Camilo González Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ

Bogotá D.C. 26 de abril de 2019

En el debate sobre el proyecto de objeciones a la Jurisdicción especial de paz presentadas por el gobierno el país vio en directo por televisión y en las redes la respuesta del senador Álvaro Uribe Vélez a la intervención crítica de Gustavo Petro. Uribe, después de polemizar con Petro acusándolo de hablar de amor para promover en realidad el odio y de descalificar con calumnias e insultos a sus contradictores, se sentó y mirando directamente a Petro le dijo con furia incontenida: ¡sicario! … ¡sicario! … ¡sicario! mientras sus partidarios asentían complacidos a cada palabra mordida por su jefe.

Que dijo Gustavo Petro que le mereció la descalificación de Álvaro Uribe?

En esencia que quienes se están oponiendo a la JEP le tienen miedo a la verdad y prefieren que se oculte la historia de enriquecimiento ilícito y de poder conseguido desde el miedo y el odio. Petro acusó al uribismo de presionar al presidente Duque “para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia por el prurito de ocultar los nombres de los terceros, los beneficiarios económicos de la violencia, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia”. Señaló que en contraposición “nosotros defendemos la JEP, porque permite la verdad y sobre la base de la verdad nos permite la reconciliación”.

¿Que alegó Álvaro Uribe V?

No hizo alusión a la tesis de Petro sobre la necesidad de la verdad sobre el papel de los terceros civiles en los crímenes atroces y se centró en negar la existencia de presiones suyas al presidente Duque aprovechando para responder sobre las acusaciones de complicidad con el narcotráfico y el enriquecimiento con sangre: “No hace parte de mi talante pretender presionar al presidente Duque”. “El presidente Duque no ha estado en movimientos criminales, no ha estado en movimientos terroristas, donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil”. “Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamante”. “Mucho se valen de la palabra amor para tapar su odio y ese odio que los mantuvo asesinando colombianos logró paralizar sustancialmente el progreso social de este país que se distinguía en América Latina como el que más estaba avanzando en eliminación de la pobreza”.

Este debate tiene muchas aristas y por supuesto lo trascendental es la suerte de la Jurisdicción especial para la paz que es la piedra angular de la continuidad de la transición hacia la paz. Pero no es menos importante analizar el tono de los discursos y la recurrente alusión a la palabra odio ¿Hasta dónde va el debate político y cuándo se pasa del análisis y la caracterización de las posiciones e intereses del rival, a la estigmatización y al discurso del odio?

La trascendencia de estos interrogantes se hace notoria con los comentarios de algunos internautas. Mientras el rifirrafe sucedía en el Congreso de la República en el chat de la transmisión del debate por internet se hacia otro debate con menos argumentos y más virulencia que de tanto en tanto inunda las redes: Petro guerrillero, Uribe paraco asesino; Petro asesino de magistrados en el Palacio de Justicia, Uribe promotor de masacres con sus 12 apóstoles y su alianza con narcotraficantes, Petro sería un buen muerto, … etc, etc para no mencionar las palabras gruesas sobre la madre y los abuelos de cada uno de estos senadores enfrentados. En lugar de referirse a los argumentos se ataca a la persona con insultos o descalificaciones morales.

Estas acusaciones con alto calibre han sido cruciales en la historia de Colombia y han tenido repercusiones mayores en periodos de alta polarización y escalamientos de la violencia armada para dirimir asuntos de poder a todos los niveles. A las palabras sigue la acción y la incitación a la acción y a la reacción en cadena que llega de la cúspide a la base de la sociedad. Contra lo que dice el sentido común las palabras son fuerzas vivas: a las palabras se las lleva el viento y las esparce por todos los rincones en barrios y veredas.

CONTROVERSIA POLÍTICA, DISCURSO OFENSIVO Y DISCURSO DEL ODIO

El debate y las palabras cruzadas entre Petro y Uribe sirven para reflexionar no sólo sobre el odio en política sino sobre la urgencia de una autoregulación de los discursos para que la controversia cumpla su papel constructivo de condiciones democráticas y de superación de la larga historia de violencia en Colombia. También vuelven a aparecer las preguntas sobre la posibilidad de la verdad histórica en medio de la pugnacidad y la lucha por la hegemonía de los mega relatos acerca de lo sucedido en décadas de confrontaciones armadas sobre las cuales la sociedad está dividida incluso para ponerle nombre a lo sucedido. Menos acuerdo existe sobre la responsabilidad por 500.000 homicidios en esas confrontaciones políticas violentas desde 1944, más de 15 millones de desplazados, de 10 mil ejecuciones extrajudiciales, 69.000 víctimas de desaparición forzada, 40.000 secuestrados…Incluso estas cifras son parte del desacuerdo.

