“LA GUAJIRA, ENTRE UN NUEVO AIRE O UN DESASTRE” Panorama actual de la violencia en la Guajira con la llegada de las empresas energéticas al territorio Wayuu

JOANNA BARNEY -Investigadora Indepaz

La Guajira, la tierra de la energía, se enfrenta de nuevo a lo que conocemos como un boom. Desde la explotación de maderas finas, pasando por las perlas, la sal, el gas, el petróleo y el carbón. De su casi infinita riqueza solo queda la desolación de las comunidades que cada día dicen sentirse mas pobres y olvidadas.

Hoy, el gobierno anuncia la gran oportunidad de las energías renovables y promete con ellas devolverle la riqueza a sus habitantes, pero otra es la sensación de las comunidades. Las comunidades Wayuu dicen sentirse atropelladas por las empresas eólicas y la violencia recrudece al interior de sus eurrukus (rancherías). Todo parece ser un poco de lo mismo, pero con una bandera verde que confunde la energía limpia con la energía justa.

¿QUE PASA ACTUALMENTE EN LA GUAJIRA?

Mas de 50 parques eólicos manejados por 8 grandes casas matrices multinacionales y multilatinas le apuestan al constante y fuerte viento del nordeste que golpea sin tregua las costas Guajiras. Dichas empresas llevan más de 10 años, algunas hasta 20, viabilizando sus proyectos ante el estado colombiano. Pero tanta belleza también tiene su lado turbio, la mayoría de las comunidades que tendrán de vecinos a los aerogeneradores se quejan de consultas previas amañadas y de tratos injustos por parte de estas. Por supuesto el anverso de la situación son comunidades que anhelan la ayuda que las empresas prometen con sus proyectos.

Y es que es esta ambigüedad, la que esta trayendo el clima hostil al interior de las comunidades. Esto no tiene nada de nuevo, ni tiene que ver con la forma como se comporta esta etnia, los ejercicios de fraccionamiento de comunidades han sido desde siempre una forma usada por las empresas para agilizar las consultas, interlocutando solo con aquellos lideres que les son afines.

Los conflictos derivados de este fraccionamiento artificial llevan más muertos que los que reportan por las autoridades, esto es así, porque los conflictos interétnicos se están confundiendo con riñas familiares y se disuelven en el gran paraguas de la delincuencia común. Pero nada de común se respira en estos últimos meses en las rancherías.

Los negocios en los cuales se engaña a la gente con protocolos de “compensaciones” que solo reponen a medias algunos daños materiales y morales pero que no pagan la totalidad de los daños ambientales, culturales , de la vida en relación y menos lo otro, es decir el uso del suelo, servidumbres , participación en beneficios, bonos de carbón. Y son estas supuestas compensaciones dicen, están trayendo los conflictos.

Las empresas, bien sea las encargadas del fortalecimiento del anillo energético ya existente, o de la línea de evacuación llamada la Colectora o directamente las encargadas de desarrollar los parques eólicos, han negociado sin hacer una juiciosa investigación de costo beneficio para las comunidades y se está ahondando en viejas discusiones sobre los reales dueños del territorio.  El gobierno se alinea con las empresas y las tranquiliza prometiendo limpiar a posteriori las trampas efectuadas durante las consultas y legalizar después los huecos legales de las mismas[1].

Esta averiguación, por supuesto, no carece de complejidad. Los dueños ancestrales pueden llevar en ocasiones más de un siglo fuera de sus territorios, su poderío está garantizado por los huesos de su ancestro más antiguo enterrado en su cementerio familiar. Estos cementerios actúan entonces como centinelas de la memoria histórica y como notarías que guardan los “títulos” de propietarios ancestrales y el derecho de su descendencia femenina como el único linaje autorizado para negociar territorio. ¿Pero que pasa? Los sobrinos o achones, quienes no tienen autorización para hacer transacciones con el territorio, están asumiendo el mando de las negociaciones gracias al mal manejo que hace el gobierno (Miniterior) de la representación legítima de las comunidades.  Básicamente, esta es la raíz de muchos conflictos.

