Camilo González Posso, Indepaz.
Popayán 1 de mayo de 2026
En el departamento del Cauca y municipios vecinos de Nariño, Huila y Valle del Cauca tenemos el mejor ejemplo del fracaso de las estrategias de guerra total y de los intentos de paz negociada en la última década, desde los acuerdos del 2016 pasando por los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Los trágicos acontecimientos de este abril son una muestra de ese doble fracaso.
En una semana, entre el 24 y el 30 de abril, se registraron 24 acciones violentas y de terrorismo en municipios del Cauca, 11 en el sur del Valle incluida Cali y 4 en Nariño. Ataque con drones a instalaciones militares, cilindros con explosivos en las vías, carros y motos con bombas en medio de la población y la de mayor impacto, una carga explosiva que fue detonada al paso de vehículos causando la muerte a 22 personas y dejando 37 heridos. Varios de los atentados fallaron en sus objetivos de muerte, pero se sumaron a la campaña de terror. La simultaneidad y el número de personas asesinadas en una sola operación supera a otras que han venido ocurriendo desde 2023.
El Comunicado del “secretariado del Estado Mayor Central …” (EMC) no deja duda sobre la responsabilidad de los grupos armados ilegales coordinados en el llamado Bloque Occidental. Esta contraofensiva, según muchos líderes, lideresas y familiares de las víctimas, ha sido orquestada por el Frente Jaime Martínez que ha venido expandiéndose en el norte y centro del Cauca y ahora le pisa áreas al Frente Dagoberto Ramos que opera en la zona indígena del nororiente del Cauca.
Hay muchas elucubraciones sobre el porqué se presenta esta cadena de atentados y cada una apunta a una sinrazón. Hay dinámicas de la guerra en el Cauca que ubican esta reacción como parte de la respuesta a la ofensiva de las fuerzas militares, pero no se puede desvincular del interés de estos grupos regionales y de Iván Mordisco de dar un mensaje al gobierno nacional que ha escalado la ofensiva contra esta disidencia. Con fuertes golpes a Mordisco en la Amazonía, la mejor posibilidad de contraofensiva la vieron en el Cauca y sur del Valle. La coyuntura electoral les permite, con acciones terroristas de bajo presupuesto en Cali y sobre el eje de la Panamericana, tener visibilidad nacional y dar a este y al próximo gobierno un mensaje de permanencia y capacidad de perturbación en una región de vital importancia.
El comunicado que divulgó el “secretariado” del EMC al inicio de la campaña de atentados utiliza una retórica antiimperialista contra la política de guerra al narcotráfico y ataca al gobierno por la alianza con Trump. Mordisco y su gente intentan cubrirse con un discurso político ante el país. Pero la brutalidad de los atentados los desconecta de la población colocándolos en el más bajo nivel de descredito nacional, internacional y entre la población del suroccidente que es víctima del terrorismo desaforado.
El saldo neto de la campaña de abril es una derrota táctica para el Bloque Occidental y para todo el EMC que han quedado al desnudo como una plaga que azota a la gente del pueblo y a toda la sociedad. La declaración que han sacado pidiendo perdón por la masacre en Cajibío, con el argumento de que fue un “accidente” un error y “un efecto colateral” solo agrega indignación y repudio. Desafortunadamente este fracaso no tiene un desenlace inmediato de desintegración y por el contrario anuncia que en un próximo futuro los drones y cilindros con explosivos serán parte del arsenal de estos grupos. Así será mientras mantengan el control de cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca, las rentas de la pasta básica, de la cocaína, de la minería del oro y la extorsión. Más el control del enclave de marihuana en el nororiente del Cauca.
Lo que ha sucedido en estos días muestra la insuficiencia de las políticas de seguridad y paz en el Cauca. El post acuerdo durante Santos no atendió las demandas de los campesinos cocaleros de Argelia y de hecho le dejó libre el camino a las mafias y a los pequeños grupos remanentes. El gobierno de Duque desde su inicio declaró una guerra al narcoterrorismo en el Cauca con el argumento de responder a una amenaza a la seguridad nacional por parte de organizaciones criminales transnacionales, incluidos los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Durante esa administración se concentró la atención en combatir en el norte del Cauca a la Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y al ELN. Se formó el CONAT (Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales) que en 2021 tenía 7.000 efectivos y se promovió un plan de proyectos con algunas comunidades. La decapitación de objetivos de alto valor y el apoyo de las agencias de Estados Unidos completaron el modelo de guerra, guerra total, que no logró impedir el crecimiento de esos grupos y de sus economías.
Durante el Gobierno de Petro, después de intentos fallidos de conversaciones de paz, lo dominante ha sido la ofensiva militar contra los frentes del llamado Bloque Occidental.
