La falta de garantías de seguridad y protección para el ejercicio de la acción social, comunitaria, sindical, y política, en defensa de los derechos, los territorios y la construcción de paz ha sido una constante en la historia de Colombia, que se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años. Esta situación es particularmente delicada si se tiene en cuenta que el Estado suscribió un acuerdo de paz con la antes denominada insurgencia de las FARC-EP en noviembre de 2016.
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