Camilo González Posso
La geopolítica de la descertificación: los rostros de la guerra tecno multidimensional
Camilo González Posso
Presidente de INDEPAZ
Bogotá D.C. octubre de 2025
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No pensé que la pregunta sobre el Apocalipsis se volvería frecuente en esta primera parte del Siglo XXI, pero se ha vuelto frase cotidiana ¿Ya comenzó la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál será la chispa que volverá generalizada la guerra proxi? ¿La guerra antidrogas y contra el narcoterrorismo es parte de la nueva guerra por hegemonías?
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de descertificar en Latinoamérica a Colombia, Venezuela y Bolivia, presuntamente por incumplir sus obligaciones en los compromisos antidroga, ha desatado una fuerte polémica que fue llevada a las Naciones Unidas por el presidente Gustavo Petro. No se trata solo de una discusión sobre cifras y contradicciones en la argumentación de las agencias del Departamento de Estado, sino de las consecuencias políticas que se observan en las fuertes tensiones diplomáticas y en la demostración de fuerza del Comando Sur en el Caribe y frente a Venezuela.
En este artículo dirijo la atención a la utilización que hace la administración Trump de la lucha antidrogas y anti narcoterrorista para sus propósitos geopolíticos encaminados a preservar intereses económicos y militares en el continente e incidir en los asuntos de política interna de países con gobiernos progresistas o que se distancian de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. La idea que presento es que la descertificación y la certificación condicionada son un instrumento de la Guerra Tecno Multidimensional o híbrida que está impulsando Trump y que tiene desarrollos en lo que se ha denominado guerras proxy, guerra antiterrorista y ahora guerra interna en el propio territorio de los Estados Unidos.
Guerras del Siglo XXI
Se habla de Guerra Proxi para destapar los enfrentamientos entre potencias que promueven guerras en un país como forma de sus luchas por poder, territorios y recursos. No son en sentido estricto conflictos armados internos pues sus determinantes son internacionales que definen el inicio y el fin con sus armas, mercenarios, operaciones encubiertas e intervenciones selectivas. Pero tampoco se inician con la declaratoria de guerra internacional abierta. Se mueven en el límite, con la inminencia de la escalada que cambiaría el escenario de operaciones desde una frontera nacional a acciones bélicas continuas en varios países.
También se habla de guerras multidimensionales o híbridas, para describir la utilización de nuevas tecnologías, estrategias y recursos que no se encuadran en las definiciones clásicas y que se combinan para ocasionar daño al enemigo. En esta fase del tecno imperialismo y de la aplicación de la computación, de la robótica militarl a la defensa y guerras por poder, se han borrado barreras nacionales y cada vez pesan más las acciones con manipulación remota y el mercenarismo camuflado.
La guerra tecno multidimensional combina estrategias de todas las guerras anteriores, el control de territorios y posiciones, la destrucción de capacidad militar, de la infraestructura y de la economía, la guerra sociológica y mediática, el uso de la Inteligencia Artificial, IA, el dominio de la información desde lo macro y organizacional hasta lo más personal en la relación de poder, las operaciones encubiertas, el espionaje y las acciones abiertas de terror y disuasión. En la guerra multidimensional híbrida el objetivo no es solo el poder militar contrario sino principalmente los recursos y la población que es sometida en forma abierta, con cooptaciones y capturas de instituciones o Estados o mediante el terror, el despojo, el desplazamiento y la muerte.
La guerra contra el terrorismo se convirtió en concepto global desde la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Geoge Bush la declaró doctrina para justificar la matanza y la destrucción de Irak y desde entonces se ha utilizado para definir la ruptura con las normas internacionales sobre soberanía, no agresión y no intervención.
Estados Unidos ha proclamado que tiene la potestad de definir a su arbitrio acciones u operaciones permanentes para destruir organizaciones o eliminar personas calificadas como terroristas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses estratégicos. Con esa doctrina varios países han hecho operaciones de aniquilamiento de enemigos reales y supuestos.
La guerra anti narcoterrorista
Con la doctrina de la guerra anti narcoterrorista se fusiona la guerra contra las drogas y el narcotráfico con la guerra antiterrorista. La guerra contra las drogas fue proclamada por Nixon en 1974 definiendo una respuesta militar y judicial a la oferta y consumo de sustancias psicoactivas prohibidas y calificadas de enemigas. En Colombia esa guerra se comenzó a denominar contra el narcoterrorismo cuando la contraofensiva del gobierno de Virgilio Barco contra la campaña terrorista desatada por Pablo Escobar y luego ha sido incorporada en las políticas de seguridad de los gobiernos uniéndola a la guerra anti insurgente. Con el Plan Colombia se logró la síntesis de esa guerra contra el narcoterrorismo y así, lo que en teoría se ha considerado un conflicto armado de carácter no internacional, se subsumió en la estrategia de seguridad continental de los Estados Unidos.
