Los medios masivos de comunicación han coincidido en señalar a las negociaciones de paz como el acontecimiento central de Colombia en el 2015 y, hasta los más pesimistas, anuncian para el 2016 la firma del Acuerdo de terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. El año termina con el anuncio de nuevos acuerdos en relación a los derechos de las víctimas, sobre Jurisdicción Especial de Paz y con el trabajo a toda marcha de las subcomisiones encargadas de preparar los acuerdos sobre el fin del conflicto.
Por otro lado el gobierno logró la aprobación en el Congreso de la República de la Ley Estatutaria para la convocatoria a un plebiscito por la paz al cual le falta el control previo de la Corte Constitucional para que hacia abril pueda pasar a la sanción presidencial. La Corte puede devolver el proyecto o modular aspectos como por ejemplo el innecesario y misterioso umbral aprobatorio del 13%. Ese plebiscito como posible mecanismo de refrendación tendrá que ser considerado en la mesa de diálogos, tal como lo indica el acuerdo firmado el 26 de agosto de 2012 para dar inicio a las conversaciones.
Mejor dicho ahora si entramos en la recta final hacia la firma del pacto de paz, aunque se sigue diciendo que nada esta acordado pues todo es susceptible de revisar, incluidos los asuntos pendientes en cada uno de los acuerdos parciales publicados.
El 22 de junio de 2013 salió el primer informe conjunto de la mesa de conversaciones. Al informe sobre “política de desarrollo agrario integral” le siguió el de participación política el 8 de diciembre del mismo 2013 y el 17 de mayo de 2014 se conoció el informe conjunto sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”. Y en diciembre de 2015 se completa el tema sobre víctimas, verdad y justicia, que ya había tenido documentos preparatorios. Son más de veinte los asteriscos marcados en esos informes que tendrán que retomar en la mesa a partir de enero. Y ese repaso será en simultánea con los asuntos que ya vienen trabajando sobre el cese definitivo al fuego y las hostilidades, dejación de armas, temas de seguridad, medidas frente al paramilitarismo, mecanismos de refrendación, implementación y verificación.
Al hacer el inventario de lo logrado solo puede haber optimismo sobre la irreversibilidad del proceso. Pero al enumerar los pendientes y contar las diferencias entre las partes de la mesa y en el debate nacional, se constata que es difícil cumplir el reto de iniciar el cese definitivo bilateral de hostilidades el próximo primero de enero o firmar el acuerdo final el 23 de marzo.
El inicio de las conversaciones con el ELN elevará las expectativas sobre los pactos de paz y será favorable para el respaldo mayoritario de la población al proceso y a la ratificación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno. Esas negociaciones con el ELN requerirán su propio tiempo y pueden aprovechar la experiencia de La Habana para tener resultados definitivos en 2017.
Con este panorama en movimiento ya se ha iniciado el debate hacia la refrendación de los Acuerdos. El Centro Democrático mantiene la oposición alegando como antes que es un pacto de impunidad a pesar de la jurisdicción de paz y el Tribunal de paz. Además alega que el Plebiscito aprobado en el Congreso es una trampa para aprobar o volver de obligatoria aprobación los contenidos de los acuerdos, sustituyendo de manera inconstitucional el procedimiento de referendo que correspondería a este tipo de convocatoria. Le agrega a sus objeciones la supuesta ilegitimidad de un pronunciamiento popular con umbral aprobatorio del 13%.
Por su parte, la defensa de los acuerdos responde que se ha logrado un acuerdo perfecto en materia de justicia, que, contra los deseos del uribismo, no deja el hueco de la impunidad a los gobernantes o parapolíticos que hayan promovido paramilitares o recurrido a graves violaciones a los derechos humanos o a las normas del DIH. El gobierno defiende la fórmula del Plebiscito y su umbral anotando que si bien es cierto que es vinculante, no evita que cada tema de reforma legal o constitucional de los acuerdos deba ser sometida después al Congreso o a la Comisión Legislativa Especial que ya lleva la mitad de los debates y tendrá su aprobación en junio de 2016 y control constitucional en el segundo semestre del próximo año.
Esa dualidad del mecanismo del Plebiscito, que es vinculante en tanto le exige al Estado y a la sociedad cumplir los acuerdos, y por otro lado traslada al legislativo las definiciones sobre letra menuda, es lo que lleva a las FARC a criticarlo y a seguir abogando por el mecanismo de Constituyente para la doble tarea de ratificación e implementación de los acuerdos en la parte legislativa.
Técnicamente es viable un proceso como ese en el cual se convoca a la constituyente y en el acto de votar el constituyente primario dice que vota por determinada lista para que sea parte de la constituyente encargada de implementar los acuerdos y de resolver sobre los temas que quedaron pendientes en el pacto final. Así se hizo el 9 de diciembre de 1990 cuando al momento de elegir los constituyentes el soberano ratificó determinaciones del pacto político que fueron recogidas en el decreto de convocatoria. La Corte Suprema de Justicia había establecido previamente que las limitaciones de temario contenidas en ese pacto eran contrarias a la constitución vigente pero dejó intactas las demás regulaciones. De modo que el voto del 9 de diciembre fue al tiempo de ratificación y de elección de la Asamblea Constituyente. En esta oportunidad, dado el marco de la Constitución, es obligatorio que en caso de convocarse una Constituyente, ahora o en cuatro años, se establezca un temario previo y acotado que no implique sustitución constitucional.
El problema para una constituyente de ratificación e implementación de los acuerdos, que incluya en el temario puntos específicos de los desacuerdos en la mesa de conversaciones, es más político que técnico o de sustento constitucional. A algunos les da temor que el uribismo logré un tercio o más de esa Asamblea y a otros que una nueva constituyente sea una caja de pandora que se vuelva soberana y nos ponga en la reforma total. Los resultados de las elecciones de octubre de 2015 han calmado temores sobre la capacidad opositora del uribismo, pero se mantienen reservas desde otros ámbitos del establecimiento, de los gremios, cacaos y desde el propio gobierno de Juan Manuel Santos. No es un debate cerrado y probablemente se retomará cuando le llegue la hora a los acuerdos con el ELN.
En medio de las inevitables controversias ya se inició la campaña a favor de la ratificación de los acuerdos de paz. La movilización convocada por miles de mujeres este 25 de noviembre en Popayán y las jornadas desde el Centro de Memoria en Bogotá son algunas de las muestras de ese movimiento por el SI que ya está en marcha.
camilo@indepaz.org.co – 7 de diciembre de 2015.