Así las cosas, la foto del momento, es un panorama desalentador para las comunidades y para las empresas mismas en materia de consulta previa. Pues si estas siguen su curso de la manera como se están desarrollando, las comunidades terminaran por renegociar, se sabe de comunidades que han solicitado volver a iniciar acuerdos cuando al hablar con vecinos, que negociaron con la misma empresa, ven sus acuerdos como “menos favorables”. Otra situación similar se está dando en el Cabo de la Vela donde la empresa ISAGEN, desarrolla su parque JOUKTAY, que era inicialmente un proyecto de la empresa WAYUU ESP, quien vendió todo el proyecto con las consultas previas protocolizadas desde el año 2009. Los dueños ancestrales de este territorio, -que no son los mismos con quienes se cerraron las consultas- ya han iniciado acciones de hecho, cerrando carreteras, pero también preparan una tutela exigiendo acatar la Sentencia 172/19 para que se reinicien las consultas incluyéndolos como sus legítimos dueños.

COMO HA INFLUIDO EL ESTADO EN EL DESORDEN TERRITORIAL ENTRE LOS WAYUU

Primero hay que entender que, en los usos y costumbres del pueblo wayuu, los territorios ya están distribuidos por castas y que son inamovibles, “todo wayuu tiene territorio en alguna parte de la Guajira, nadie se quedó sin territorio en esa primera repartición”[2]. Es así, como la familia materna es la única que hereda el territorio y es el tío materno el único respetado como autoridad asignada para estos menesteres.

Pero, a esta repartición ancestral se le suman las nuevas formas de distribución propiciada por el Estado en su afán de distribuir las compensaciones. Así nace la figura de las autoridades tradicionales. Esta atomización de autoridades, en ocasiones cuestionadas por los mismos wayuu de ser politizadas, ahondan en la falta de autoridad territorial. Fue por esto que la corte ratificó en su Sentencia T-172/19 que las autoridades indígenas Wayúu no se eligen, según cita la en sus conclusiones la misma Sentencia, la figura de autoridad tradicional no cumple funciones de autoridad siendo su papel netamente administrativo para los fines del Sistema General de Participaciones que han llegado a esos lugares por dominar el español, saber leer y escribir pero que eso no les hace autoridades competentes para la toma de decisiones de índole territorial de acuerdo a sus usos y costumbres.

“118.-La discordancia entre las normas y la forma de organización tradicional ha tenido como consecuencia la imposición de estructuras sociales especificas a los pueblos indígenas, que en el caso de los Wayúu confronta sus usos y costumbres. Esta imposición normativa ha sido reforzada por la actuación de las autoridades administrativas.”[3]

Pero si bien esta sentencia de la corte es muy clara, puede ser aun desconocida por las empresas,  lo cierto es que su desconocimiento u omisión esta llevando a practicas peligrosas para la paz del pueblo wayuu. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de conflictividades se vio hace unos días en el territorio del Ceura donde se dio lugar a una masacre.

Los hechos narrados por las autoridades del sector dan cuenta de una disputa de índole territorial, donde dos familias antes aliadas en el reclamo de un sector llegan a tan infelices términos. Lo hicieron porque una de las familias -sin derechos territoriales- estaban exhumando los restos de un abuelo, para después sembrarlo, según sus términos, en un osario familiar en la zona en cuestión. Este acto es visto dentro de sus usos y costumbres, como una legalización de derechos territoriales. Los asesinos instaron a no hacerlo, pero no hubo acuerdo y la familia comenzó la construcción del osario. La otra familia al darse cuenta, llego al lugar y sin mediar palabras los asesinaron.