Y en esa línea, el instrumento del gobierno de Estados Unidos de la descertificación o certificación de aliado en la lucha contra las drogas y el narcotráfico se ha fusionado con la estrategia de guerra anti narcoterrorista y con los objetivos geoestratégicos de Washington.
No se trata solo de la seguridad de los Estados Unidos sino también de la seguridad contra lo que llaman la presencia de potencias extracontinentales. Así lo han explicado los voceros más esclarecidos. Como dijo el presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14157, los carteles y otras organizaciones transnacionales “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental.” El secretario de Estado Marco Rubio lo explicó en su visita a Ecuador el 4 de septiembre de 2025: “También hablamos de la amenaza hemisférica que proviene de los grupos de narcoterrorismo. Antes los llamábamos narcotraficantes, pero en realidad son narcoterroristas. Cometen actos terroristas contra el gobierno, contra la población, contra los países” (Rubio, 2025).
La distinción entre narcotraficantes, narcoterroristas y terroristas no es semántica pues corresponde a diferente tipo de acciones que puede desplegar el gobierno de los Estados Unidos en el exterior. Al ser reconocidos como “organizaciones terroristas extranjeras”, el Congreso y la Casa Blanca pueden invocar la Authorization for Use of Military Force (AUMF, 2001), que permite operaciones militares unilaterales contra organizaciones terroristas vinculadas a amenazas a EE.UU. Son calificadas como FTO (Foraingn Terrorist Organitation) y SDGT (Specially Designated Global Terrorist) y ser objeto de un menú amplio de sanciones, migratorias, financieras, judiciales y militares.
Seguridad hemisférica ante enemigos transnacionales
En estos discursos de la guerra, los actores hostiles extra hemisféricos son organizaciones criminales transnacionales, grupos armados o países que actúan en alianza o complicidad con países como China, Irán o Rusia. Son narcoterroristas con amenaza transnacional si a su potencial violento se le unen negocios de drogas prohibidas, precursores químicos para fentanilo, otros opiáceos, anfetaminas o cocaína. Estas definiciones tomaron visibilidad desde la primera administración en la estrategia de seguridad nacional (2017) y se han retomado ahora en declaraciones como la del 11 de octubre de 2024 o en órdenes ejecutivas como la Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists (20 de enero de 2025).
Toda esta construcción incorpora la guerra al narcoterrorismo a la doctrina de seguridad hemisférica que considera que la amenaza de potencias extranjeras lleva de la mano el narcotráfico, la penetración comercial y de inversiones y líneas de cooperación militar, venta de armas o de equipos de tecnología avanzada desde países distintos a los de la OTAN y en particular desde China o Rusia. No es asunto de extracontinentalidad pues en las listas no aparecen las conexiones con organizaciones criminales europeas, ni la importación de precursores o armas desde esos países.
Así volvemos a lo ya dicho sobre la incoherencia de la guerra antinarcoterrorista con supuestos objetivos de política antidrogas y defensa de la salud de las poblaciones ante los riesgos de adicción y sobredosis. Lo que aparece en estos relatos y en los documentos de la descertificación es la preeminencia de las estrategias de seguridad y de disputa geopolítica para mantener con instrumentos punitivos posiciones de poder en el subcontinente.
Las claves de la descertificación
El informe que envió Trump el 15 de septiembre de 2025 es una muestra de esa estrategia geopolítica que integra la guerra contra las drogas y contra el naarcoterrorismo. El Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2026, publicadas por el Departamento de Estado,presenta la lista de países que tienen producción, tránsito, presencia de cárteles y organizaciones narcoterroristas y distingue allí los que tienen gobiernos que cumplen sus obligaciones y compromisos de lucha contra la oferta de sustancias psicoactivas prohibidas. En la larga lista la descalificación se enfoca en primer lugar en China por ser el principal proveedor de fentanilo o insumos para su preparación y en segundo lugar Colombia y en Venezuela.