Hay que advertir que el debate político es esencial para la democracia y también para el esclarecimiento de la verdad histórica. Caben distinguir la sana controversia de los discursos ofensivos y estos de los discursos el odio.

En la controversia es natural que los contradictores defiendan con pasión sus argumentos y opciones de solución a los problemas colectivos y que ataquen las posiciones de sus oponentes. Unos y otros deben justificar sus propuestas por la contribución al beneficio de la sociedad y el arte del discurso polémico se mide en parte por la capacidad de mostrar la inconsistencia, baja efectividad o defensa de interés egoísta detrás de argumentos supuestamente altruistas de su antagonista.

El discurso punitivo en la lucha política presenta acusaciones al contradictor señalándole con indicios y pruebas como posible responsable de daño a la sociedad y de cómplice o autor determinante de crímenes. El discurso del odio va más lejos pues descalifica con epítetos y estigmas no solo conductas del oponente sino a su propia personalidad y dignidad humana. El discurso punitivo llama a la condena social y a la investigación penal mientras que el discurso del odio llama a la destrucción de rival como supuesta necesidad para el bienestar de la sociedad.

Siguiendo estas diferenciaciones se puede hablar del discurso del odio en política como la intolerancia con el otro que se acompaña de incitación a su destrucción por cualquier medio. El sustento del discurso del odio es el fanatismo que, como dijera Amos Oz, es propio de quienes suponen que su verdad es la única salvación y los que se oponen a ella y no se dejan abrigar por sus supuestos beneficios, solo merecen desaparecer.

La línea divisoria entre el discurso punitivo y el de odio es tenue cuando se está en contextos de violencia crónica y de experiencias vivas de solución de conflictos de poder por medio de las armas. Entre uno y otro hay zonas grises que se cruzan cuando la acusación penal se utiliza como insulto y sustituto de la argumentación racional.

Puede decirse que para la transición a la paz en Colombia es importante discutir códigos de autocontrol y fortalecer la ética de la tolerancia y del respeto a la dignidad del oponente para lo cual son pertinentes las pautas en contra de la estigmatización que proscriben el insulto, la humillación, el uso de tipos penales para denigrar al contradictor, la ofensa a la dignidad y honra de la persona por medio de la descalificación genérica y discriminatoria de colectivos.

Al mismo tiempo la proscripción del odio y de la estigmatización contribuye a los debates en la sociedad en el esclarecimiento de la verdad histórica sobre el conflicto y las experiencias de violencia y graves violaciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Hay que aceptar como inevitable y necesario que se presente una lucha frontal sobre las responsabilidades de todo un periodo histórico de violencias, guerras, confrontaciones y conflictos armados. Es poco probable que a corto plazo se logre un consenso nacional sobre una verdad histórica, en realidad se tendrá un escenario de controversia entre varias narrativas e interpretaciones. El reto es evitar que las argumentaciones hacia la verdad se responda con estigmatización y discursos del odio y lograr que la pugna inevitable por los mega relatos sobre el pasado, por el lugar de la memoria y de las verdades, se ponga en función de la no repetición y de la reconciliación en condiciones democráticas de paz.

EL PAPEL DE LOS DISCURSOS DEL ODIO Y DE LA ESTIGMATIZACIÓN EN EL ASESINATO DE LÍDERES Y LIDERESAS EN COLOMBIA

En la historia de Colombia abundan los ejemplos sobre el papel nefasto de la estigmatización en la justificación del asesinato para lograr ventajas políticas o acumular riqueza. Las dictaduras de mediados del siglo XX se impusieron a sangre y fuego en contra del gaitanismo y de los movimientos sociales campesinos, étnicos, estudiantiles y sindicales; el régimen del Estado de Sitio generalizó dictaduras cívico – militares que declararon enemigo interno a todo el que calificaban de agente soviético y autorizó la pena de muerte bajo la figura de la “ley de fuga” o de guerra contrainsurgente; la múltiple alianza antisubversiva promovió el complejo paramilitar con licencia para matar; la lucha armada insurgente por el poder justificó declarar objetivo militar o de economía de guerra a civiles y se acompañó de graves violaciones al DIH incluidos secuestros y ejecución de personas inermes calificadas de enemigos.

