RESPUESTA AL CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS – Bogotá D.C. 7 de junio de 2022

Según nota de la revista Semana, el gobierno nacional ha rechazado el informe de Indepaz publicado el 6 de junio sobre asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. En ese informe se dan las siguientes cifras:

La reacción del consejero presidencial para los Derechos Humanos se resume en dos párrafos de la mencionada revista:

“Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Gobierno rechazaron el informe de Indepaz e indicaron que las cifras frente a homicidios de líderes sociales “no se toman a la ligera”, recalcando que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de recopilar esos datos”.

“Además, Jefferson Mena, consejero presidencial para los Derechos Humanos, indicó que “con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega” y que la “protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este Gobierno”.

Indepaz está de acuerdo con que en este delicado problema de las cifras de asesinato de líderes sociales ni se juega ni se puede actuar a la ligera. Y por ello es importante retomar el diálogo con la Consejería para los Derechos Humanos de modo que la información sobre violación a los Derechos Humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario sirvan para revisar políticas, planes de acción y todas las medidas encaminadas a prevenir la violencia contra líderes y comunidades en Colombia. Por lo demás nos permitimos hacer algunas aclaraciones:

1. El doctor Jefferson Mena señala que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de recopilar los datos de homicidio de líderes sociales y al hacerlo desconoce directrices del propio gobierno de Iván Duque Márquez y elementales libertades consagradas en la Constitución Política de Colombia. En atención a la disparidad de cifras sobre asesinatos y otras violencias contra líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos en reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y en orientación presidencial el gobierno estableció el 5 de febrero de 2021, sin tener atribución para ello, que la Fiscalía General de la Nación sería la entidad encargada de presentar informes públicos en esa materia. Esa pretensión del gobierno no pudo implementarse en tanto no es de su competencia limitar las atribuciones ni las funciones de información que son asignadas por la Constitución al ministerio público.
2. Ante esa pretensión de hacer un control de cifras la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero anotó: “Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores y defensoras de DD.HH., líderes y lideresas sociales, se trate de 10, 20 o 100 casos. Cada amenaza, cada ataque, cada asesinato contra los defensores tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de derecho”.
3. Quedó claro también que, de conformidad con derechos fundamentales constitucionales, el gobierno no tiene atribuciones para prohibir el registro de infracciones a los Derechos Humanos o de asesinato de líderes sociales realizado por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos. Tampoco tiene competencia para obligar a que se sometan los informes a la previa unificación con la Defensoría o entidad gubernamental o estatal cualquiera.
4. Durante décadas las organizaciones sociales han hecho denuncias y han llevado registros sobre asesinatos y agresiones a sus integrantes, miembros y colectividades. Lo mismo ha sucedido con organizaciones no gubernamentales y plataformas de Derechos Humanos. Por diferencias de metodologías y de cobertura se presentan diversos registros entre las mismas organizaciones de la sociedad civil y se mantienen mecanismos de intercambio de información para la mejor comprensión de las categorías utilizadas y coordinación en esa tarea de defensa de la vida y los Derechos Humanos.
5. Indepaz ha publicado informes periódicos sobre acciones de grupos armados en Colombia desde 2006 a 2022 y sobre asesinato de líderes, lideresas y otras agresiones desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Esos informes recopilan informaciones entregadas por líderes y personas defensoras de los Derechos Humanos en municipios y veredas de casi todos los departamentos del país y también se tienen en cuenta informes de organizaciones sociales, de fuentes oficiales y de medios de comunicación. Todos los registros son previamente confirmados y se publican en línea en la www.indepaz.org.co para uso público y en especial para propiciar medidas de prevención, protección, autoprotección y respuestas de fondo a las causas múltiples de las acciones violentas.
6. Indepaz, en su autonomía, ha mantenido comunicación con varias entidades del Estado y de gobierno para el intercambio de información e incluso para hacer ajustes en los registros. Ha sido muy importante la relación continuada con la Fiscalía General de la Nación, con la Unidad Especial de Investigaciones que nos ha permitido enriquecer la metodología e incluso atender a observaciones serias que nos han sido entregadas. De la misma manera Indepaz mantiene relación permanente con la Defensoría del Pueblo y toma especial nota de las Alertas Tempranas. Varios informes han sido entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, incluidos los ministerios y la fuerza pública.
7. Los destinatarios principales de los informes que publica Indepaz son los líderes, lideras, personas defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil; son las víctimas de la violencia que persiste en Colombia ante la falta de respuestas transformadoras a los problemas estructurales que dificultan la transición al postconflicto.
8. Diversas organizaciones han señalado que en muchos aspectos de ese panorama de violación a los Derechos Humanos y al DIH le cabe responsabilidad central al Estado y al gobierno por omisión, precariedad en las políticas públicas y por acción con daño asociada a estrategias desenfocadas. Esta apreciación debe ser parte de los diálogos necesarios para que se haga una evaluación seria sobre la persistencia de graves agresiones contra líderes, organizaciones y comunidades de modo que hacia el próximo gobierno se hagan las reformulaciones necesarias para avanzar en garantías para la vida, la convivencia y la construcción de la paz.

Al señor Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, doctor Jefferson Mena, lo invitamos a conversar sobre las anteriores anotaciones y a revisar con el equipo del Observatorio de Indepaz la totalidad de la base de datos que tiene los registros de asesinatos y graves hechos de violencia contra líderes y personas defensoras de Derechos Humanos. Puede tener la seguridad de que sus criticas serán bienvenidas y nos permitirán mejorar la información a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