Lo de Venezuela es una descertificación sin sustentación real en los temas de oferta de drogas y amenaza del narcotráfico y se basa en la afirmación de que el régimen de Maduro es el responsable de lo que llaman el Cartel de los Soles. Sobre esto la presidenta de México ha dicho que no conoce pruebas. Además, Maduro es acusado de amparar organizaciones narcoterroristas como el Tren de Aragua, el ELN y disidencias de las FARC. A Ecuador lo incluye Trump entre los países certificados a pesar de las evidencias sobre el papel creciente como ruta de exportación de cocaína y de los escándalos por acusaciones de vinculación al narcotráfico de autoridades del más alto nivel y de empresas de la familia del presidente Noboa (InsideCrime, 2025).
Se puede advertir que la presencia de carteles no es por sí sola el pretexto de la descertificación pues en ese informe del 15 de septiembre y en otros documentos (DEA, 2025), se muestra que la principal amenaza para la oferta en Estados Unidos de fentanilo, anfetaminas y cocaína son los carteles mexicanos, en colaboración con China y empresas chinas de lavado de activos. En ese caso se reconoce el esfuerzo y colaboración de la presidenta Claudia Sheinbaum para renovar los compromisos. En cambio, con Venezuela el foco es la descalificación al régimen de Maduro y la acusación de tener alianza con el narcotráfico que hace el ELN y de ser un puente privilegiado para la presencia económica de China y Rusia en el continente. Como lo volvió a señalar Marco Rubio, Venezuela serviría a esos intereses extra hemisféricos promoviendo la migración hacia Estados Unidos, lo que el presidente Trump denominó en Virginia, ante la cúpula de las fuerzas armadas, como una invasión externa.
En el caso de Colombia es evidente que la descertificación es un ataque directo al presidente Gustavo Petro a quien los voceros de Trump no han dudado de calificar como errático e irresponsable. Desde el inicio de la administración Trump, Marco Rubio y otros cercanos a la Casa Blanca han hecho declaraciones alineándose abiertamente con la oposición al gobierno Petro en Colombia, han intervenido en asuntos de orden interno respaldando las acusaciones uribistas sobre responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe y han proclamado su intención de apoyar opciones contra el Pacto Histórico en las elecciones que se realizarán en 2026.
El memorando publicado el 15 de septiembre deja en claro que es de interés de los Estados Unidos mantener los convenios de asistencia militar y los que se han suscrito en materia de drogas. Por eso exaltan la labor de las instituciones de seguridad y a las autoridades locales, al tiempo que dicen que “El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político” (FY2025). La determinación presidencial no implica de inmediato la reducción de asignaciones presupuestales de los Estados Unidos para soportar en parte los convenios con Colombia en materia de drogas, pero asevera que podrá hacerlo o pasar a sanciones de otro tipo dependiendo del alineamiento que se muestre en 2026, seguramente dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales. Dice Trump (Presidencial D, 2025):
Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas.
La incoherencia programada
Todo el memorando sobre certificación y descertificación es una muestra de un enfoque equivocado en materia de política de drogas que conscientemente se reduce a observaciones sobre presunta responsabilidad de gobiernos en la oferta, tráfico y lavado de activos asociado al narcotráfico fuera de los Estados Unidos. Sobre este tema intervino el presidente Gustavo Petro ante las Naciones Unidas.
Los discursos de la descertificación dejan de lado informaciones importantes sobre la evolución del consumo y medidas de interdicción dentro de Estados Unidos, como las que recoge la DEA en sus informes anuales.
Allí anota la DEA, por ejemplo, que la mayor mortalidad por sobredosis se viene dando por el consumo de fentanilo, con un crecimiento de consumidores de 6% en 2025 con respecto a 2024; el consumo de cocaína dentro de Estados Unidos disminuyó en 26% en 2025 y la mortalidad que también se reduce está asociada a la mezcla que hacen los proveedores con otras sustancias. Todo esto ocurre mientras las autoridades de Estados Unidos han disminuido en 29% la incautación de fentanilo y cocaína y mantienen la cifra de decomiso de cocaína por debajo de 90 toneladas al año, que es menos del 10% de las incautaciones en el exterior (DEA. NTDA, 2026).
Otro dato interesante es la recomposición de la demanda de cocaína en el mundo que se viene desplazando hacia Europa, Australia, Nueva Zelandia, India, China y a los países de Suramérica. Estados Unidos sigue siendo el que registra el mayor número de consumidores de cocaína, pero el crecimiento está estancado y es más acelerado en Europa y el oriente en donde además el precio por unidad se eleva hasta 400% por encima del promedio estadounidense.
