrevista publicada el pasado 11 de diciembre, busca prevenir que: “Pueblo Bello, siendo el municipio más importante del complejo montañoso de la Sierra Nevada, se convierta en otro Caloto o en otro Toribio, Cauca”. Es decir, en un municipio con una altísima complejidad por el largo conflicto social que ha vivido durante años y donde los actores ilegales tradicionalmente han desafiado la legitimidad del Estado. Sobre el particular, agregó la fuente, existe preocupación en el alto mando militar por la presencia de grupos del Ejercito de Liberación Nacional en la zona, como también por las visitas de miembros del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, que estarían asesorando a ciertos grupos indígenas de la Sierra Nevada en el llamado escalamiento de la protesta social.
Es importante que la procuraduría, y sobre todo la ciudadanía, tomen nota que la libertad de organización es un derecho, que circular y recorrer el territorio nacional, hablar entre colombianos, son libertades fundamentales en nuestro país; que en Colombia no existe el apartheid; que tampoco hay un delito llamado escalamiento de la protesta social. Esta última categoría es usada por el Estado colombiano para criminalizar de manera ilegal a las organizaciones sociales; incluso esta categoría tampoco existe desde el movimiento social como una estrategia, ya que esta es una resultante de situaciones cada vez más agudas de pobreza y desconocimiento económico, político, social y de derechos fundamentales sobre grandes sectores de la población colombiana.
Popayán, 14 de diciembre 2020
Henry Caballero Fula
Exconsejero de paz del departamento del Cauca.