Durante el 2023 el gobierno intentó realizar conversaciones con los grupos disidentes y reincidentes post FARC para lograr un acuerdo de su desarticulación y el paso a la legalidad. En ese proceso, que me correspondió coordinar como cabeza de la delegación del gobierno a la Mesa de Diálogos de Paz, la situación más crítica desde el inicio se presentó con los voceros del Bloque Occidental. En medio de va y vienes, se hicieron acercamientos desde finales del 2022 que incluyeron el reconocimiento por parte del gobierno de la incipiente coordinación entre grupos post FARC como si fueran una organización centralizada. En octubre de 2023 se instaló la Mesa de Diálogos de Paz bajo el signo de una crisis que nunca fue superada.
El presidente Petro fue reacio desde entonces a mesas y treguas con estos grupos aglutinados en el EMC y en especial con los del Cauca. Por eso puso como condición para la instalación y el cese de operaciones ofensivas que se cumpliera el cese de toda hostilidad contra la población y el compromiso de desmonte de las economías ilegales.
La prueba de buena voluntad fue el inicio de un plan de supresión de los cultivos de coca en el Cañón del Micay y en toda esa ruta considerada como el bastión del narcotráfico en el pacífico, al lado de Tumaco y Buenaventura. Todos los bloques y frentes del EMC, incluidos los del Cauca, firmaron los compromisos para una rápida ejecución del plan Micay. Esos acuerdos iniciales incluyeron prohibiciones en materia de DIH, respeto a las organizaciones de las comunidades, a la intervención de las agencias del Estado en los territorios de influencia de esos grupos y prohibición de porte de armas y de uniformes en centros poblados y vías importantes. Pero a la hora de dar los pasos concretos los primeros en resistir e incumplir fueron los del Cauca. A pocos meses de la instalación, la mesa se paralizó y en marzo de 2024 el EMC se fracturó quedando por fuera el Bloque Occidental y los seguidores de Mordisco en el Bloque Amazonía y en Arauca. Para estos disidentes y reincidentes los acuerdos logrados eran un obstáculo en sus planes de fortalecimiento económico ilícito y de coordinación interregional para “refundar las FARC EP”.
A partir de esta ruptura en la mesa de conversaciones el gobierno decidió desplegar una ofensiva militar en el Cauca que se focalizó en el intento de control del Cañón del Micay comenzando por el poblado El Plateado. Se lanzaron las Operaciones Perseo I y II, Operación Candado, Operaciones Huisito y Naya, y etc. La ofensiva de guerra total de las Fuerzas Militares en el Cauca ha contado con más de 9.000 efectivos, bombardeos en el Micay y otras áreas, aumento de las incautaciones de cocaína, captura de integrantes de los grupos armados, destrucción de instalaciones, muerte de algunos jefes, penetración de inteligencia, despliegue de 24.000 efectivos de las fuerzas armadas entre Buenaventura y Tumaco, operaciones de la naval, acciones coordinadas con la DEA y los asesores del Comando Sur de EE.UU. en el combate a los carteles mexicanos y otros que manejan las rutas por el pacífico.
A pesar de semejante presencia militar, al terminar el 2025 se contabilizaron más de 500 acciones violentas de los grupos armados en el Cauca, y no hay señales de disminución del control armado ilegal en las zonas cocaleras, de marihuana o de minería del oro. No hay datos oficiales sobre economías ilegales, pero existe un consenso entre las comunidades y voceros de entidades públicas sobre la ampliación de cultivos y de la producción de cocaína en las zonas tradicionales en la cuenca del Micay. Con aparente freno entre El Plateado y Honduras pero, con dominio de los frentes Carlos Patiño y Franco Benavides, la coca, laboratorios y rutas se han ampliado hacia la parte alta del rio Plateado y las estribaciones de la cordillera occidental en el norte de la costa nariñense. También hacia el Macizo en disputas entre grupos. Además, la minería del oro se ha incrementado al ritmo de grandes inversiones y uso de dragas y dragones desde El Naya y López de Micay hasta Guapi, El Charco y la cuenca del Patía. La ampliación cocalera ha sido acelerada hacia el centro y norte del departamento en la órbita del Jaime Martínez y los cultivos de marihuana siguen bajo la férula de la Dagoberto Ramos.
El gobierno definió algunos programas para ofrecer alternativas a los campesinos cocaleros, pero han sido marginales, de pequeña escala y de lenta implementación. Y, de otro lado, el notable aumento de inversiones en el resto del departamento, en alianza con comunidades indígenas, campesinas, negras y afrocolombianas, ha ayudado a empoderarlas, pero no se han traducido en disminución de los indicadores de violencia ni en debilitamiento de los grupos armados post FARC o del ELN. La paradoja ha sido que la mayor capacidad de defensa comunitaria ha sido respondida con másviolencia de los grupos armados.