Todas estas cifras muestran la incoherencia de la guerra contra las drogas y el narcoterrorismo que Estados Unidos concentra en América Latina. Se puede decir que esa incoherencia es una presentación deliberada para enfocar la guerra hacia los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la región. Como guerra antidrogas la estrategia desplegada desde el siglo pasado es un fracaso, tal como lo reconocieron Barak Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter, entre muchos políticos y analistas. Estos expresidentes hablaron durante sus administraciones de la ineficiencia de la guerra antidrogas y la necesidad de pasar a un enfoque con énfasis en salud y derechos humanos; es verdad que no avanzaron mucho en desmontar los dispositivos de esa guerra, pero también que todos, como expresidentes, han alertado sobre el daño para Estados Unidos que implica mantenerlos.
Un continente para MAGA
La transparencia de Trump en sus objetivos de defensa de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y en el continente no deja mucho campo para la especulación. Su lema Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande – MAGA, va de la mano de su proclama de América para los americanos, con la cuál anunció su determinación de recolonizar el Canal de Panamá y llevar el control de Estados Unidos desde Canadá a Groenlandia.
La competencia económica de China en Latinoamérica es entendida como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, más aún cuando las relaciones de comercio y financieras de muchos países del subcontinente se han desplazado hacia China y tienden a mirar cada vez más hacia allá.
Más de 20 países de Latinoamérica han adherido a los acuerdos de la llamada Ruta de la Seda, la inversión China en recursos energéticos y materias primas han crecido geométricamente en este siglo, lo mismo que las importaciones de productos manufacturados y de alta tecnología; también tiene un papel creciente el crédito que viene sustituyendo las fuentes tradicionales controladas por los Estados Unidos. Esta relación impone retos a Latinoamérica ante los riesgos de reprimarización y también por el paso a nuevas disputas de poder entre potencias.
Semejante realidad de cambios viene operando dentro de los códigos de la globalización y de las reglas de mercado promovidas por Estados Unidos pero que se le han salido de las manos en el mismo juego de la globalización capitalista y neoliberal. Así que ante el fracaso de los instrumentos de hegemonía continental que operaron durante el Siglo XX, se recurre ahora en nuevos términos a los instrumentos militares reforzados con ideologías ultraconservadoras y a la combinación de doctrinas para las guerras tecno multidimensionales o híbridas. Allí se redefine el lugar a la guerra contra el narcoterrorismo y contra amenazas extracontinentales.
La doctrina de la guerra MAGA se está revelando como una amalgama de guerras a las que ahora el gobierno de Trump le agrega la “guerra interna” contra los inmigrantes que considera invasores. Con ese concepto el presidente de los Estados Unidos pretende militarizar ciudades para perseguir inmigrantes y la presencia de redes criminales.
Según los análisis de seguridad del Departamento de Estado de ese país, la distribución de fentanilo, opiáceos y cocaína es realizada en las ciudades principalmente por carteles mexicanos, como lo describe el mencionado informe de la DEA (NTDA, 2025). Con ese argumento alegan que el tráfico de sustancias psicoactivas es parte de una estrategia promovida desde China, Venezuela y otros que atentan contra la seguridad interna y hemisférica. Así se cierra otra vez el círculo de un sofisma que pasa por la militarización interna y el alineamiento de las fuerzas armadas con ideologías racistas, patriarcales y supuestamente anti Woke.
La descertificación y los condicionamientos a los países que se incluyen en la lista de la determinación presidencial (DP, 2025) se proponen reforzar los instrumentos de injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de seguridad de los países y fortalecer la idea de seguridad continental en un panorama de guerras y quiebra del orden internacional y del multilateralismo.
El despliegue del Comando Sur en el Caribe y frente a las costas de Venezuela, no solo tiene como objetivo el régimen de Maduro y buscar condiciones para contrarrestar la presencia de Rusia y China en la disputa por las reservas de petróleo. Es un posicionamiento frente a los Estados Caribeños y centroamericanos que, a nombre de la guerra al narcoterrorismo, busca presionarlos para mayor alineamiento con la estrategia de seguridad y de contención económica y de posibles convenios con China y Rusia. Bombardear lanchas con civiles y narcotráfico es solo una muestra de la normalización de la guerra a muerte y del ejercicio del poder sin sujeción a ley alguna.
