El momento de la paz: el difícil paso de las conversaciones a las negociaciones – Camilo Gonzalez Posso

por

Camilo Gonzalez Posso

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El momento de la paz: el difícil paso de las conversaciones a las negociaciones

 

Camilo González Posso – abril 2024

2.1. Al inicio del año 2024 la política de Paz Total ha avanzado en la definición legal de la política, con las ya mencionadas leyes de paz y del plan de desarrollo. También se tiene como base lo definido legal y constitucionalmente desde el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016.

En consecuencia con ello, se han construido procesos políticos de diálogo por la paz con el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central- Farc EP y, en ciernes, con la Segunda Marquetalia. Por otro lado, se mantienen conversaciones para la sujeción a la justicia con las Autodefensas de la Sierra Nevada y diálogos sociojurídicos con grupos armados locales urbanos en Buenaventura, Quibdó y Medellín. Con el Clan del Golfo – EGC se mantiene comunicación ocasional. Cada uno de esos procesos tiene sus particularidades, de conformidad con la caracterización de los actores, su trayectoria, zonas de incidencia y motivaciones. Hay cierta simultaneidad, pero cada uno se encuentra en una fase distinta de evolución.

2.2. La perspectiva común de los diálogos con los grupos armados irregulares definidos como de carácter político es el cierre de los conflictos armados mediante acuerdos que permitan su transformación en organizaciones sociopolíticas, sin armas, inscritas en la legalidad del Estado Social de Derecho. Esos acuerdos incluyen transformaciones territoriales, económicas y políticas, construidas en cada mesa de conversaciones, dentro del propósito general de avanzar hacia una sociedad que resuelva sus diferencias y conflictos sin armas ni guerras, hacia un orden político, social, económico, cultural y ambiental justo. El contenido de esos acuerdos debe ser un paso adelante hacia la paz total, un aporte al cierre del periodo de conflictos armados por poderes políticos y territoriales, un salto adelante al periodo histórico de construcción de paz sin conflictos armados, sin guerras subregionales o de impacto nacional.

También es común a estos procesos obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad (…) (Ley 2272 de 2022, art.8).

2.3. Acuerdos parciales mientras se construye un acuerdo final y privilegiar las negociaciones en condiciones de cese al fuego. El modelo de negociación que ha venido construyéndose incluye acuerdos parciales, conversaciones en condiciones de cese al fuego asociado indisolublemente al cese de hostilidades a la población, participación pluralista, libre y vinculante, enfoque territorial, poblacional y diferencial con especial garantía a los derechos de las mujeres, pueblos étnicos, campesinos, NNA, jóvenes, víctimas y otros grupos sociales vulnerables o de especial atención.

Desde el gobierno se ha buscado mantener las conversaciones de paz en condiciones de cese al fuego y de amplios compromisos de respeto a la población civil, pero se reconoce que en ciertas condiciones cabe mantener una mesa de diálogos, aunque se tengan situaciones parciales o nacionales de interrupción del cese al fuego. De la misma manera, aunque se considera ideal que las conversaciones se realicen en el país, su realización en el exterior ha mostrado potencialidades para resultados positivos.

2.4. Teniendo en cuenta los registros oficiales y de centros de pensamiento, se tiene un balance positivo de la incidencia del cese al fuego en las condiciones para la paz y la disminución de violencias en las regiones más afectadas por los conflictos armados. Es evidente que hay correlación general entre vigencia del cese al fuego y disminución de eventos fatales y de grave impacto en las regiones donde operan las organizaciones armadas que se encuentran en diálogos de paz con el gobierno nacional. Se ha constatado que esa correlación es mayor en el caso del ELN y que en lo relativo al EMC la mayoría de los eventos contra el cese al fuego y hostilidades a la población se registran en el Cauca y áreas de influencia del Bloque Suroccidental de esa organización.

El cese al fuego con protocolos y compromisos de respeto a la población civil ha significado desescalamiento de confrontaciones con las FFMM pero se aumentan las que ocurren entre grupos armados ilegales por el control de territorios, recursos, poblaciones y organizaciones comunitarias. En algunas regiones es notable el incremento de economías ilícitas, de la extorsión y la subordinación armada de personas y organizaciones.

Todas estas falencias, en condiciones de cese al fuego y compromisos de respeto a la población, indican la necesidad de hacer ajustes en los protocolos, en los mecanismos de verificación y sobre todo, de fortalecer la capacidad de acción por la paz de los sectores sociales y de sus organizaciones.

