La chispa que amenaza incendiar la pradera.
Estupor general causó la aseveración del Ministro Botero que señala que “los grupos armados organizados financian la protesta social”. Fue tal el rechazo que el presidente Duque salió inmediatamente a aclarar, sin nombrar a su ministro de defensa, “que la protesta social es un derecho constitucional”, pero acotando que esta se debe realizar “con estricto apego a la ley”.
La desafortunada intervención de Botero, que criminaliza la protesta social, la cual fue hecha ante el Congreso de Confecámaras, no dejo a nadie por fuera pues a lo anterior agregó: “cada vez que ustedes ven que cerraron la vía Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan dinero con facilidad”.
Independientemente del sainete protagonizado por el Gobierno nacional de afirmar, contra afirmar, corregir y aclarar, lo cierto es que hay una notificación precisa ante la opinión nacional en el sentido que la protesta social será un derecho estigmatizado y negado en este periodo presidencial pues, como ya lo había dicho el mismo Botero desde el momento en que fue designado, la única valida es la “ … protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Así pues, nos podemos dar por enterados: las protestas de los indígenas, de los campesinos, de los obreros sindicalizados, de los vendedores ambulantes, de las comunidades locales, de los mototrabajadores, de los estudiantes, de los viviendistas, de los defensores de derechos civiles y de la diversidad, de los damnificados por las hidroeléctricas y la minería, así como los defensores del medio ambiente, de las víctimas de los actores conflicto armado y demás actores violentos, serán descalificadas fácilmente como contrarias al interés de todos los colombianos, el cual solamente puede ser representado por el sacrosanto gobierno elegido por las “mayorías”. Es decir, la única protesta valida será la que convoque el Gobierno nacional y todos sus acólitos, como quien dice protestas de “yo mismo” contra “yo mismo”.
Muchos sectores populares fincaban su esperanza en la idea consistente en que al desaparecer el conflicto armado podrían realizar las necesarias luchas por la transformación de este país, sin que por ello fuesen señalados mentirosamente como pertenecientes a grupos guerrilleros. Aunque aún no se ha terminado el conflicto armado, ya se ve cual es la estrategia de los poderes dominantes: no se puede admitir ningún cambio desde los más pobres y oprimidos y para ello se necesita generar un enemigo interno contra el cual luchar (en el cual impajaritablemente se deben incluir las luchas sociales), que en este caso es constituido por las “mafias de verdad, mafias supranacionales” que manejan los dineros ilícitos.
Hasta antes de los pronunciamientos del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio que controla la protesta social, se sabía en la opinión pública que las tales mafias se mueven a través de grupos armados ilegales y que estos tienen amenazados y asesinan a líderes y sectores sociales que se oponen a la minería, al narcotráfico y, en general, a quienes defienden su vida y sus territorios. Hasta ahora se sabía que las tales mafias, dependientes no solo del narcotráfico y la minería ilegal sino también de empresas legales que quieren expropiar derechos territoriales y económicos, sociales y culturales (estas últimas tal ven sean para el Sr. Ministro las mafias de mentira), están contra el movimiento social, pero ahora resulta que, según las aseveraciones del Gobierno de la seguridad democrática II, estas son las que financian la protesta social.
¡Vaya mentecita la que puede imaginar estas cosas!, ¿será que aquí aplican los dichos populares: “el que las usa se las imagina” o “el ladrón juzga por su condición”? En todo caso, una cosa debería ser un jerarca burgués pensando maquiavélicamente en su sillón y otra la de un Gobernante y sus representantes que deben ceñirse estrictamente a la Constitución y a la Ley y al respeto de los derechos y las garantías para su cabal cumplimiento, tal como lo ordena la carta magna (a propósito: no por política de gobierno, como argumentó el Presidente, sino por mandato constitucional).
El paquetazo ultraneoliberal y la protesta social
Una cosa quiero afirmar categóricamente, retomando el gesto de Horacio Serpa: ¡qué el ministro de defensa es una rueda suelta dentro del gobierno actual: Mamola!
El respeto a la protesta social no cabe dentro de la mentalidad del actual Gobierno porque este ha asumido completamente el paquetazo del neoliberalismo más radical que asume que el bien común es representado de manera exclusiva por los inversionistas privados del capital nacional y transnacional. Hay que quitar todos los obstáculos a estos inversionistas para que el capital fluya, eso retroalimente la economía y a través de los ingresos se distribuya en la sociedad. No debe haber preocupación por la equidad ya que lo importante no es la proporción del ingreso entre los diferentes integrantes de la sociedad sino garantizar la inversión para que haya más movimiento de capital en todos los sectores de la economía y por tanto un ingreso mayor en su conjunto, el cual siendo grande necesariamente llegará a todos los rincones y recovecos de la sociedad. Así, sí se necesitan salarios más bajos, hay que permitirlos por el bien del interés general de la sociedad representado en el señor K (capital); sí es necesario cobrar más impuestos a las mayorías pobres y medias de la sociedad con tal de no cobrarle al señor K, hay que hacerlo; sí se necesita expropiar a las poblaciones de sus territorios… pues toca, ya que estas representan intereses particulares, en cambio el señor K, que necesita hacer la extracción de minerales o la inundación de los territorios, o la expropiación del agua, o la destrucción de los ecosistemas, representa el interés general (¡!).
¿Y el Estado que hace entonces según este paquetazo?: Garantizar que los intereses particulares de las comunidades no primen sobre los intereses generales representados en el señor K. Luego: si los intereses particulares de las comunidades y los sectores sociales protestan o quieren imponerse, el Estado tiene que ponerlos en su lugar a las buenas o a las malas, por el bien de todos, es decir, en primera instancia, por el bien del señor K.
El compromiso de este Gobierno es abiertamente con este paquetazo, por eso de manera abierta ha nombrado una buena parte de integrantes de gremios económicos en su gabinete, de manera que el señor K tenga la seguridad que las políticas públicas, programas y proyectos, así como las acciones inmediatas en cada coyuntura, se van a hacer para respetar el interés general que se expresa en la inversión y el capital; también ha procurado que los funcionarios que no vienen directamente de los gremios hayan pasado por organismos financieros internacionales propulsores y vigilantes de este paquetazo ultraneoliberal. Para todos ellos, los derechos sociales son obstáculos que quieren remover hablando de servicios y bienes, que se deben garantizar con el aumento del ingreso y a través del mercado y no como obligaciones del Estado. De esta manera, no cabe la protesta social y quienes hagan uso de ella son enemigos interesados en la quiebra del sistema o en el interés particular o de otros particulares que les manejan.
Entre tanto, a las organizaciones sociales les queda muy bien la frase de Don Quijote: “Nos atacan Sancho, señal que cabalgamos”.
Henry Caballero Fula
Integrante de la comisión de negociación del CRIC
Popayán, septiembre 16 de 2018