La reunión de la CELAC en Pekín realizada en mayo de 2025 fue registrada en el Pentágono como un acto hostil y no menos preocupante aparece la influencia de los BRICS, con Brasil a la cabeza, y la apertura de nuevas líneas de crédito chino que superan los US$9.000 millones. Se suman a los US$120.000 millones de los préstamos acumulados desde 2001, el 50% de ellos a Venezuela. El avance de China en Latinoamérica ha sido notable desde principios de siglo y va acompañado de la ruptura de relaciones con Taiwán por parte de los países de la Ruta de la Seda y de quienes llegan a fuertes acuerdos económicos (Roy D, 2025)
¿Guerra multidimensional para un mundo unipolar?
Todo ese juego de interés y de cambios en las relaciones económicas y diplomáticas en la fase de recomposición de hegemonías podría entenderse como parte del tránsito del mundo unipolar que emergió con el colapso de la Unión Soviética, a un mundo multipolar basado en reglas para el manejo pacifico de los conflictos por intereses entre potencias, corporaciones y Estados. Pero como se está viendo en las guerras proxy, como en Ucrania, o en la guerra de genocidio en Gaza y Palestina, la competencia de mercados está cada vez más atravesada por las acciones de fuerza, sean militares, de bloqueos y de formación de bloques de poder y negociación.
En ese panorama, las relaciones de Colombia con Estados Unidos están en crisis por la resistencia del gobierno de Petro de someterse a la lógica de la guerra antidrogas y antinarcoterrorista y por la defensa de principios de soberanía, no intervención y multilateralismo que son constitutivos de las Naciones Unidas y fundamento del orden mundial basado en los derechos humanos y en la autodeterminación. La autonomía y no alineamiento chocan en las actuales condiciones con los imperativos de la geopolítica de la administración Trump o de la OTAN.
Separar la política sobre drogas de la guerra por hegemonías
Todas estas consideraciones no le disminuyen la importancia que tiene para Colombia el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales que se lucran del negocio del narcotráfico en diversos eslabones de la cadena. Tampoco se niega la pertinencia de la cooperación entre países, incluido Estado Unidos, para enfrentar organizaciones transnacionales del narcotráfico y otros. Lo que se pone en cuestión es la subordinación de Colombia a guerras por hegemonía y el enfoque de esa guerra antinarcoterrorista que se dirige contra el campesino cultivador de coca y es funcional a los intereses de los grandes traficantes y lavadores de activos en el sistema financiero mundial.
Además de la necesidad de enfrentar a las mafias y grupos armados aliados del narcotráfico, en Colombia tenemos un difícil escenario para promover alternativas a la guerra antidrogas, para afrontar el problema del consumo y oferta de sustancias con medidas de regulación para proteger la salud de las personas. En lugar de la guerra contra las drogas, se impone la regulación y avance contra los efectos perversos del prohibicionismo. Alianza con las poblaciones, incluidos los pequeños productores atrapados en la trampa de la coca y la pasta básica y fuerza legítima del Estado contra las organizaciones criminales y las armas al servicio del narcotráfico.
La alternativa a esa guerra de las drogas no excluye revisar y ajustar los convenios existentes para desarticular grupos criminales violentos y organizaciones criminales transnacionales, golpeando el tráfico de armas, el lavado de activos y la complicidad y corrupción de los poderes económicos, financieros y de agentes estatales en Estados Unidos y en Colombia. La interdicción y la sustitución de economías tienen aquí su papel táctico.
A Colombia le corresponde replantear y fortalecer políticas sobre drogas, incluyendo la regulación del consumo adulto de la marihuana y la definición de áreas permitidas para el cultivo limitado de coca y la producción lícita de derivados. Todo en el marco de estrategias de desarrollo sostenible, reforma agraria y fomento de la bioeconomía, la agroindustria y de la economía popular. En esta dirección se cuenta con lo definido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, suscrito en 2016 y la política sobre drogas y cultivos de uso ilícito del actual gobierno. Es un buen punto de partida para evaluar la implementación y hacer reformulaciones en un horizonte más amplio.
En lugar de esas prácticas de certificación y descertificación impuestas por Estados Unidos, sería más efectivo acordar formas de colaboración y corresponsabilidad que establezcan claras obligaciones y metas en Estados Unidos y en instancias multilaterales.
Referencias
DEA NDTA, 2025. https://www.dea.gov/sites/default/files/2025-07/2025NationalDrugThreatAssessment.pdf
Roy, D, 2025. https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri
InsightCrime, 2025. https://insightcrime.org/es/noticias/acusan-presidente-ecuador-vinculos-con-narcotrafico/
Rubio M, 2025. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/secretary-rubios-travel-to-mexico-and-ecuador/