Ahora los familiares sobrevivientes se desplazaron a Riohacha y dice una autoridad de la región que ya se ha vengado la muerte con retaliaciones puntuales que si bien parecen actos sicariales en la misma Ceura y en Fonseca todos saben que son actos de venganza de la familia agredida. Este conflicto ha escalado a un punto donde no ve solución dentro de los sus mismos usos y costumbres, -este derramamiento de sangre ya debe ser investigado por la fiscalía-, dice la misma autoridad.

Pero para poner en contexto, por esas mismas tierras pasan ductos de gas y el año pasado se pagaron compensaciones por la instalación de antenas de conducción eléctrica, entre los mismos indígenas se dice que fruto de esas compensaciones la comunidad que cometió el crimen compró las armas con que se efectuaron los asesinatos.

Pero sobre los motivos del recrudecimiento de la violencia se ha abierto un turbio abanico de posibilidades, una teoría aun mas desalentadora que surgió en los pasados días con la muerte de la líder Aura Esther García. Según la nota de prensa y en una posterior entrevista efectuada a un familiar de la líder, se vislumbra una posibilidad más macabra. Tres empresas de energía estarían en la influencia de su territorio, Isagen, EEB -Energía de Bogotá- y Renovatio ahora Renovais. Se especula que un grupo armado aun sin identificar estaría interesado en el control territorial de toda la zona de influencia de los parques y de la obra de interconexión llamada La Colectora. Ese mismo familiar afirma que no es cierto que esta muerte sea por líos interclaniles y la familia está tan segura de ello que decidieron no enterrarla por sus usos y costumbres y mandaron su cuerpo a la morgue para que sea la justicia ordinaria la que investigue el caso[4].

A todas estas problemáticas se le suma la carencia de oportunidades, la oleada migratoria desde Venezuela que ejerce una presión adicional en el ya carente acceso a los servicios básicos y buenas oportunidades laborales.

GUAJIRA AZUL, PAÑITOS DE AGUA TIBIA A PROBLEMATICAS PROFUNDAS

Empresarios del sector energético durante sus reuniones en la mesa de seguridad entablada con las empresas con presencia en la Guajira, identificaron otra posible problemática a la seguridad de los proyectos eólicos. Sabían de antemano, el obvio malestar que produciría en las comunidades el uso de las aguas industriales necesarias para la construcción de sus parques: -si la gente que está sin agua para vivir comienza a ver pasar carrotanques llenos del liquido, lo mínimo que va a pasar es que vamos a despertar una inconformidad muy complicada de manejar- refirió a Indepaz uno de los empresarios presente en esas reuniones.

Una vez más el Estado colombiano saca un conejo del sombrero y con recursos de impuestos por obras lanza un programa al que llama “Guajira Azul”.

Y es por eso, que un acto en concordancia con el programa, el pasado 19 de febrero el presidente Duque inauguraba, junto con su ministro de infraestructura y el presidente de Enel una pila pública de agua llamada Windpechi. Mismo nombre que llevará el parque eólico más avanzado de la multinacional ENEL.  Para dicho evento se llevo a la autoridad del territorio Blas Ipuana que además de lanzar incontables agradecimientos a los allí presentes dijo estar en júbilo con la entrega de este acueducto.

¿Acaso nadie le explicó que una pila no es un acueducto? ¿O lo dejaron seguir en su error en un acto deliberado de parte del gobierno?  El señor Blas siguió impávido con sus felicitaciones a Enel agradeciendo hasta la saciedad haberle hecho posible el sueño de un acueducto para su comunidad, dice además, que ya no necesitará los burritos para ir a buscar agua, pero también dice que necesitará de un subsidio para el manejo de la planta… ¿a que se referirá?

