-Complejos macrocriminales, regímenes de poder violento y recomposición de la violencia en Colombia –
En Colombia pasamos de un conflicto armado nacional con pretensiones estratégicas, que marcó el periodo 1958 – 2016, a una configuración de conflictos regionalizados articulados a complejos macrocriminales y regímenes regionales de poder violento que se han dado después del Acuerdo de Paz de 2016. Los grupos armados ilegales que persisten en Colombia no tienen capacidad estratégica de poder y se refugian en zonas críticas desde donde actúan sin horizonte pero con capacidad táctica de daño.
La explicación de la recomposición de las violencias y de los grupos armados ilegales no puede reducirse al supuesto fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 ni al de la llamada Paz Total. Esa lectura simplifica un proceso mucho más complejo, en el que confluyen factores históricos, económicos, políticos e institucionales. Entre ellos se encuentran la resistencia de sectores con poder económico y político a las transformaciones previstas en el Acuerdo de Paz y, en un sentido más amplio, a las reformas orientadas a ampliar la democracia, la participación ciudadana, la justicia social y la redistribución del poder territorial. También inciden el papel funcional que la violencia desempeña en la reproducción ampliada de un modelo extractivista depredador y de economías basadas en el despojo de tierras, bienes comunes y rentas públicas; las dificultades para consolidar una presencia integral del Estado en los territorios dejados por las FARC-EP; la reconfiguración de las alianzas entre mafias, sectores del poder económico y agentes estatales; las deficiencias en la adaptación de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad frente a organizaciones cada vez más fragmentadas y articuladas en redes; y las limitaciones de las políticas de sustitución de economías ilegales, de desarrollo territorial y de desmantelamiento de los regímenes locales de poder armado.
En ese contexto también deben reconocerse las insuficiencias en el diseño y la implementación de los acuerdos de paz, las oscilaciones de la política gubernamental y los desfases entre las estrategias de paz y las políticas de seguridad. Ninguno de estos factores, considerado aisladamente, explica la persistencia de las violencias; es su interacción la que permitió la recomposición del escenario armado durante la última década.
Sobre ese terreno prosperó una nueva configuración de la violencia. Más que grandes organizaciones jerárquicas, se reconfiguraron complejos macrocriminales que articulan economías ilícitas y actividades legales, estructuras post-FARC, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, redes criminales transnacionales y regímenes de poder territorial sustentados en alianzas entre actores legales e ilegales. Su capacidad no depende exclusivamente de las armas, sino también de la captura de instituciones, la corrupción, el control coercitivo de la población, el dominio de mercados legales e ilegales y la apropiación de rentas derivadas del extractivismo, el narcotráfico y otras economías del despojo.
La principal transformación de la violencia en Colombia no consiste, por tanto, en el crecimiento o la disminución del número de combatientes, sino en el tránsito desde organizaciones insurgentes y contrainsurgentes de alcance nacional hacia regímenes regionales de poder violento, integrados a complejos macrocriminales que combinan legalidad e ilegalidad, coerción y captura institucional, acumulación económica y control político. Comprender esa mutación resulta indispensable para diseñar políticas de seguridad y de paz acordes con la naturaleza del conflicto contemporáneo.