También existen experiencias de distensión en los discursos en la cúpula política con súbitas repercusiones en disminución de homicidios y de hechos violentos en la sociedad: así ocurrió en meses de 1953 cuando el General Rojas Pinilla anunció una amnistía; con el acuerdo del Frente Nacional y el Plebiscito de 1957 se abrió un periodo hasta 1965 con disminución drástica de la tasa de homicidio; entre 1991 y 1993, como efecto del pacto constituyente, se frenó la matanza antes de que se escalará la guerra. Ahora con la firma de los acuerdos de paz y la transición hacia el postconflicto se espera un decrecimiento más acelerado de las tasas de homicidio político que vienen cayendo a pesar de la persistencia de la violencia en regiones y de la radicalidad de los discursos fanáticos.

En la actualidad hay conexión entre la estigmatización y discursos del odio en la cúpula política y la persistencia y reconfiguración de violencias armadas en los rincones más apartados o con historias recientes de conflicto armado en Colombia. Después de décadas conflictos armados, la firma del Acuerdo de Paz abre el camino para desmontar dispositivos violentos, odios y resentimientos pero se requieren estrategias multidimensionales para transformar condiciones ideológicas, culturales y políticas creadas en función de la guerra: esas estrategias son efectivas si están acompañadas de mensajes desde arriba e iniciativas desde abajo. El impulso de retaliación o venganza de una persona o grupo en alguna región rural o en centros urbanos con historias de violencia armada se activa cuando ve a sus jefes a punto de romperle la cara a los contradictores o cuando arriba, en el Congreso de la República o en los medios de comunicación, se repiten los discursos del odio y la estigmatización. Y más grave todavía, la reconfiguración de grupos armados para disputas por territorios, tierras, recursos naturales y poderes políticos, encuentra soporte y terreno abonado en la estigmatización: siempre dicen que matan, desaparecen o desplazan para proteger a las comunidades ante el peligro de enemigos de la democracia, “desechables”, falsos reclamantes de tierras, terroristas camuflados de promotores de paz, enemigos del progreso, etc, etc.

La estigmatización ha sido definida como la desfiguración de personas, colectivos y posiciones para promover discriminación, exclusión, daño físico y moral. En el lenguaje de la estigmatización el excombatiente que ha firmado la paz sigue siendo señalado de criminal y terrorista, el homosexual es condenado por depravado, los indios y negros son descalificados diciendo que son perezosos, la protesta social se presenta como cómplice del terrorismo, la defensa de la paz como impunidad, la izquierda como destrucción castrochavista o comunista, los migrantes ilegales son criminales drogadictos, el que defienda al pueblo es populista antisocial, el defensor de la JEP es mandadero del narcotráfico, el criminal asesinado es un buen muerto, el opositor comunista y socialista es criminal, el campesino cocalero es narcotraficante y criminal. Y desde otro extremo la estigmatización más frecuente se acompaña de la identidad entre una posición y una condición maligna: derechista es fascista o neonazi, todo opositor a los acuerdos de paz es señalado como paramilitar o narcotraficante, ganadero es igual a paraco, el político de derecha es descalificado como parapolítico corrupto, la lideresa de derecha beligerante es descalificada como loca, el pariente de un parapolítico es condenado como criminal sólo por su vinculo de sangre. Y un largo etcétera.

La acción en contra de la estigmatización ha sido identificada como urgente no sólo en el Acuerdo de Paz sino también en decretos como el 660 de abril de 2018 y el decreto 2137 que con la firma de Iván Duque dio origen al Plan de Acción Oportuna en noviembre de 2018. En esas normas se incluyen importantes estrategias a llevar a cabo en las regiones para fortalecer la protección colectiva y la prevención de agresiones en contra de las comunidades, organizaciones y líderes comprometidos con la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La aplicación de esas normas es un aporte al pacto nacional que se debe proponer sacar las armas de la política y de los negocios. Pero las estrategias regionales serán eficaces si se acompañan de acuerdos e iniciativas nacionales de desactivación de los discursos del odio, el fanatismo y la estigmatización. ¿Cómo hacerlo? Este interrogante podría ser abordado en distintas instancias como la Comisión de Paz del Senado y Cámara de Representantes, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Alta Instancia de garantías para el ejercicio de la política, Mesa Nacional de Garantías, Consejo Nacional de Paz y comisión del Plan de Acción Oportuna. ¡Pasado mañana puede ser tarde!

camilogonzalezposso@gmail.com

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