2.5. Para el fortalecimiento de las conversaciones de paz y de la protección a la población la clave es la voluntad política de los centros de conducción de la confrontación armada. El cese al fuego, la observación irrestricta de las normas del DIH y de respeto a los derechos humanos, requieren de la reafirmación permanente y con hechos de los compromisos de las partes. El acatamiento de las normas del DIH es un presupuesto esencial para las conversaciones de paz que requiere fortalecer la lectura común del carácter obligatorio para las partes y la necesidad de avanzar en los mecanismos de aplicación teniendo como prioridad el respeto a la población civil.

2.6. Además, en toda circunstancia y lugar es imperativo que el Estado, y en particular las entidades gubernamentales, fortalezcan en cada región y territorio los programas y proyectos de superación de economías ilegales y los que se proponen dar satisfacción a las demandas sociales, económicas y de democracia participativa que tienen las poblaciones y comunidades.

2.7. Con el llamado Clan del Golfo o EGC, se busca un proceso de sujeción a la justicia y al tiempo conversaciones con diversos sectores en las zonas en las cuales tiene incidencia, para fortalecer el Estado Social de Derecho y las transformaciones territoriales y de economías ilegales. Para los diálogos sociojuridicos y de sujeción a la justicia, es central la aprobación de las leyes pertinentes y el avance en acuerdos de cese de hostilidades a la población.  

Con esta organización –  Clan o EGC – no se han dado acuerdos de cese al fuego y sin embargo es la que presenta la mayor expansión de áreas de presencia en el último año.

Esta evidencia indica que puede haber expansión territorial y de control poblacional con y sin cese al fuego, dependiendo de otros factores como la efectividad de las políticas sociales, ambientales y de bienestar de la sociedad en las regiones con situaciones persistentes de violencia, corrupción y de economías ilegales. Dependiendo, por supuesto, de las políticas de seguridad y de la adecuación de estrategias de la Fuerza Pública desde la seguridad humana y el uso efectivo de la fuerza.

2.8. Se parte del criterio de que las acciones de la fuerza pública, en el contexto de la Paz Total y la seguridad humana, ante la diversidad de procesos y actores armados, son componente estratégico para el desmantelamiento de estructuras criminales, para la contención de la expansión de grupos armados irregulares y el desmonte de economías ilegales que las soportan.

Tal como se establece en los protocolos firmados en las mesas de diálogo, la acción del Estado y de la Fuerza Pública, con o sin cese al fuego, no puede limitarse en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales de defensa de las libertades y derechos de la población. Esto supone la no impunidad frente a la corrupción, ante acciones criminales que sean cometidas por grupos armados ilegales de cualquier tipo o connivencia de agentes del Estado con organizaciones ilegales. Este criterio choca a veces con la idea equivocada de territorios vedados para la acción de la Fuerza pública, para la justicia o las instituciones encargadas de los planes territoriales y programas sociales, culturales y ambientales.

2.9. En condiciones de cese al fuego y de hostilidades contra la población, se han establecido protocolos y acuerdos de obligatorio cumplimiento que ponen límites a los conflictos armados. Las partes distinguen acciones militares ofensivas de las de carácter defensivo y exigen que bajo ningún pretexto se utilicen las condiciones de cese al fuego para ganar ventajas militares de control territorial, económico o poblacional. Las tensiones que impregnan las exigencias del cese al fuego requieren la veeduría permanente y estricta de las mesas de diálogo, sus mecanismos de verificación y desde las alertas sociales, comunitarias y desde agencias de servidores públicos.

2.10. La disminución de violencias, la observancia de las normas del DIH, de las reglas y compromisos en el cese al fuego, se consideran esenciales para la territorialización de acciones de paz y la formación de Regiones de Paz (Ley 2272, 2022). El objetivo del proceso es haber construido participativamente los acuerdos fundamentales en el segundo semestre de 2025. Para este propósito, en 2024 e inicios de 2025, se requiere avanzar en las definiciones sobre justicia transicional, derechos de las víctimas y delinear los contenidos en lo relacionado con las armas y el post conflicto.

Los tiempos políticos del actual gobierno indican que en el año 2024 y principios del 2025 deben darse avances sustanciales en la construcción e implementación de contenidos de las agendas parciales de aplicación inmediata. En la definición de los contenidos de los acuerdos de terminación de cada conflicto se deberá avanzar con una metodología de simultaneidad en el tratamiento de los temas, incluyendo los que tienen que ver con el desmonte de estructuras armadas, marco de justicia transicional aplicable y otros relativos al fin del conflicto.

2.11. En la fase actual de las conversaciones de paz con el ELN se han logrado avances importantes en la definición de la participación y en el aprestamiento para abordar los capítulos de la Agenda de México. Se cuenta con un cronograma general que incluye en la siguiente fase, y de manera simultánea, la construcción de acuerdos en lo social, económico, político y fin del conflicto. Al mismo tiempo se ha abordado el diseño de “maquetas” o planes en zonas críticas, que deben contar con la participación y concertación con los diversos actores en el territorio definido.