El render de Guajira Azul reza que la cobertura rural del líquido es del 4% en la alta Guajira, y que las mujeres y niños recorren en promedio 7 kilómetros en búsqueda de agua de calidad deficiente y no apta para el consumo humano. Y es por ellos que el gobierno nacional apuesta por una solución diferencial por medio de un sistema de pilas publicas. La cual dice, reducirá en un 70% la distancia para lograr acercarse a una fuente de agua, garantizando que es apta para su consumo. El gobierno afirma que del 2018 al 2021 se ha aumentado, con la entrega de dos pilas públicas, el acceso al agua en un 19.4% y que al finalizar el 2021 se tendrá un 49% de cobertura, eso sin que una sola gota del recurso llegue por si sola a ningún hogar.

Causa también curiosidad, la llamada solución diferencial, ¿quiere decir acaso que los indígenas prefieren los oasis o pozos de agua comunitaria a un acueducto? Una cosa es que la situación desértica de su territorio los hubiera conducido a tener esa costumbre y otra muy diferente a que la misma haga parte de algo inamovible dentro de sus usos y costumbres. En la guajira nadie prefiere una pila pública a un acueducto.

Técnicamente hablando, una pila publica es un pozo profundo de donde se capta el agua, con una planta de tratamiento de osmosis inversa que potabiliza el agua y las pilas aferentes en donde la gente recibe el liquido. A la fecha se han construido dos pilas publicas, Casa Azul en Manaure y Windpechi en Maicao. Pero según el diario, Las 2Orillas[5], la pila de Casa Azul, si bien ha reducido la sed en un sector de los indígenas, sus problemas de fondo aun persisten por no alcanzar para las comunidades que están mas apartadas. Otra problemática identificada por el mismo diario es la sobreexplotación del acuífero, efectuando actos para los que no tiene capacidad, como el uso del liquido para la carga de carrotanques que luego venden en Manaure y Uribia[6].

Lo claro es que este proyecto bajo esta dinámica no alcanza ni a cumplirle a la Sentencia T-302 de 2017 que es de obligatorio cumplimiento, en donde, además, se ordenó a las entidades del gobierno demandadas a “tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los niños”. Es así, que según las2orillas, en cada pila se le entregan por familia hasta 15 pimpinas semanales, indistintamente si la vivienda tiene 2, 3, 4, 5 o 10 miembros, incumpliendo así el mandato de la Corte Constitucional, de garantizar 20 litros diarios per cápita.

Si bien el programa de Guajira Azul es una solución momentánea, no se puede asumir que con ella se está remediando el abandono estatal en el que ha vivido sumido el pueblo Wayúu, sino mas bien, es un aplanante mientras se avanzan las obras de los parques eólicos. Cabe aclarar que estas mismas pilas públicas hacen parte de las compensaciones prometidas en las consultas previas y corroboradas en sus protocolizaciones en los años 2017 y 2018 por la empresa ENEL para el caso puntual del parque eólico Windpechi. Por este caso cabría preguntarse hasta que punto las empresas van a cumplir con sus recursos los compromisos alcanzados en las consultas o si más bien harán uso de los recursos del Estado para cumplir su palabra.

Otra pregunta que cabe aquí es que pasará cuando las comunidades sientan que se les engaño con unas pilas que dependen de unos acuíferos cuyo volumen de agua es cada vez menor. Que pasará si como predijo Blas Ipuana, las gobernaciones y alcaldías no cumplen con su parte del trato y el mantenimiento de dichas pilas se traspapela en “otras urgencias”.

LA INSEGURIDAD Y SU AMENAZA A LAS EMPRESAS

En este punto, ya se han nombrado dos grandes problemáticas que bien podrían ahondar en los conflictos claniles y que por lo tanto podría derivar en la seguridad jurídica de los proyectos mismos. Así mismo no se puede perder de vista que, sin haber instalado el primer aerogenerador, las empresas ya han sido victimas de ataques que van desde el robo a mano armada de sus camionetas, hasta el secuestro de sus funcionarios. Uno de los casos más mediáticos fue el del abogado de la empresa Jemewakai. Este funcionario fue felizmente recuperado meses después en una operación del Gaula.