No ha faltado la impertinencia y el sectarismo de quienes han querido utilizar la tragedia para la pugnacidad electoral. Pero más allá de la necedad la situación reclama reflexionar a fondo sobre lo que sigue. Desde unas orillas se pide más guerra, aumento del pie de fuerza y militarización de la panamericana y de todo el departamento. Fumigaciones masivas con glifosato, bombardeos y acción conjunta con la doctrina Trump, DonRoe. Si venimos del fracaso de la guerra total contra los grupos armados, parece que estos sectores lo que pretenden es pasar de la guerra total a la guerra contra la población.
Desde el Ministerio de Defensa se dice que las fuerzas militares cumplieron su misión pero que es el 30% de la estrategia y aducen que se han visto limitados por la inoperancia del resto del gobierno que debió haber puesto el 70%. La conclusión parece ser que lo que falta es aumento de capacidades militares en algunos asuntos y sobre todo que llegue el resto del Estado a las zonas de guerra. Se le abona a este balance la exigencia de adecuada armonización de seguridad, fuerza y presencia del Estado. Sin embargo, en este razonamiento no se cuestiona la consistencia de las estrategias militares, ni los problemas de ineficiencia y corrupción en las acciones contra las economías ilegales. Esa idea de que a las fuerzas armadas se les amarró las manos en este gobierno no tiene asidero en la verdad de las cifras y menos en el Cauca. Desde el primer momento, la orden fue “ofensiva total contra las economías ilegales que alimentan grupos armados”. La dificultad está en otro lado.
La reforzada presencia de asesores militares y de agencias de inteligencia de los Estados Unidos presiona hacia un nivel superior de la guerra antidrogas, con altas inversiones en tecnología anti drones, programas inteligentes y armamento sofisticado de nueva generación. Lo que se proyecta no es la repetición de la operación Putumayo que antecedió al Plan Colombia y escaló las confrontaciones armadas. Ahora el Suroccidente aparece como el deseado escenario para una gran guerra contra los carteles internacionales y sus aliados locales. El Cauca es el nudo crítico pero el diseño del teatro de operaciones de la gran guerra cubre toda la franja del pacifico, desde Panamá a Ecuador. Si esta visión prospera las violencias y conflictividades armadas en esta macrorregión serán subsumidas en la geopolítica que pretende alinear a Colombia en la doctrina de la guerra para que EE.UU controle militar y económicamente “el hemisferio occidental”.
En contravía con el guerrerismo total el clamor de la gente y de las víctimas es de rechazo a la violencia y a nuevas escaladas de guerra y terror. Las declaraciones y las consignas coreadas en las marchas en Popayán, La Pedrera – Cajibio, Mercaderes y en muchos otros lugares, muestran el sentimiento colectivo en el Sur Occidente: “Odio esta guerra”. “No más terrorismo”. “No más plata para la guerra”. “Resiste al reclutamiento”. “No son revolucionarios, son asesinos”. “No le llames revolución a la barbarie”. “Para la guerra Nada”. “Unidos construimos la paz”.
Como dijo en su plegaria Monseñor Omar Sánchez, Obispo de Popayán, es el momento para la solidaridad y el encuentro, y a los grupos armados se les exige una gota de humanidad y silenciar las armas durante todo el mes de mayo.
En lugar de pedir escalar la guerra total las organizaciones sociales están tomando iniciativas para que se disminuyan las violencias. Los diálogos de las autoridades indígenas y organizaciones de mujeres, que se han realizado en Toribio con cabezas de los grupos armados se quieren seguir para que se comprometan con puntos básicos de respeto a la vida, a las organizaciones y de alto al terror. Están en curso iniciativas similares con el ELN. Los líderes sociales saben que mitigar daños y contener la barbarie no es la paz, pero que salvar vidas y proteger a los jóvenes y a los procesos organizativos abre caminos a esa paz tan esquiva. El rediseño de una política de no violencia y paz en el suroccidente, como en todo el país, requiere en primer lugar fortalecer el consenso de la sociedad civil alrededor de un macro plan de inversiones ytransformaciones, en el propósito de relanzar el poder de la movilización para promover los planes de vida y bienestar y aislar radicalmente a los grupos armados. Las redefiniciones de seguridad y el alcance del uso legítimo de la fuerza del Estado dependen de la fuerza ciudadana y social.
En suma. El fracaso de la guerra total en el Cauca y Sur Occidente no lleva a pedir una mejor guerra: lleva a construir una mejor manera de buscar la paz. Los fracasos en las conversaciones de no violencia y paz llaman a asumir las lecciones aprendidas y a intentar una y otra vez derrotar las guerras y sus dictaduras de terror con el poder de un pueblo movilizado.