El avance en el cumplimiento de la agenda pactada desde 2016 y en especial en el ciclo realizado en México en 2023, ha llevado el proceso con el ELN a un momento de definiciones fundamentales sobre las visiones de la solución política definitiva y sobre la posibilidad de un acuerdo final durante el actual gobierno.

La tensión que ha venido expresándose, incluso en los discursos de voceros del ELN, es entre un modelo de acuerdo de paz que supone transformaciones estructurales previas a la terminación del conflicto armado y a las decisiones sobre la dejación o destrucción de las armas y otro modelo que considera que la terminación del alzamiento armado, acompañado de un programa de reformas en el post conflicto, es fundamental para la construcción de paz con transformaciones radicales democráticas y de justicia social y ambiental. En el primer modelo las armas insurgentes son vistas como la garantía de los cambios, mientras que en el segundo la lucha armada, sea por poderes locales o parciales, es un obstáculo para la emergencia de los sujetos sociales y políticos llamados a liderar las transformaciones estructurales. En un modelo la llave del cambio es el poder armado, mientras que en el otro lo que decide las transformaciones es el poder popular en movilización sin armas. Paz armada versus la paz desde la democracia y el pacto social y político de cambio.

2.12. El proceso de conversaciones con el EMC FarEP se ha dado en medio de crisis recurrentes en la búsqueda de estabilizar la Mesa de Diálogos de Paz, el cumplimiento de los 8 acuerdos y 11 protocolos firmados y la construcción detallada de los temas de la Agenda para el Acuerdo final de paz que incluye lo relativo a los cambios socioeconómicos y políticos en los territorios del conflicto y en lo nacional, también los derechos de las víctimas, temas de justicia, seguridad y monopolio de las armas en el Estado.

La crisis de la Mesa de Diálogos de Paz llevó a que como resultado de la división del EMC se marginaran los bloques Occidental, Oriental y del Amazonas, quedando constituida por la delegación del gobierno y de los Bloques j. Briceño y Magdalena Medio.

Esa crisis del EMC Farc EP se venía manifestando desde enero de 2024 en fuertes tensiones entre los frentes que operan en el Cauca y municipios vecinos de Nariño y Valle y los de Catatumbo y suroriente. Los delegados del Cauca no hicieron presencia en los ciclos 2 y 3 y no firmaron los acuerdos logrados en el ciclo 4 realizado en marzo en San José del Guaviare. A dificultades judiciales le sumaron un estilo de forcejeo permanente con la mesa y con delegados del propio EMC.

Esas diferencias mostraron la debilidad de mando de la llamada dirección nacional y el desacuerdo con puntos clave firmados en la Mesa de Diálogos de Paz, tales como la urgencia del cumplimiento de los protocolos de cese al fuego y respeto a la población civil y la implementación de acuerdos sobre transformación de economías ilegales.

La ruptura de los Bloques J. Briceño (zonas de Caquetá, Meta, Guaviare) y Magdalena Medio (zonas de Catatumbo, Sur de Bolívar, Antioquia) con los del Cauca, B.SurOccidental,  se inició en San José del Guaviare con el retiro del delegado del Cauca del ciclo 4 y la no firma de lo acordado. La diferencia en ese evento fue por la definición de no presencia armada, ni uniformada en centros poblados y por los acuerdos de transformaciones territoriales en zonas como el Micay, con intervención amplia de las instituciones, incluida la fuerza pública. La suspensión del cese al fuego en Valle, Cauca y Nariño precipitó la división y el alineamiento de Iván Lozada con el Bloque Occidental.

Durante el periodo de cese al fuego, entre el 16 de octubre y el 8 de marzo, las situaciones más críticas de hechos violentos contra las comunidades, organizaciones y líderes se dieron en el Cauca, con más del 70% de los eventos registrados. El escalamiento de enfrentamientos entre grupos y la agresión contra comunidades indígenas llevó al gobierno, el 14 de marzo de 2024, a suspender el cese al fuego en Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces la situación ha empeorado en el Cauca.[1]

2.13. El reto es pasar de conversaciones sobre transformaciones y paz a la negociación del fin del conflicto armado.

Para algunos de los voceros de los grupos armados que se encuentran en conversaciones de paz la idea de implementar de inmediato lo que se va pactando en la Mesa bilateral incluye tanto “acuerdos parciales” de transformación en zonas especiales como también los acuerdos de transformaciones estructurales que suponen cambios legales e inversiones de alto impacto regional y hasta nacional. La cuestión de las armas, en ese esquema estructuralista, se posterga para cuando se hayan realizado los cambios o se tenga un compromiso de Estado que los haga irreversibles.