Otros secuestros fueron sufridos por miembros de Energía de Bogotá, encargada de la construcción de la colectora y de la empresa Renovatio Group Limited, de esta última del señor Eduardo Díaz Granados aun no se sabe nada después de más de seis meses desde su secuestro. Junto con las anteriores problemáticas se les suma el robo de las líneas de trasmisión eléctrica, tema que tiene con los pelos de punta a los empresarios.

Ante esta situación, la mesa de seguridad conformada por las empresas con presencia en la región, instó al gobierno a garantizar la seguridad en la zona. -Sé de empresas que creen que deben poner un militar en cada torre eólica-, dijo a Indepaz, un empresario presente en dicha mesa, -pero esa no es una solución viable, mientras no se solucione la problemática social estas cosas van a seguir pasando-, afirmó.

Con la proyección de 2.500 torres aerogeneradores dicha propuesta de militarización debe tenerse en consideración pues solo ahondaría aun más en la cooptación territorial con fines empresariales y cambiaría radicalmente la dinámica de vida de los Wayúu.

Todas estas problemáticas aquí enunciadas prevén un oscuro panorama para los habitantes de la guajira y para las empresas mismas, no se explica la tranquilidad con que el gobierno parece estar tomando el asunto. ¿Qué no estamos viendo? ¿Cómo es posible que digan que todo está en sus tiempos cuando existen obvios retrasos en la parte de licenciamiento?

No solo están retrasados los parques, sino también de su línea de evacuación llamada la Colectora, gerenciado por la empresa Grupo Energía de Bogotá EEB que además ya cuenta con una advertencia de la Procuraduría Regional[7] en la que se les solicita enfáticamente la suspensión del proyecto “Línea de Transmisión Asociada la Conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500Kv”, en tanto no se agote el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de influencia de los mismos.^[8]

El favorecimiento del gobierno a las empresas es obvio, según se habla en la mesa de seguridad -empresas y gobierno-, el mismo espera junto con ellas garantizar la seguridad de la región y afrontar la problemática frontera con Venezuela. Para apoyarlos en tan ardua labor, les prometió al menos un batallón. Y si las comunidades fueren un problema para aprovechar el recurso, entonces a ellas también habría que salirle al paso con normas y leyes leguleyas que ignoran todos los principios territoriales adquiridos en todos sus años de lucha y que están sin duda amparados por la constitución de 1991 y el acuerdo de la OIT 169 entre muchos más. 

Todo esto es sin más, una mala combinación, la receta para un desastre, tanto para empresas como para comunidades. Pero aun se está a tiempo, a veces es mejor perder un poco y recomponer el camino, antes de ver el mismo cubierto de problemáticas de difícil solución. Ojalá entonces, este nuevo boom permita establecer un sistema de dialogo entre corporaciones y comunidades que resulte en el establecimiento de relaciones gana-gana para ambas partes.

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[1] https://indepaz.org.co/porque-quieren-acabar-con-el-derecho-fundamental-a-la-consulta-para-el-consentimiento-previo-de-los-pueblos-indigenas-y-negros/

[2] Afirmación recibida en entrevista realizada a autoridad ancestral, Cabo de la Vela febrero 2020

[3] T-172-19 Corte Constitutional de Colombia, pag 87.

[4] https://www.estasucediendo.com/wp/2021/04/02/familiares-de-lideresa-wayuu-asesinada-niegan-disputa-interclanil/

[5] https://www.las2orillas.co/las-pilas-publicas-de-casa-azul-en-manaure-la-guajira/#:~:text=Para%20el%20caso%20de%20la,el%20agua%20en%20forma%20diaria.

[6] Ibíd.

[7] Procuraduría General de la Nación, Referencia: Inciso 3 artículo 144 de la Ley 1437/11 y numeral 4 articulo 161.

[8] Barney J, 2021 tomado de https://debatesindigenas.org/notas/86-energias-renovables-colombia.html  revisado por ultima en marzo 2021.