Comparación con los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque

El 7 de agosto de 2026 concluyó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este constituye un momento oportuno para evaluar los resultados alcanzados en uno de los aspectos más sensibles para la democracia colombiana: la protección de la población civil en contextos de conflicto armado y violencia organizada.

Este informe presenta un balance comparado de la evolución de cuatro indicadores que permiten evaluar algunas de las principales afectaciones contra la población civil: los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, los asesinatos de personas firmantes del Acuerdo de Paz, las masacres y los desplazamientos forzados. La comparación comprende los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, con el propósito de identificar avances, retrocesos, continuidades y desafíos.

La violencia responde a dinámicas territoriales complejas cuyos efectos suelen extenderse más allá de un periodo presidencial. La presencia y evolución de las organizaciones armadas, la implementación de políticas públicas, las transformaciones de las economías ilegales y la capacidad institucional para responder a los riesgos producen impactos que, en muchos casos, solo pueden apreciarse en el mediano y largo plazo. Por esta razón, ningún gobierno puede ser evaluado únicamente por el número de víctimas registradas durante su mandato. Sin embargo, la comparación de tendencias permite identificar avances, retrocesos y persistencias, así como valorar el impacto de las políticas orientadas a proteger a la población civil y a reducir las condiciones que favorecen la continuidad de la violencia.

El informe toma como principal fuente de información los cuatro visores del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, complementados con información de la Defensoría del Pueblo, el CINEP/Programa por la Paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Instituto Kroc, la Unidad para las Víctimas, OCHA y otras fuentes oficiales y académicas. El objetivo es ofrecer una evaluación basada en evidencia que contribuya al debate público y a la formulación de políticas orientadas a fortalecer la protección de la población civil.