A esta visión le agregan una agenda de cambios económicos y políticos que supone el compromiso del Estado con reformas de fondo en el modelo económico y político definidas en sus programas y en la consulta con sus bases sociales y políticas.

A juicio de algunos analistas, entre las organizaciones armadas que están en procesos de conversaciones para la paz están discutiendo líneas rojas como las siguientes:

  1. Transformaciones estructurales ejecutadas como condición previa a la firma de un acuerdo definitivo de fin de su acción armada.
  2. Construcción de la agenda de cambios con participación social y con mecanismos de concertación con grupos de la sociedad que se convierten en obligaciones del gobierno y del Estado. Es esta fórmula le llaman participación vinculante.
  3. No entrega de armas mientras se hacen los cambios pactados y se deja a un futuro incierto el problema de eliminación de las armas ilegales y desaparición de estructuras armadas.
  4. No aceptación de una instancia judicial como la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
  5. Garantías políticas y de seguridad para los sectores sociales involucrados en el proceso de diálogos de paz y de implementación de los acuerdos, con superación del paramilitarismo y de la corrupción.

Desde otra perspectiva, se han escuchado planteamientos sobre el sentido y contenido de las negociaciones de paz que distinguen entre un acuerdo de solución negociada del conflicto armado y los acuerdos para la construcción de paz en el actual periodo histórico.

El acuerdo de solución política negociada incluiría cambios básicos de ejecución inmediata y cambios cuya ejecución requiere procesos de mediano y largo plazo. Estos últimos corresponden al periodo posterior a la firma del acuerdo final que da por terminado el conflicto armado y define los términos para tramitar pacíficamente los conflictos estructurales económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos.

En cambio, la construcción de paz incluye los acuerdos de solución negociada y el conjunto de iniciativas de la sociedad, los gobiernos e instituciones del Estado, encaminadas a la plena realización de los derechos humanos y derechos a la vida en un pacto inteligente con la naturaleza.

Esta presentación esquemática de visiones acerca de las negociaciones de paz, puede servir para mostrar la urgencia de abordar todos los temas relativos a la agenda de fin del conflicto y de avanzar simultáneamente en:

  •  La definición de acuerdos especiales de transformación territorial y de economías ilegales, con implementación inmediata;
  • Construcción de acuerdos en la Mesa de Diálogos de Paz sobre los asuntos sustantivos económicos, sociales y políticos para llegar a una solución política;
  • Acuerdos sobre la relación entre el proceso regional o subregional de transformación territorial y la transición del actor armado a actor de poderes en la legalidad;
  • Acuerdos sobre las condiciones de las comunidades en el postconflicto;
  • Acuerdo sobre justicia transicional y los derechos de las víctimas;
  • Definiciones sobre los escenarios de vida política, social, colectiva y personal de quienes han sido parte de las estructuras armadas y pasan a la legalidad en las nuevas condiciones previstas en el acuerdo de solución política.

El modelo estructuralista reclama que se dejen los asuntos de justicia transicional y de monopolio de las armas en manos del Estado, para después de los cambios estructurales de las condiciones que dieron origen al conflicto armado, con superación de la desigualdad, del paramilitarismo y de la antidemocracia. El modelo de solución política acepta que antes de la firma de un acuerdo final se definan las condiciones de justicia y se realicen transformaciones territoriales y de ampliación de la democracia, pero exige que se supere el uso de las armas en la lucha de poderes y se le dé a los sujetos sociales y poderes populares el papel de hacer los cambios trascendentales en democracia, justicia social y ambiental.


[1] Simultáneamente, se busca la superación de la crítica situación en el Cauca y municipios de los departamentos vecinos en el suroccidente. La pregunta central es si están dispuestos a llegar a un acuerdo de paz con el actual gobierno. Por lo demás, el restablecimiento del cese al fuego suspendido en esa parte del país en donde opera lo que llaman Bloque Suroccidental Alfonso Cano, depende de muchos factores y condiciones entre las cuales se encuentra la renovación y ampliación de compromisos unilaterales de respeto a la población civil, en vida, libertad  y derechos humanos, a la autonomía de las organizaciones sociales y de sus líderes, a la Jurisdicción Especial Indígena constitucionalmente establecida. Se requieren pactos humanitarios especiales, como lo ha propuesto la Minga en la declaración entregada al gobierno nacional. Y es necesario que se precisen los lineamientos y acciones para las transformaciones territoriales en zonas como la de la cuenca del Río Micay, incluyendo el papel en ellas que debe tener la fuerza pública. Los MVMV, regional y locales deben funcionar de manera regular y efectiva.

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